El informe de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP) sobre la evaluación del funcionamiento de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, entregado al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y a la Fiscalía General, no deja lugar a duda sobre la situación anárquica y “el pobre desempeño institucional” de esta dependencia especial.
Las conclusiones, recomendaciones y propuestas resultantes de este informe --un trabajo realizado, dicho sea esto de paso, por expertos en la materia independientes--, no dejan lugar a dudas acerca de la falta de transparencia en esa entidad del Estado, sugerente de un elevado nivel de corrupción, que pudiera implicar a todo el organismo del Ministerio Público.
Entre las varias propuestas destaca, por ejemplo, la enfilada a la destitución del fiscal Henry Alvarado, bajo cuyo desempeño, dice el informe: “Se detectó notorios y abundantes señalamientos hacia el fiscal especial y la propia Fiscalía, relacionados con irregularidades, arbitrariedades, abusos de poder, negligencia e intransigencia”.
Ante el conocimiento de esta situación, debidamente documentada, corresponde al Tribunal Superior de Cuentas la acción correspondiente, lo mismo que a las demás instancias relacionadas con la lucha anticorrupción y la afirmación de un proceso de transparencia en la administración pública y en las relaciones entre el sector público y el sector privado.
En las mediciones periódicas a nivel mundial sobre la corrupción, aparece Honduras con el deplorable puntaje de 2.8 en relación a 10. Es, como podemos apreciar, un indicador de la gravedad de este problema en nuestro país, que fue creciendo por la actitud colectiva permisiva, derivada de la lenidad en la aplicación de las leyes y en el deterioro de la educación cívica y la falta de afirmación de los valores éticos y morales.
De ahí lo dicho, por representantes de Transparencia Internacional (TI) a este respecto, que en Honduras hay una “hiper-corrupción” similar a la de algunos países africanos que figuran entre los que se consideran como estados fallidos”. Se calcula que, mediante el saqueo del 25 por ciento del presupuesto nacional, en Honduras –mejor dicho los hondureños—perdemos anualmente 40 mil millones de lempiras.
Es evidente que la evaluación realizada por iniciativa de la CRSP sobre la Fiscalía Especial Contra la Corrupción se inscribe en el esfuerzo para dar transparencia a la administración pública y fortalecer las instituciones obligadas a combatir la corrupción.
En ese sentido, se da una respuesta a lo indicado por Transparencia Internacional de que, en Honduras, para remover los obstáculos que entorpecen la lucha contra la corrupción, es indispensable “construir una buena investigación”. Y esto debe ser así, se agrega, porque “no hay ministerios públicos efectivos, los organismos de justicia e instituciones de seguridad están infiltrados de corrupción y de crimen organizado. Es decir, se está fallando en todo”.
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