Por la forma en que se está manejando el problema de la salud pública en nuestro país, lo que se proyecta es el caos mediante la destrucción del sistema, establecido exitosamente a lo largo de muchos años, e incluso ejemplar en el contexto latinoamericano y los países del tercer mundo.
Esto indica que el problema actual no es de sistema sino de las personas encargadas de administrarlo, cuyo nombramiento, en términos generales, obedece al clientelismo partidario y al desconocimiento en los altos niveles políticos del sistema de salud pública y las responsabilidades de gestión que ello implica.
Ocurre que en esta administración tomó mayor agresividad, por así decirlo, el proyecto de privatización de los servicios de salud pública, que, desde las tres administraciones anteriores, por presión internacional, se ha tratado de imponer en función de la corriente de extrema reducción del Estado en la protección social y la promoción del bienestar colectivo.
Eso se advierte, a primera vista, en la forma en que últimamente se propone el gobierno implementar el modelo de gestión de salud descentralizado, modificando la estructura de las regiones sanitarias para que éstas puedan hacer contrataciones directas, desligadas de la administración central, precisamente para facilitar la contratación de ONG’s que, a su vez, contratan personal fuera del sistema y de la administración del Estado.
Es presumible que esa clase de contrataciones, al margen de las normas administrativas estatales, da lugar a la corrupción, puesto que conduce a su traducción en negocios privados en tanto se le quita al Estado la potestad de contratación. En esto cabe considerar el interés sobre la aplicación de 22 millones de dólares proporcionados por el BID para el proyecto de modelo de gestión descentralizada, originalmente creado dentro del sistema con el inherente control estatal.
Lo que se está viendo, por ejemplo, con el traspaso de la administración del Hospital Escuela a la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), en que, no obstante la acción mediática para presentar esa decisión como algo muy exitoso, la situación es quizá peor de lo que se tenía, que ya era lamentable.
A final de cuentas, eso tiene, como resultado, una complicación para la UNAH y para el sistema de salud, como se esta advirtiendo en el conflicto de los médicos empleados, quienes argumentan que el rol de la UNAH es educar, enseñar, y no administrar hospitales. Todo ello derivado de las acciones administrativas violatorias del Estatuto del Médico Empleado y de la cuestionada legalidad de dicho traspaso.
El detonante del conflicto entre los médicos empleados y el gobierno fue el decreto ejecutivo de quitar a los empleados públicos con sueldos arriba de los 50 mil lempiras el 11% para rebajar el gasto público. Ese 11% no era aplicable a los médicos del sistema en razón del Estatuto del Médico Empleado.
El gobierno ha reconocido su error, ofrece pagar lo debido, pero se empeña en mantener incólume el decreto, en vez de modificarlo con una cláusula de exclusión, lo que da lugar a la suspicacia y a la certeza de una falta de voluntad política de genuina rectificación, a la vez que del empecinamiento en proseguir el modelo de privatización de los servicios de salud, siguiendo directivas externas.
La cuestión salarial y las demás exigencias sobre la vigencia de contratos, vacaciones profilácticas, etcétera, es apenas la punta del iceberg. Lo que está en el fondo es, además del amago al Estatuto del Médico Empleado, el desmantelamiento de todo el sistema de salud pública por la vía de la privatización, y de su entrega al oscuro mundo de la especulación, de los negocios, dentro del expediente de la corrupción.
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