A pesar de que casi toda Guatemala ignora la realidad del resto de Centroamérica, es un lugar común repetir que Honduras es el país más violento del mundo. Y aunque cada vez más hay más asesinatos (90 por cada 100 mil habitantes, el triple que nuestro país), esa visión es radicalmente incompleta. Honduras parece haberse caído al despeñadero y sus élites no hacen sino agravar el problema.
El golpe de Estado en Honduras que en 2009 patrocinaron las élites económicas y políticas, los militares y los conservadores estadounidenses no sólo arruinó buena parte del capital democrático del país, sino comenzó a instalar un autoritarismo de extrema derecha que es una pesadilla para sus ciudadanos y se ha convertido en un paraíso para el crimen organizado.
Reportes de instituciones internacionales dan cuenta de la violencia contra activistas democráticos, corrupción y licencia para aterrizajes de avionetas con droga con más intensidad desde el gobierno de facto de Roberto Micheletti. Y la situación se ha mantenido en la misma dirección bajo la administración ejecutiva y legislativa del Partido Nacional, de Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández, respectivamente.
Durante el último año, los Partidos Nacional y Liberal, las dos agrupaciones decimonónicas con pensamiento decimonónico de Honduras, intentaron aprobar una ley para entregar a empresarios la administración, el gobierno, literalmente, de regiones estratégicas del país. Con sus propias leyes, autoridades, impuestos, policías y política exterior. Ciudades modelo las llamaron. Abogados y activistas interpusieron un recurso de inconstitucionalidad que les valió dos asesinatos y el rechazo a la iniciativa por parte de la Corte.
Y a los magistrados de la Corte les valió que el Congreso, liderado por el Partido Nacional, les despidiera, en una clara inconstitucionalidad. El Congreso, una vez más, aprobó la iniciativa y ahora Honduras contará con un enclave similar al de las plantaciones bananeras en el siglo XIX y en el siglo XX.
El Congreso hondureño, probablemente el más opaco de América Latina, legalizó también el despido presidencial si a los diputados no les parece su accionar, como sucedió con el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009.
Los políticos, que junto a los empresarios son los que ejercen el poder autoritariamente en Honduras, aprobaron también una ley de minería al antojo de las empresas extractivas y sin beneficios para las comunidades, cuidados para el medio ambiente o más ingresos estatales.
Esta política libertaria de no cobrar impuestos, o pretender que de esta manera atraerán inversiones sostenibles, ha provocado otro extremo: el Estado hondureño lleva seis meses sin pagar a maestros y no tiene fondos ni para pagar cámaras de seguridad, guantes o gasas en los hospitales o el servicio de radio entre los policías, como denunció el periodista Alberto Arce, corresponsal para AP y ex colaborador de Plaza Pública.
La irresponsabilidad económica y política no es el único de los males hondureños, pues su suelo parece haberse convertido en un paraíso para los narcotraficantes, a decir de las denuncias colombianas, estadounidenses y de Naciones Unidas que señalan que desde julio de 2009, Honduras se convirtió en la pista de aterrizaje para las avionetas con cocaína provenientes de Suramérica. Y para que los narcotraficantes se sientan más cómodos, el Congreso, liderado por Juan Orlando Hernández, del PN, se negó a aprobar una ley para permitir extradiciones a Estados Unidos.
El mayor problema es que estos dirigentes políticos quieren mantenerse en el poder. El candidato del golpista Roberto Micheletti ganó las primarias del Partido Liberal y Juan Orlando Hernández ganó las del Partido Nacional –con señalamientos de fraude por parte de su correligionario competidor–. Y es muy improbable que alguno de estos dos partidos sea creíble cuando afirma que habrán elecciones libres entre ambos partidos y el Partido Libertad y Refundación, que postula a Xiomara de Zelaya, esposa del ex presidente. Los hondureños mismos, según un sondeo de opinión del Espacio de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y la Universidad Centroamericana de El Salvador, tampoco creen que vayan a haber elecciones transparentes. Sólo 25 por ciento tiene alguna o mucha confianza en el proceso electoral de finales de este año.
Guatemala, si bien cuenta con su propia lista de problemas, no puede permanecer indiferente ante el despeñadero en el que se encuentra su hermana Honduras, pues nadie más en el mundo le pone atención –más que los recalcitrantes republicanos estadounidenses y los narcos colombianos–. Debemos llamar a involucrarse a América Latina, Estados Unidos y Europa en su rescate. Por los hondureños y por Centroamérica, debemos ayudar a Honduras a dejar de ser un Estado fallido.
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