Por Paul Craig Robert
En el Siglo XXI los estadounidenses han presenciado un extraordinario colapso en el imperio de la ley y en sus protecciones constitucionales. Actualmente los ciudadanos estadounidenses, que otrora eran gente libre protegida por la ley, pueden ser asesinados o detenidos indefinidamente en prisión sin que se presente evidencia alguna de su culpa a un tribunal, y pueden ser sentenciados a prisión sobre la base de testimonios secretos de testigos anónimos que no son sometidos a contrainterrogatorio. El “sistema de justicia” de EE.UU. ha sido transformado por el régimen de Bush/Obama en el “sistema de justicia” de la Alemania de la Gestapo o de Rusia estalinista. No hay ninguna diferencia.
En un artículo disponible aquí : Stephen Downs, ex Abogado Jefe en la Comisión de Conducta Judicial del Estado de Nueva York, y Kathy Manley, abogada defensora penal y miembro de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, informan sobre cómo el gobierno de EE.UU. destruyó una obra benéfica, la Holy Land Foundation [Fundación Tierra Santa], que suministraba dinero para alimentar a los pobres y para construir escuelas y hospitales en Palestina.
La obra benéfica, consciente de los peligros de estar basada en EE.UU. y de hacer algo por los palestinos, se basó en el Departamento de Estado de EE.UU. y el Departamento de Justicia (sic) de EE.UU. para recibir orientación sobre cómo enviar ayuda humanitaria. La obra benéfica envió su ayuda a los mismos comités de ayuda en Palestina a los que la Agencia de Desarrollo Internacional de EE.UU. [USAID] y la ONU utilizaban para distribuir ayuda a los palestinos.
En el primer juicio contra la Fundación Tierra Santa, el gobierno de EE.UU. admitió que ninguna de las donaciones de la fundación había beneficiado a organizaciones terroristas, y los fiscales federales no lograron una condena. Por lo tanto los fiscales volvieron a enjuiciar a la obra benéfica.
En el segundo juicio, el juez permitió que los fiscales llamaran a un “experto anónimo” para que dijera al jurado que algunos de los comités utilizados por USAID y la ONU y aprobados por el Departamento de Estado eran controlados por Hamás, el gobierno elegido de Gaza que Israel exige que el gobierno de EE.UU. califique de “terrorista”.
Como señalan Downs y Manley, un “experto anónimo” no puede ser “cuestionado porque es desconocido”. No puede haber un contrainterrogatorio. El “experto” podría ser cualquier persona – alguien pagado para que mienta al jurado, un judío que cree que toda ayuda a palestinos incluye “ayuda a terroristas”, o un miembro del Mossad, el servicio de inteligencia israelí que ha infiltrado exhaustivamente EE.UU. según expertos de inteligencia estadounidenses.
Hay injusticias por doquier, admiten los autores, ¿por qué entonces el problema es interesante para todos? La respuesta es que la cláusula de debido proceso de la Constitución de EE.UU. requiere que las leyes penales den aviso justo en cuanto a qué conducta está prohibida. Según Downs y Manley, la Fundación Tierra Santa, siguió la lista de organizaciones terroristas designadas del Departamento de Estado y evitó todo contacto con organizaciones en la lista, pero fue acusada y condenada a pesar de ello. Eso nos dice que los fiscales federales son enconadamente corruptos y que los miembros de los jurados son tan ineptos e influenciados por la propaganda que son inútiles para los acusados.
La Corte Suprema de EE.UU. se negó a considerar este caso más flagrante de condena injusta. Al hacerlo, la Corte Suprema de EE.UU. estableció que la corte, como la Cámara de Representantes de EE.UU., el Senado de EE.UU., y el poder ejecutivo, no solo son sirvientes del Estado policial, sino también sirvientes de Israel y apoyan la destrucción de los palestinos al designar la ayuda a Palestina como un acto de terrorismo.
Lo que significa para vosotros es que vuestra participación en transacciones o asociaciones legales puede ser declarada ex post facto como participaciones criminales por testigos secretos. Así se puede ahora establecer el carácter criminal de vuestra conducta pasada, según Downs y Manley, por “expertos anónimos”, voceros de los fiscales del gobierno que no pueden “ser enfrentados o contrainterrogados dentro del significado de la 6ª Enmienda”.
Downs y Manley escriben: “Las implicaciones son enormes. El gobierno ahora puede criminalizar la ideología y la expresión política, religiosa y social. Se puede establecer posteriormente que donaciones a grupos por la paz, la participación en manifestaciones, la asistencia a la iglesia, la mezquita o la sinagoga, el agasajo de amigos, y el envío de material por Internet, por ejemplo, son considerados ilegales gracias a ‘asociaciones’, fabricadas por expertos anónimos, que supuestamente apoyan a organizaciones designadas como terroristas de las que nadie ha oído hablar.”
Los autores podrían haber agregado que si el gobierno te quiere coger, todo lo que tiene que hacer es declarar que alguien o alguna organización en algún momento en tu pasado estuvieron conectados de alguna manera indefinida con el terrorismo. Basta con la afirmación del gobierno. No se requiere prueba alguna. El jurado, de cerebros lavados, no te protegerá.
Preparaos para que dentro de uno o dos años se prohíba toda crítica de nuestro gobierno “de libertad y democracia”. En EE.UU., están a punto de exterminar la verdad.
* Paul Craig Roberts fue editor de The Wall Street Journal y secretario asistente del Secretario del Tesoro estadounidense. Es autor de How The Economy Was Lost, publicado por CounterPunch/AK Press. Su último libro es Economies in Collapse: The Failure of Globalism, publicado en Europa en junio de 2012.
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