Defensores en Línea
Por Marc Allas
El régimen de Juan Orlando Hernández está tratando de utilizar la reciente designación de Honduras para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como un logro y un reconocimiento internacional por su accionar en este delicado tema.
Sin embargo, el partido Nacional que ha gobernado ilegítimamente el país, durante 12 años, ha dejado una amplia estela de violaciones a los derechos humanos.
La persecución contra opositores políticos, asesinatos, detenciones arbitrarias, ataques a la prensa independiente, criminalización y encierro de ambientalistas, ejecuciones sumarias y campañas de desprestigio contra defensores y defensoras de derechos humanos, forman parte de una larga lista de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por este régimen y registradas durante más de una década.
En uno de sus párrafos, el editorial del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), divulgado el sábado 24 de octubre en el programa “Voces contra el Olvido” que se transmite en la cadena Radio Globo señala que “ahora van a ocupar por tres años uno de los 8 asientos latinoamericanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, presentado por la propaganda oficial como un premio a la política de derechos humanos de la dictadura de Hernández”.
Y añade que “Para las víctimas del autoritarismo golpista de los últimos 12 años un puesto del Estado violador en el Consejo de Derechos Humanos no es una victoria política de Honduras, al contrario, lo reconocemos como una derrota moral para los violadores en su intención de camuflar su imagen tachada de torturas y cadáveres”.
Para abordar el tema sobre el contraste que existe entre tal designación y el verdadero accionar del régimen de Juan Orlando Hernández, comparecieron al programa radial, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva y el líder comunitario del departamento de Colón y pedagogo, Juan López.
En su intervención, Juan López expresó que la cárcel es el sitio de castigo para quien se sale del esquema mental y social que quiere esta estructura de la economía del crimen.
López dijo que hay tanta juventud en las cárceles en condiciones deplorables que vienen de una violencia que padece la sociedad y la sufren afuera y la vienen a vivir todavía con mayor profundidad adentro de la cárcel, porque son “unidades empresariales, centros de producción de dinero”.
El líder comunitario se refirió también a la situación que enfrentan 8 ambientalistas de las comunidades de Guapinol y San Pedro de Tocoa, departamento de Colón, que se encuentran privados de libertad por más de 2 años por su lucha contra el extractivismo minero.
Ellos son Ever Cedillo, José Cedillo, José Márquez, Kevin Romero, Porfirio Sorto, Orbin Hernández, Arnold Alemán que guardan prisión en el centro penal de Olanchito, departamento de Yoro, así como Jeremías Martínez, privado de libertad en el presidio de La Ceiba, Atlántida.
López señaló que “son hombres que están encarcelados, colocados en las cárceles por la gran empresa privada, a través de las instituciones públicas del estado; Ministerio Público y el Poder Judicial”.
El líder comunitario apuntó que ahora que el estado de Honduras ocupa uno de los 8 lugares de países de Latinoamérica que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “es una bofetada en el rostro porque este régimen no tiene moral alguna para hablar de derechos humanos, pero ahora que está ahí; está obligado a responder y a cumplir toda la normativa de derechos humanos de las Naciones Unidas. Y entonces éstos 8 hombres de Guapinol y del sector San Pedro deben ser inmediatamente liberados”.
Para Bertha Oliva, en el caso de los ambientalistas de Guapinol, todas las organizaciones tanto nacionales como internacionales “hemos unido esfuerzos para evidenciar realmente el manejo abusivo de parte del sistema de justicia de nuestro país y ensañarse en hombres que han estado haciendo una gesta para proteger los recursos naturales”.
Oliva resaltó la petición echa el año pasado y a inicios de la pandemia del covid19, impulsada por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet en la que exhortaba a los países a tomar medidas para liberar a privados de libertad acusados de crímenes menores, para protegerlos del impacto de la pandemia de covid19.
El 25 de marzo de 2020, Bachelet expresó que “El Covid-19 ha empezado a golpear prisiones y centros de detención de migrantes, también lugares de cuidado de personas de la tercera edad y hospitales psiquiátricos, esas instituciones están en un riesgo evidente”.
