Por Marvin Palacios
Hank Johnson
Más de 50 congresistas demócratas de Estados Unidos firmaron una carta dirigida al Secretario de Estado John Kerry y al Fiscal General Eric Holder en la que demandan una investigación sobre supuestos abusos cometidos por fuerzas de seguridad hondureñas y el posible papel jugado por agentes de la Drug Enforcement Agency (DEA) en un incidente que resultó en la trágica muerte de cuatro indígenas miskitos en la comunidad de Paptalya, municipio de Ahúas, departamento de Gracias a Dios, en el noreste de Honduras.
La carta enviada el 30 de enero de este año, fue liderada por el congresista del distrito 4 del estado de Georgia, Hank Johnson y firmada por 57 representantes demócratas del Congreso de Estados Unidos, en donde instan al gobierno estadounidense a que “avance con una investigación completa para determinar exactamente lo que ocurrió y qué papel fue jugado por agentes de Estado Unidos,” ya que “investigaciones oficiales sobre el tema han sido perfunctorias y profundamente falladas”.
Sobre el caso, una delegación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) visitó la zona del ataque del 20 al 24 de mayo del año pasado para documentar los hechos, entrevistar a las familias, a los sobrevivientes y obtener la representación legal de los familiares de las víctimas.
Durante las diligencias jurídicas el Cofadeh ha encontrado obstáculos por parte del Ministerio Público de Honduras que declaró las investigaciones “en secretividad”, negándole el derecho que tiene en su condición de representante de las víctimas.
En el área de acceso a justicia del Cofadeh se informó que las procuradoras de derechos humanos sólo habían podido ver el testimonio de las víctimas, pero el resto de investigaciones y acciones emprendidas por el Ministerio Público fueron extraídas del expediente.
Al respecto, la Coordinadora General del Cofadeh, Bertha Oliva, expresó que “el Ministerio Público sigue cometiendo atropellos al debido proceso, él debería ser el garante para permitir que las partes miren el expediente, que esté a la vista y que no sea un ´expediente especial´ en una determinada fiscalía pero manejado por la Coordinadora de Fiscales o por el Fiscal General, porque eso indica que hay un interés de minimizar el daño causado”.
Oliva indicó que esto aleja la posibilidad de iniciar el proceso para reparar a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes y más se ve orientado en justificar y dar una rendición de cuentas no a las víctimas, no a la comunidad miskita, ni a los familiares, sino directamente a Estados Unidos.
“Imagínese que el informe que dio con eficacia al Departamento de Estado de Estados Unidos, el Fiscal General Luis Alberto Rubí, pone con nombres y apellidos a los militares y policías que estuvieron en ese operativo, pero no descarta ni coloca los nombres de los agentes de la DEA que estuvo comandando el operativo y no destaca para nada y que se ha tratado de borrar es que lo que utilizaron ahí fueron armas de guerra, por eso el tratamiento de las víctimas ha sido tan difícil porque aquí en los hospitales públicos no hay medicamentos para dar un tratamiento eficaz”, detalló la Coordinadora del Cofadeh.
En el oficio FGR N.222-09-2012, el Fiscal General Luis Alberto Rubí envío un informe a la Secretaria de Asuntos Globales del Departamento de Estado de Estados Unidos, María Otero con fecha 12 de septiembre de 2012 (cinco meses después del ataque) en donde le brinda detalles de la operación militar antidrogas que involucró a agentes de la DEA y a efectivos policiales y militares hondureños.
El Informe sólo detalla los nombres de los policías y militares hondureños que participaron en el operativo, no así de los agentes de la DEA. En la operación se utilizaron 4 helicópteros UH1-HII que se desplazaron desde una base militar en Gracias a Dios hasta Ahúas, equipados con ametralladoras M240 calibre 7.62 X 51.
Dicha acción fue ejecutada por 10 efectivos del Equipo de Respuesta Táctico (Team Response Tactical) y Fast de la DEA, 13 agentes antinarcóticos de Honduras, 8 pilotos y 6 artilleros pertenecientes a la policía hondureña y soldados de la Fuerza de Tarea.
