Por Júlia García, Letícia Paranhos, Tchenna Maso
Las mujeres son las más afectadas por el poder de las empresas transnacionales, pero también son la principal resistencia contra ellas.
En la última semana de octubre de 2021 se celebró, en Ginebra la 7ª sesión de negociación del grupo intergubernamental para la creación de un tratado vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). A la sesión presidida por Ecuador, asistieron más de 70 países.
La lucha por esta normativa se centra en la necesidad de controlar las acciones de las empresas transnacionales en los territorios con base en la legislación internacional que las responsabiliza por la violación sistemática de los derechos humanos que se produce como consecuencia de sus actividades.
Entre las prácticas más comunes se encuentran la apropiación indiscriminada de la naturaleza, la destrucción de los modos de vida de los pueblos y comunidades tradicionales; la pérdida de la soberanía alimentaria; la criminalización y violencia; la flexibilización de derechos y la precarización de las condiciones laborales; y la imposibilidad de mantener las relaciones sociales construidas en la comunidad, obligando a la migración o reasentamiento de grandes grupos poblacionales.
Impactos de los acuerdos de libre comercio
Desde 1972, con la intervención de Salvador Allende en la ONU, se evidencia la gravedad de la concentración de poder político, económico y cultural por parte de las empresas transnacionales a lo largo de los años. Estas corporaciones tienen mucho más capital que varios Estados, los cuales terminan controlados por ellas debido a la dependencia económica. Así, en lugar de responsabilizar a las empresas por los daños socioambientales causados, el Estado se convierte en cómplice de sus acciones.
Los tratados de libre comercio e inversión también contribuyen a la impunidad corporativa, al privilegiar los derechos económicos en detrimento de los derechos humanos, estableciendo mecanismos de arbitraje internacional. Como resultado, muchos Estados que osan a responsabilizar a las empresas terminan condenados en tribunales de arbitraje. Algunos ejemplos son Uruguay vs. Philip Morris y el Ecuador vs. Cheurón.
También dentro de las prácticas comunes de las empresas transnacionales en todo el mundo, podemos destacar la sobreexplotación de las mujeres. Excluidas de los procesos productivos de estas empresas, las mujeres participan en estas actividades de forma marginalizada y en una situación de vulnerabilidad. De la explotación laboral a la explotación sexual, hay que decir que el modus operandi de las grandes empresas traspasa fronteras y encuentra un terreno fértil para la impunidad por la falta de legislación en sus propios países.
Esta realidad es imperativa, especialmente en el sur global, pero también se convierte en un motor para la participación y el liderazgo de las mujeres en los procesos de resistencia. Las mujeres de todo el mundo protagonizan las luchas por una sociedad más justa, en defensa de la naturaleza, por el fin de la violencia y de la explotación sexual, por la vivienda, el acceso a los alimentos y el agua. Las empresas transnacionales han destruido los tejidos sociales y los modos de producción de vida, generando una sobrecarga laboral a las mujeres, que sostienen toda la economía del cuidado, debido a la estructura social patriarcal.
Un ejemplo significativo fue el 28 de abril de 2013, cuando se derrumbó el edificio Rana Plaza en Bangladesh, matando a 1.138 personas. De estas, el 80% eran mujeres, trabajadoras de la industria textil. Estas trabajadoras producían para grandes marcas como H&M, C&A y Benetton en condiciones insalubres y con bajos sueldos. No es una excepcionalidad que las empresas transnacionales pongan a las mujeres trabajadoras para producir en condiciones degradantes y en espacios de subarrendamiento para minimizar sus costos de producción.
La intervención de las mujeres en Ginebra
Es precisamente porque las mujeres lideran la defensa de los territorios frente al avance del poder y el control de las empresas transnacionales que observamos un fuerte liderazgo feminista y juvenil en esta séptima sesión.
Son mujeres que se trasladan desde sus territorios y que llevan agendas insubordinadas y rebeldes a las sesiones de la ONU, para combatir la desenfrenada acción capitalista y colonial en sus comunidades.
