ADITAL
Por Rogéria Araujo
Incluso con una clara oposición de la población hondureña, la Ley de Minería fue aprobada el último 23 de enero y sigue generando polémica entre las organizaciones que lucharon y resistieron su aprobación.
En el contexto latinoamericano la industria minera viene destruyendo poblaciones y aumentando los conflictos en los pueblos originarios.
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) –que sigue casos criminales en países como Chile y Argentina– afirmó, ante la aprobación, que la oposición a esta industria ha crecido considerablemente dado que el pueblo es conciente de que estos tipos de inversiones agreden el patrimonio natural de las poblaciones vulnerables.
"Esta actividad no respeta derechos, destruye la base de subsistencia de las personas e inhibe las posibilidades del buen vivir de las comunidades en sus territorios. Cada nuevo proyecto minero viene, sin duda, acompañado por un conflicto con las comunidades donde los gobiernos se alinean con las empresas transnacionales”, destaca el Observatorio.
En relación con esto, los números son muy expresivos. Según la base de datos del OCMAL los conflictos mineros en la región latinoamericana llegan a 120 y ocurren en 15 países.
En el caso de Honduras la cuestión no será diferente. Como un país que continúa bajo los efectos de un golpe de estado instaurado en 2009, la economía sigue oscilante y la coyuntura política se encamina a prácticas de gobiernos neoliberales que ven en el enlace con las grandes empresas transnacionales la solución de sus crisis.
"Esta ley constituye un enorme retroceso en la protección ambiental y social de Honduras y es un reflejo de los poderes de hecho y económicos que rigen los destinos del país contra la voluntad y los verdaderos intereses de la mayoría de los habitantes que quieren un desarrollo sustentable y con igualdad para toda la población, especialmente las más vulnerables”, se afirma en el comunicado.
El Observatorio agrega que existe una atención especial de toda América Latina orientada hacia Honduras y de solidaridad con su población. Los movimientos organizados están listos para denunciar cualquier acción que atente contra la seguridad personal, social y ambiental de esta población.
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