El Informe da cuenta que los helicópteros fueron atacados desde el pipante en el que se transportaban los pobladores miskitos, sin embargo testimonios y evidencias de los sobrevivientes rechazan estos señalamientos, al sostener que la gente que se transportaba en el pipante no estaba armada y que lo único que llevaban eran enseres domésticos, granos básicos y ropa.
Cabe señalar que ante la indiferencia mostrada por el Estado de Honduras, en este caso de la Secretaría de las Etnias, la Fiscalía del Menor y la Secretaría de Derechos Humanos, entre3 otras, el Cofadeh ha corrido con los gastos de transporte, alimentación, alojamiento y cuidados médicos para dos de los sobrevivientes de Ahúas.
Se trata del niño Wilmer Walter Lucas (15) a quien un disparo le destruyó los tejidos de su mano izquierda y del joven Lucio Nelson que sufrió heridas de gravedad en su costado y antebrazo derecho a la altura del codo. Los sobrevivientes relataron que recibieron ráfagas de disparos desde los helicópteros, situación que obligó a varios de ellos a lanzarse al río para salvar sus vidas.
En el ataque murieron Juana Jackson, Candelaria Trapp (ambas en estado de embarazo), Emerson Martínez y el niño Hasked Brook Wood y resultaron con heridas severas Hilda Lezama, Lucio Nelson, Wilmer Walter Lucas, Melanio Olopio.
“La gente que murió ahí era el sostén de su familia y no se ha hecho absolutamente nada, me parece que en esa línea, esta carta que han enviado los congresistas a John Kerry es importantísima, porque por un lado demuestran y reflejan su preocupación por los operativos que se están llevando a cabo en Honduras que violentan y contradicen el respeto a los derechos humanos y en nombre del combate al narcotráfico no se puede estar matando a la gente inclusive ni a los que ellos dicen que son narcotraficantes, porque tienen derecho a un debido proceso”, explicó Oliva.
Nuevamente esta el caso Ahúas en el tapete de la discusión y eso indica que deben de admitir ya la responsabilidad directa, que “la embajada (Estados Unidos en Honduras) deje de estar metiendo las manos en el avance del proceso, que se haga una investigación y que ponga más bien a disposición a la gente de la DEA que comandaba y que disparó irresponsablemente”.
Ahúas en el tapete de la discusión
En vista que sobre el ataque en Ahúas se han publicado una serie de distorsiones para confundir, Oliva dijo que no se puede encontrar justicia en base a mentiras y a manipulación de hechos con saldos tan trágicos como el asesinato de mujeres embarazadas que eso fue un ingrediente que en un inicio han tratado de borrar, pero el punto no es si las mujeres estaban embarazadas o no, el punto es que tienen que responder por las víctimas que ahí se produjeron, sostuvo la reconocida defensora de derechos humanos.
La carta enviada al Secretario de Estado John Kerry fue liderada por el congresista del distrito 4 del estado de Georgia, Hank Johnson y firmada por 57 representantes demócratas del Congreso de Estados Unidos, en donde instan al gobierno estadounidense a que “avance con una investigación completa para determinar exactamente lo que ocurrió y qué papel fue jugado por agentes de Estado Unidos,” ya que “investigaciones oficiales sobre el tema han sido perfunctorias y profundamente falladas.”
También hicieron saber su preocupación en cuanto a la situación de derechos humanos que viene empeorando para comunidades afro-indígenas desde el golpe militar de junio de 2009 en Honduras. Estas comunidades han sido fuertemente golpeadas por violencia relacionada al tráfico de drogas y a la guerra anti-droga en Honduras apoyada por Estados Unidos.
“La tasa de impunidad en los casos donde las fuerzas de seguridad del Estado han cometido presuntos abusos se ha elevado a niveles sin precedentes. ---“ y consecuentemente, se les recomienda hacer “una evaluación de las operaciones en contra del narcotráfico realizadas por el Gobierno de EE.UU. en Honduras, teniendo en cuenta las condiciones singulares y la alta vulnerabilidad de las comunidades afro-indígenas“, dice la carta.
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