Adecentar la gestión pública

Tiempo 

Por Efrén D. Falcón

“En un país empobrecido y endeudado no deja de ser paradójico 

que la mayor fuente de riqueza —para unos pocos— sea el mismo Estado.”

Indalecio Tuna Trauber

Toda esta semana he estado preguntándome si realmente habrá manera de cambiar la altísima incidencia de la corrupción en la vida de nuestro país. Y cuando se habla de corrupción no puede dejarse de hablar de impunidad. No podemos negar que los hondureños estamos sumamente familiarizados con la corrupción y con la impunidad; forma parte de nuestras vidas: observamos, aceptamos, permitimos y participamos de todo tipo de actos de corrupción, y celebramos la impunidad con nuestros actos, especialmente por omisión. No es un tema de permisividad legal, o de falta de instituciones encargadas de cuidar por la correcta aplicación de la norma. Es un tema muy complejo, y cuyo origen seguramente habría que investigarlo tan atrás como en los tiempos de la fundación de las primeros poblados por los conquistadores españoles —aislados del mundo por nuestra geografía—, en los territorios que en el futuro se convertirían en Honduras [por cierto, ¡que perturbador nombre para un país!].

Así como la pobreza —el 67 % de la población nacional lucha bajo la línea de la pobreza—, la corrupción es el pan nuestro de cada día. Si la impunidad legal es grave, podría ser más grave aún la impunidad pública. Por nuestro país se pasean como grandes señores personajes cuyo enriquecimiento simplemente no pudo haber sido logrado de manera honesta; hay ejemplos para llenar un directorio telefónico. Pero aún más peligrosos que los nuevos ricos —por obra y gracia de puestos públicos— son los personajes que bajo el rótulo de empresarios han amasado fabulosas fortunas a costa del Estado: la profusión de los métodos denuncia una creatividad muy aguda para asaltar el tesoro público: el menú es gigantesco, y va desde contratos —a todas luces leoninos— debidamente aprobados por el poder legislativo; hasta la creación de leyes específicas destinadas a favorecer determinados negocios. Por supuesto, la modalidad de “fraude legal” es la más apetecida, porque sin importar la cuantía y el alcance del latrocinio, se cuenta con un blindaje legal por los siglos de los siglos. Como proveedor, es difícil obtener un contrato con una entidad estatal o municipal sin tener que recurrir a prácticas ilegales e inmorales. El sistema ha sido diseñado —basado en el clientelismo político— para que todos salgan satisfechos de la operación, al fin y al cabo son fondos del Estado, es el dinero de todos, es decir: no es de nadie. Y para colmo, todos estos personajes —para que la ecuación resulte perfecta— siempre encuentran la manera de evadir gran parte desus compromisos con el fisco, de manera que no tengan ellos mismos que caer en el absurdo de pagar por lo que ellos mismos han robado.

Impunidad: factor multiplicador

Pero sea el fraude pequeño o grande, a la hacienda pública o a la propiedad privada, soborno o comisión, agradecimiento o propina pa’ los chicles, hay todo una elaboración mental que protege la salud mental de los transgresores de la ley y de los que se enriquecen legalmente al manipular la ley y las instituciones de derecho público. Pobrecito el honorable empresario que tiene que tratar con políticos de la más baja calaña, e invertir en política para poder generar puestos de trabajo y desarrollo. Pobre del ocupadísimo ejecutivo que se pasa el semáforo en rojo —poniendo en peligro mortal a terceros— y se ve obligado a sobornar al chepito para no tener que perder su valioso tiempo en babosadas. Pobrecillo el ciudadano, que para no perder toda la tarde de trabajo tiene que pagarle a un gandul para que le “agilice” un trámite en una oficina pública. Qué sentirá un inversionista de otras latitudes menos borrascosas cuando para obtener una licencia de construcción, para el caso, encuentra que no le queda más remedio que sobornar a fulano, a mengano y a zutano.  

Está visto que en un país que se jacta de ser religioso la hipocresía y la doble moral tienen que ser muy grandes para que estemos listados en el puesto 133 [de 174], entre el 25 % que aglutina a los países más corruptos del mundo, y el cuarto más corrupto del continente americano, según el Índice de Percepción de la Corrupción publicado en 2012 por Transparencia Internacional.

¿Quiénes serán los ministros del próximo gobierno?

Y volviendo a la pregunta inicial, quizá no existe una respuesta clara. La corrupción está tan extendida que las personas honestas dispuestas a combatir la corrupción —al menos en el ambiente en que se desenvuelven— son consideradas algo así como anomalías sociales, especialmente en la política; sin embargo, no es aventurado afirmar que existen miles de hondureños honestos que representan una esperanza; la idea de que aún es posible adecentar la gestión pública, de que a pesar de la monumental corrupción que domina el quehacer político no todo está perdido.Tenemos que exigir a los partidos políticos que se disputarán la administración pública el próximo mes de noviembre que publiquen los nombres de los nominados para convertirse en funcionarios clave del próximo gobierno. No podemos seguir permitiendo las negociaciones bajo la mesa y la improvisación. Exijamos decencia, señalemos al deshonesto, y demos el ejemplo con nuestros actos. Amén.