El escenario de disputa de ideas liderado por mujeres trajo varias actrices políticas que ocupan tanto el liderazgo de países que defienden posiciones más avanzadas en la regulación de las empresas transnacionales, como Palestina y Egipto, como las que actúan en la sociedad civil. Este fue el caso de las juristas populares que defendieron agendas políticas con el rigor de la técnica jurídica, y de los liderazgos feministas de los movimientos populares, con sus discursos potentes. Sin duda, las grandes articulaciones políticas para la defensa de los pueblos en la agenda están lideradas por mujeres.
El rol de estas mujeres fue fundamental para que el contenido de este reglamento tomara en cuenta las diferentes condiciones a las que se encuentran expuestos los grupos sociales más vulnerables desde una perspectiva económica, social y ambiental, como los niños y las niñas. La organización de mujeres ha llevado a la mesa de debate todas las cuestiones de género involucradas en el accionar de esas empresas, desenmascarando sus falsas políticas inclusivas.
Muchos desafíos se perfilan en la construcción de un tratado vinculante ambicioso, capaz de poner fin a la impunidad de las empresas transnacionales. Entre ellos, podemos destacar: la necesidad de superar los intentos estadunidenses de vaciar la agenda construyendo iniciativas de “ley blanda” (softlaw); las iniciativas para involucrar a las corporaciones en las negociaciones propuestas por la Unión Europea; y la incertidumbre sobre la continuidad de la metodología de negociación por parte de Ecuador.
Sujetos en lucha contra la impunidad corporativa
El rol de las organizaciones populares en presionar a sus Estados para defender los intereses de los pueblos en esta negociación, será decisivo en el intervalo entre esta sesión y la siguiente. También lo será la movilización de parlamentarios para avanzar en marcos regulatorios para penalizar las violaciones de derechos humanos por parte de las corporaciones.
La Campaña Global para Reclamar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad fue fundada en 2012 y está formada por más de 250 organizaciones, movimientos sociales y comunidades afectadas por empresas transnacionales. Los miembros de la Campaña han seguido e incidido en el proceso de negociación del Tratado Vinculante desde el comienzo en 2014. El símbolo de la campaña nos ayuda a pensar en la movilización que necesitamos construir: un hombre blanco con traje y corbata, que representa el poder corporativo, caído al suelo y siendo detenido por la gente.
Ahora, luego de la séptima sesión de negociaciones, podemos decir que las mujeres están al frente de esta lucha, rompiendo con los estándares del Derecho Internacional y tocando el nervio del sistema capitalista, racista y patriarcal.
El protagonismo de las mujeres resistiendo a los impactos de las empresas transnacionales en los territorios y el liderazgo de las mujeres en el proceso de negociación del tratado vinculante imponen a todas las organizaciones que luchan contra el poder empresarial que reconozcan que esta es una lucha feminista. Por tanto, es necesario repensar su simbología, liderazgo y posiciones para reconocer este tema político clave. Asimismo, los países que están negociando el documento deben entender que sus posiciones en este proceso influyen directamente en la vida cotidiana de miles de mujeres en todo el mundo.
La lucha por el tratado vinculante es también una agenda en la lucha feminista por desmantelar el sistema patriarcal, capitalista y racista, ya que las empresas transnacionales representan la cara más brutal de este sistema en los territorios.
El protagonismo de las mujeres en este proceso refleja toda la lucha histórica y la organización política feminista para construir una economía y una política que ponga la vida en el centro, en lugar de las ganancias. Así, continuaremos en la lucha para que los marcos del derecho internacional avancen, sean efectivos en la realidad concreta; para que podamos reducir la asimetría de poderes entre transnacionales y pueblos; para crear mejores condiciones de existencia y sobrevivir mientras tejimos otros modos de producción.
* Júlia García es integrante del Movimiento de las y los Afectados por Represas [Movimento das e dos Atingidos por Barragens – MAB] en Brasil, Letícia Paranhos integra los Amigos de la Tierra Internacional (ATI) y Tchenna Maso es investigadora asociada en Homa – Centro de Derechos Humanos y Empresas. Las autoras son parte de la Campaña Global para Reclamar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad.
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