Por Germán H. Reyes R.
Organizaciones de derechos humanos y las principales centrales obreras se disponen a impugnar el Programa Nacional de Empleo por Horas que aprobó el Congreso hace más de dos años.
Ellos aseguran que el programa de empleo temporal golpea los intereses de la clase trabajadora.
“Esa ley lesiona la dignidad de los trabajadores”, dijo el secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), José Luis Baquedano.
Indicó que el programa de trabajo temporal o por hora también pone en precario el empleo y viola la legislación nacional y convenios internacionales.
Explotación inhumana
Para el líder sindical, el programa significa una explotación inhumana y “y no podemos quedarnos con los brazos cruzados”, indicó.
Baquedano señaló que los empresarios han despedido gran cantidad de obreros permanentes para contratarlos de nuevo bajo el régimen de empleo temporal.
Señaló que la mayoría de los casos se han presentado en los negocios de comida rápida.
“Y ellos fueron recontratados a medio tiempo en una clara violación al Código del Trabajo, a la Constitución y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo”, subrayó.
Call center y comidas rápidas
Evangelina Argueta, representante de la Central General de Trabajadores de Honduras (CGT), en la costa norte, afirmó que el programa ha legalizado las anomalías que cometen desde hace tiempo algunas empresas.
Señaló que la mayoría de los empleados bajo el sistema de empleo temporal se encuentran en los centros de llamadas o call center y restaurantes de comida rápida, donde permanecen ocho horas con el mismo salario de los trabajadores permanentes.
“Solo que al cumplir tres meses, les dicen que su contrato es por horas, que ya se terminó y que no tienen derechos”, afirmó la dirigente obrera.
Lamentó que el Ministerio del Trabajo no ha establecido un sistema de vigilancia capaz de revertir las anomalías.
Argueta centra su labor en el respeto de los derechos laborales en las fábricas maquiladoras, donde según ella los trabajadores no han sido afectados masivamente.
“No podemos decir que en la maquila no hay casos, si hay, pero no como se da en otros sectores económicos donde se realizan despidos masivos para contratar empleados por hora”, indicó.
Pérdida de derechos
Argueta dijo que la estabilidad laboral, la seguridad social y la organización sindical son parte de los derechos fundamentales que pierden los trabajadores con el este sistema.
Al perder la estabilidad laboral los trabajadores también pierden el derecho a vacaciones, bono escolar y los salarios del decimotercer mes y aguinaldo. Tampoco reciben los beneficios de vivienda del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).
Sólo en la cuota patronal que los empleadores pagarían al sistema de seguridad social y al RAP en detrimento de sus trabajadores, los empresarios se ahorran millonarias cantidades de dinero.
El director regional del trabajo en San Pedro Sula, Norman Portillo, afirmó que tras el golpe de Estado de junio de 2009 centenares de empresas cerraron sus puertas en Honduras.
“Por eso, el Congreso actuó y adoptó medidas, como el programa de trabajo por hora, para combatir el desempleo masivo”, sostuvo.
Informó que el 98% del programa lo utiliza la pequeña y mediana empresa y sólo el 2% corresponde a trabajadores contratados las grandes compañías.
Según él para finales de este año bajo este sistema estarán empleados 190 mil hondureños, de los cuales 72 mil serán de San Pedro Sula.
El empleo por hora lo aprobó el Congreso el 4 de noviembre de 2010 en medio de protestas de grupos de obreros, estudiantes y maestros. Tiene una vigencia de 36 meses, es decir que vence en noviembre de 2013.
El presidente del Congreso Nacional y candidato presidencial del oficialista Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, ha anunciado su intención de convertirlo en permanente.
El presidente del Congreso Nacional ha demostrado capacidad para reunir los votos necesarios hasta para reformas constitucionales y no se descarta que si él se lo propone pueda lograr la aprobación un decreto que vuelva permanente el trabajo por hora.
Además, nadie desconoce el poder que el presidente de la asamblea legislativa mantiene sobre la Corte Suprema de Justicia y que cualquier recurso de inconstitucionalidad que llegue, va a ser declarado sin lugar.
“No se garantiza ni tan siquiera que lo lean, porque ese hombre puso la gente que necesita a su servicio”, dijo Evangelina Argueta.
Argueta se refirió así, en alusión al presidente del Congreso, quien hace varias semanas impulsó la destitución de 4 magistrados que habían declarado inconstitucionales varios decretos legislativos.
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