Por Hugo Noé Pino
La consistencia es definida por los diccionarios como la “unión y relación adecuada de todas las partes que forman un todo”. En el ámbito de la administración pública la consistencia de las políticas públicas consiste en que éstas actúen coordinadamente para alcanzar objetivos claramente establecidos. Sin embargo, lo que actualmente refleja las políticas del gobierno actual es muy distinto.
Por una parte, se estableció un programa económico, refrendado con un acuerdo con el FMI, cuyos objetivos principales eran el establecimiento de controles estrictos del gasto, el aumento de los ingresos en un 2.5% del PIB para el 2012, y como resultado, alcanzar una senda sostenible de deuda pública. Desde mediados del año pasado, el FMI se dio cuenta que todo iba en la dirección contraria.
De un déficit del gobierno central de 6.2% del PIB en 2009 se había disminuido a 4.6% en el 2011; sin embargo, el déficit del 2012 alcanza nuevamente el 6% del PIB y su proyección para el 2013, bajo las mejoras condiciones, es de 4.5% del PIB. El mismo programa establecía que los ingresos tributarios mejorarían entre 1.5% y 2.5% del PIB para 2012, pero para este año su aumento es de apenas 0.4% del PIB en comparación con 2009, pese a múltiples ajustes fiscales. Otro de los objetivos del programa económico fue el mejorar los resultados financieros de las empresas públicas, lo que tampoco se logró, agudizándose más bien sus pérdidas, como en el caso específico de la ENEE. Estas empresas han sido “las responsables” de los malos resultados del gobierno y por ello sus presupuestos no han sido aprobados, sino presentan programas de ajustes.
Desde el punto de vista de ingresos se establecieron dos pilares que los aumentarían sustancialmente; el primero, las reformas fiscales que tenían como objetivo principal ampliar la base tributaria, pero como vimos no se cumplió. Tampoco se pudo mejorar la administración tributaria, aún con la serie de asesorías técnicas bilaterales y multilaterales porque siempre se impuso la falta de capacidad en su dirección o las presiones de tipo político. Al final de gobierno se termina interviniendo las DEI, sin resultados hasta ahora visibles.
Por el lado de los gastos se dejó que los diferentes ministerios hicieran los que quisieran sin asignaciones presupuestarias y es hasta tres años después que se habla de controles estrictos. Tampoco se tuvo un tratamiento consistente de la deuda interna y dejo que ésta creciera hasta llegar a niveles que cada vez son más insostenibles, pasando de trece mil millones de lempiras a finales de 2008 a más de sesenta mil en el 2012. Lo anterior significa que los pagos por intereses sobre deuda interna son cada vez mayores, llegando a representar, junto con los intereses de la deuda externa, el segundo rubro más grande de gasto público, después de educación.
Los problemas del gasto público no se refieren únicamente a su nivel, sino también a su eficacia y eficiencia. La proliferación de programas sociales con grandes cantidades de dinero y sin ninguna coordinación entre sí, como los gastos del Ministerio de Desarrollo Social, FHIS, PRAF, Ministerio de la Presidencias, Presidencia de la República y otros, nos muestran estructuras administrativas paralelas y competitivas en áreas que podrían estar en una sola unidad, el Ministerio de Desarrollo Social, pero que al actuar separadamente se pierde la consistencia de la política pública y terminan convirtiéndose en feudos de poder político dentro de la administración pública.
Pero donde más llama la atención la forma de abordar los problemas es en las empresas públicas. Uno escucha a funcionarios públicos que se refieren a ellas y encuentra un tipo de “fetichismo” increíble: “las empresas públicas son las causantes de los problemas del déficit fiscal”, “las empresas públicas deberán de presentar sus programas de ajuste en 60 días”, “las empresas públicas deberían ser privatizadas”, etc. Como si las empresas públicas no tuvieran gerentes que las dirigen, ni juntas directivas, ni Presidente de la República que nombra a los gerentes o los miembros de la junta directiva. Hablar así de las empresas públicas, es reconocer en el fondo, los fracasos de las políticas públicas en el manejo de estas empresas.
Ante la falta de una visión de lo que debe hacer el Estado en materia de consistencia de políticas públicas, lo que queda es abrir y regalar el país en pedacitos a la inversión extranjera para que sea ella la que supuestamente cubra las deficiencias y actual bancarrota del Estado hondureño. Pero hasta en esto hay fuertes inconsistencias, porque por un lado se busca revisar las exoneraciones fiscales para reducirlas, por otro se abre la puerta para aumentarlas en proyectos desconocidos, por lo menos para la mayor parte de la sociedad.
De continuar estas políticas antojadizas y absurdas, escaso progreso social y económico pueden esperar la mayoría del pueblo hondureño en los próximos años.
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