Radio Progreso
Un requerimiento fiscal presentado a finales de septiembre destapó lo que desde hace varios años se conocía como un secreto a voces: la participación del diputado por el departamento de Cortés, Reynaldo Ekónomo, en negocios sucios.
El Ministerio Público en el marco de la operación “Omega IV”, presentó el pasado 27 de septiembre, un requerimiento Fiscal contra otros supuestos implicados en el descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entre los que figura el nacionalista Reynaldo Ekónomo.
El caso del parlamentario se maneja con extrema cautela. El Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que todas las diligencias relacionadas al requerimiento fiscal se mantengan bajo estrictas medidas de secretividad.
Aunque no es oficial, todo parece indicar que el caso está relacionado con el delito de lavado de activos en una ampliación del caso denominado “14 Contratos” vinculado al desfalco millonario de Seguro Social.
Melvin Duarte portavoz del Poder Judicial ha señalado que no puede pronunciar en relación al requerimiento fiscal. Explicó que al ser un alto funcionario del Estado es necesario que se designe a uno de los magistrados del pleno de la Corte para que sea quien lleve todo el proceso judicial.
Reynaldo Ekónomo es vicepresidente del Congreso Nacional, por lo tanto, no enfrentará juicio en los tribunales y el circuito anticorrupción en el que se presentan todos los ciudadanos y ciudadanas, él será enjuiciado en la Corte Suprema de Justicia, que deberá nombrar un juez natural para conocer la causa.
A criterio del ex juez de sentencia, Ramón Barrios, el antecedente que existe con todos los diputados y funcionarios que han sido sometidos a la justicia de la Corte Suprema a través de un juez natural, es que el 90% han sido sobreseídos definitivamente.
“Una cosa es que se presente un requerimiento fiscal, otra muy distinta es que se presenta una orden de captura. Hace un par de meses se presentaron varias órdenes de captura en este mismo caso, pero los funcionarios se están defendiendo en libertad, gozando de medidas sustitutivas de prisión”, señala Barrios.
El desfalco financiero en el Instituto Hondureño de Seguridad Social se registró entre los años 2010 y 2013, los señalamientos indican que, al menos, 6,300 millones de lempiras se sustrajeron de la institución para financiar la primera campaña de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional.
Investigaciones señalan que en el descalabro financiero participaron al menos 320 personas, las cuales a través de diferentes estrategias lograron acaparar los fondos de los trabajadores y trabajadoras para hacerlos llegar hasta las cuentas del Partido Nacional.
En el marco de la operación “Omega Ocho”, agosto 2021, ocho personas habían sido capturadas en San Pedro Sula. El Ministerio Público detalló en esas fechas que se trata de la línea de investigación de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, UNAF, denominada “14 contratos”, en referencia a la suscripción fraudulenta de igual número de proyectos de obras públicas, civiles, eléctricas y mecánicas con al menos seis empresas sampedranas, mediante las cuales se sustrajeron entre 2010 y 2013, 158 millones 817 mil 897 lempiras”.
Requerimiento fiscal. Petición de secretividad realizada por el Ministerio Público al momento de presentar el requerimiento fiscal.
Lavado de activos
Para el analista político Omar García, en una democracia seria y funcional, las acusaciones que se hacen contra Reynaldo Ekónomo, ameritan que se haga efectiva su renuncia no solamente a su cargo de diputado, sino también a su actual candidatura, “pero en Honduras no pasará nada”.
Cree que con ese tipo de acciones quienes las practican están pulsando a ver hasta donde el pueblo aguanta que se siga degradando la institucionalidad. El analista García agrega que, además al ser un candidato a diputado, frente a los señalamientos ya debería estar actuando la Unidad de Política Limpia, el Tribunal de Justicia Electoral, además del comité de ética del Partido Nacional e incluso el mismo Consejo Nacional Electoral.
“En Honduras tenemos toda la estructura, el problema es que no se está actuando. En la parte electoral Ekonomo debería presenta su renuncia ante una investigación fuerte y seria,
Los juicios en New York
En el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Honduras aprobó la reforma al artículo 102 de la Constitución de la República, el cual establecía la prohibición para que ningún hondureño fuera expatriado. Sin embargo, con la reforma realizada se permitió la extradición si la persona está vinculada a los delitos de narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado.
Desde la aprobación de la extradición, el Ministerio Público inicia una serie de requerimientos fiscales contra funcionarios vinculados con los delitos que ameritan una extradición.
Por eso, diversos analistas opinan que el requerimiento fiscal presentado contra el diputado, podría ser parte de una estrategia para impedir su posible extradición.
