Radiografía Policial

Radio Progreso

El tema de la depuración policial vuelve a ser noticia en el primer aniversario del asesinato de Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda. Y de eso se hacen eco los medios de comunicación social cuando en sus titulares afirman lisa y llanamente: “Escalofriante relato y corrupción policial. Ambos jóvenes fueron llevados con vida hasta los Hornos. El oficial Carlos Galeas ejecutó a Rafael Alejandro Vargas y el policía Arnulfo Padilla liquidó a Carlos David Pineda. Oficiales de la DNIC trastocaron las declaraciones de policías. Otros oficiales ayudaron a cambiar los cañones de las armas”.

Estas declaraciones las hizo el policía José Rubén Pozo López quien claramente dice que al dar los detalles de la forma en qué se hizo su vida corre peligro. La verdad es que vivimos una situación en la cual no sabemos si estamos ante una “realidad virtual”, de las muchas que conforman nuestro mundo mediático, o si se trata sencillamente de esa brutal realidad a la que nos quieren habituar las autoridades que manejan las instituciones de seguridad del país.

Tampoco de se trata de un hecho aislado sino una “actividad corporativa” en la que participan determinados segmentos de la institución. Por eso nos dice uno de los periódicos que “en las declaraciones no solo queda al descubierto la confabulación de otros oficiales de policía, sino también cómo se elaboraron las declaraciones testificales que algunos policías involucrados se limitaron a firmar. Además queda al descubierto cómo se limpió la escena del crimen y la confabulación que hubo, incluso de oficiales de la DNIC, para librar de responsabilidad a los cuatro policías involucrados”.

Lo primero que se constata es lo poco que vale la persona y la vida humana para nuestras autoridades policiales. Cómo se sitúan por encima y al margen de la ley, convirtiéndose en jueces y verdugos de víctimas indefensas que sin pruebas califican de ladrones, llegando al punto de desconocer su identidad ciudadana convirtiéndolas en “muertos anónimos” . Otro hecho a destacar es que se han transformado en criminales profesionales “habituados a la rutina de la impunidad” sabiendo que están protegidos y amparados y por una institución que se divinizado a sí misma como el único valor supremo de la sociedad, árbitro por excelencia de la institucionalidad que no necesita ninguna “rendición de cuentas”.

En la práctica no deja de ser más que una “cacería humana” donde a las personas después de “perseguirlas”, se las “acorrala”, se las “reduce” y se las “extermina”. Siempre considerando como un “trofeo de guerra” el despojarlas de sus pertenencias. Y se concluye con la “operación limpieza”, tanto al interior como al exterior de la institución, mediante amenazas y represión institucional, falsificaciones, cubrirse las espaldas, complicidad y destrucción de pruebas.

Para muchos ciudadanos puede ser que no haya nada de novedoso en todo esto. Sin embargo, señalamos dos hechos que pueden ser determinantes en el futuro. En primer lugar, que tanto la opinión pública como la mayoría de los hondureños van apropiándose críticamente de una realidad con la que no están de acuerdo para nada y desean cambiar. En segundo lugar, las fisuras que van apareciendo al interior de la policía y con los “poderes ocultos” con quiénes mantienen una relación de subordinación y complementariedad.