Asimismo, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió, incluso, reducir la población carcelaria si es necesario para bajar los factores de riesgo. “Las autoridades deberían buscar formas para liberar aquellas personas especialmente vulnerables al Covid-19, entre ellos los detenidos más viejos o enfermos, también convictos de crímenes menores”.
Entre tanto El 2 de abril de 2020, un grupo de defensores del Parlamento Alemán dirigió una misiva a las autoridades judiciales de Honduras para que, en medio de la crisis por la pandemia de Coronavirus, se permita a los presos políticos de Guapinol, volver a sus hogares.
“Hemos hecho una serie de manifestaciones, acciones legales y diferentes expresiones permanentes que se han manejado desde el comité, y que reflejan que no hay ninguna duda, que no es falta de accionar, sino que estamos ante una determinación complaciente, cómplice totalmente del sistema de justicia con los inversionistas en esa zona”, apuntó Bertha Oliva.
El 28 de octubre, el tema de la situación de las cárceles en Latinoamérica en el marco de la pandemia por el coronavirus, será abordado “vía plataforma virtual zoom” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sesión en la cual participará el COFADEH en su condición de organización peticionaria ante el organismo continental.
Oliva también informó que el COFADEH participará en otra audiencia, “para hablar sobre la suspensión de las garantías constitucionales en el marco del covid19, las violaciones a nivel nacional de derechos humanos que se han generado en el país, que pasan desde detenciones ilegales; torturas, asesinatos, obviar los recursos interpuestos para la liberación de los presos políticos, más todas éstas reformas que han sido adoptadas el 7 de octubre en el Congreso, donde el mensaje que dejan es blindarse totalmente de impunidad para los que están en el crimen organizado, los corruptos y los narcotraficantes, pero que dejan en exposición a los defensores de derechos humanos y a los liderazgos sociales”.
Así lo destaca el editorial del COFADEH cuando señala que: “Uno de los aspectos nuevos de esta comparecencia al 181 periodo de sesiones de la CIDH es el paquete de reformas penales aprobado la semana pasada por el congreso virtual de la dictadura, ese que opera por zoom sin garantizar a nadie la legitimidad del quórum”.
“En la capital estadounidense vamos a decir que en medio del cuarto proceso electoral de características volátiles desde el golpe de Estado de 2009 es un exceso temerario hacer una reforma que eleva penas a las acciones de protesta ciudadana. Es la preparación anticipada a un cuadro de violencia organizada por un régimen ilegítimo e ilegal, que insiste en calentar los ánimos para usar sus armas. Un negocio en el cual es reincidente”.
“La política de criminalizar las luchas sociales y, en general, el ejercicio de los derechos ciudadanos a la libre expresión, es coherente solamente con ese comportamiento deshonesto de las cárceles. Mientras más llenas estén las ergástulas de prisioneros políticos, más llenas están las bolsas de los carceleros”, subrayó.
Respecto a los ambientalistas de Guapinol, Juan López detalló que ya existe una notificación del Tribunal de Sentencia que conoce del caso, para realizar la apertura del juicio oral y público en el mes de diciembre.
López indicó que las manifestaciones del movimiento social que buscan la liberación de los ambientalistas continuarán en varias regiones del país, y resaltó que las estructuras de la Iglesia Católica de Colón, “están juntando sus esfuerzos y su amor por la vida, y esto se vino a manifestar en una expresión de movilización social, de protesta y de exigencia de justicia el 16 de octubre en Olanchito”.
El pedagogo y líder comunitario añadió que en esa actividad quedó evidenciado que hay una fuerza moral, una fuerza social y política en solidaridad.
López destacó también que el equipo legal de los ambientalistas solicitará el martes 26 de octubre, una nueva revisión de medidas para que los ambientalistas puedan ser puestos en libertad a través de medidas sustitutivas a la prisión, en vista que han pasado 26 meses de encarcelamiento.
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