En 2019, en el juicio contra Tony Hernández –celebrado en la Corte del distrito sur de New York, el ex jefe del cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Maradiaga, dijo que había pagado entre 50 y 60 mil dólares a Reinaldo Ekónomo, a cambio de protección y dejar sin validez una orden de captura que había en su contra. En el mismo juicio, el narcotraficante señaló como había tenido varias comunicaciones con el diputado donde le preguntada sobre un supuesto plan para asesinar a Juan Orlando Hernández, porque no respondía los teléfonos luego de haber pagado alrededor de 250 mil dólares a cambio de protección
Jugada con balón adelantado
Gabriela Amador de Pro-Honduras Network –organización que ha dado cobertura a los juicios de narcotraficantes hondureños en cortes de Estados Unidos-, opina que estos señalamientos lo podrían ubicar en un futuro como un co-conspirador si la Fiscalía obtiene evidencias, testimonios, pruebas documentales, que le puedan servir para construir un caso.
Explica que el primer proceso que la Fiscalía realiza es una investigación en alianza con la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), y dependiendo de las pruebas que documenten; en el momento que ya tienen construido un caso es cuando ya deciden enviar el “indictment” (acusación), y levantar cargos criminales contra cualquier persona que ha sido nombra en los juicios.
Amador recuerda que ese escenario pasó con el ex director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla y con Mauricio Hernández Pineda, primo de Juan Orlando Hernández, quienes fueron mencionados en juicios. “Definitivamente estos señalamientos lo podrían llevar en un futuro a ser nombrado como co-conspirador en cualquier juicio criminal que se lleve en los distritos de la justicia norteamericana”.
Para el abogado Ramón Barrios, si viniera una solicitud de extradición de la fiscalía del condado sur de New York, el abogado Reynaldo Ekónomo ya no podría ser extraditado porque ya establece la ley procesal que quien tienen cuentas pendientes en Honduras, no puede ser extraditado.
Barrios agrega que la clase política en Honduras juega con balón adelantado. “Muchos de los políticos se protegen entablando procesos penales en el país, así no será extraditados”, dijo.
Al equipo de Pro-Honduras Network, el Requerimiento Fiscal presentado en contra del diputado, le genera muchas dudas, ya que al parecer se está convirtiendo en una forma de operar para libarse de la justicia estadounidense. Recuerdan que la misma fórmula se aplicó con el comisionado de la Policía Nacional, Leonel Sauceda (nombrado en el caso de Giovanni Fuentes), pero no puede ser solicitado en extradición debido al proceso judicial que se lleva en Honduras.
Así mismo, el caso del señor Arnaldo Urbina Soto, ex alcalde de Yoro, quién fue solicitado en extradición junto a sus dos hermanos, pero no se ha podido concretar porque según la justicia hondureña todavía no ha cumplido su condena el país.
“Esto es una manera con la cual muchos se podrían blindarse. Desde Pro-Honduras Network, no nos extrañaría que en un futuro esto se convierta un modo de operar para evitar la extradición. Veremos si esto es una cortina de humo y una estrategia de líderes del Partido Nacional para obstaculizar una futura extradición o un futuro proceso judicial contra a Reynaldo Ekónomo aquí en Estados Unidos”, concluye.
Promueve la venta del territorio y la soberanía
Hablar de Reynaldo Ekónomo, es hablar de la entrega del territorio, persecución y criminalización de las comunidades que se oponen a los proyectos extractivos. El ambientalista y representante para Honduras de la Plataforma Internacional Contra la Impunidad, Pedro Landa, recuerda que el diputado ha estado vinculado a la extracción de minerales, y fue desde ahí donde saltó al Congreso Nacional.
Landa recuerda que fue Reynaldo Ekónomo quien promovió la venta del territorio hondureño a través de los congresos mineros, realizados luego de la aprobación de la Ley de Minería en 2013. “De allí es donde sale el perfil de Reynaldo Ekónomo, porque pese a que había sido aspirante al Congreso Nacional en varias oportunidades, era un personaje desconocido en el ámbito nacional, se conocía más en el departamento de Cortés”, dice.
En la fiebre de la venta del territorio a través de los proyectos mineros, el actual diputado jugó un papel importante en la creación de Comisión de Comercio, Minería e Inversiones (COMICOIN), plataforma desde donde se impulsan los congresos mineros para vender a Honduras.
Jugoso negocio
Pedro Landa siguió explicando que actualmente es un potentado (refiriéndose al diputado), no solo a nivel empresarial, sino también a nivel político, porque se dedica a la exportación de minerales industriales. El no explota, sino que exporta y compra a los pequeños y medianos empresarios mineros, así se queda con la mayor parte de utilidades.
En Honduras las concesiones mineras no solamente tienen que ver con la explotación de los minerales en los territorios, sino también con la explotación, comercialización y beneficio. En ese sentido, Pedro Landa explicó que Ekónomo es un empresario que se dedica a la comercialización, que es prácticamente una empresa de maletín porque lo único que hace son negocios para vender cantidades y comprar la producción a los mineros.
El ambientalista concluyó diciendo que es difícil rastrear todas las empresas que tiene el diputado debido a su práctica de utilizar testaferros o prestanombres.
Todo apunta a que Reinaldo Ekónomo utiliza los cargos públicos, no solo para llevar a cabo actos de corrupción, sino también para hacer grandes negocios y enriquecerse bajo el manto de impunidad que otorga la justicia hondureña controlada desde las más altas esferas políticas y empresariales del país.
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