Radio Progreso
En el contexto electoral, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), no han dejado de ser una realidad que amenaza la vida de las comunidades y el territorio hondureño. A pesar de las declaratorias de municipios libres de dichos proyectos, la realidad es que, quienes los impulsan siguen empecinados en no escuchar las voces ciudadanas que rechaza su instalación.
Como bien es conocido, las ZEDE no son un proyecto que surgió de la noche a la mañana; es parte de los procesos de entrega del territorio que se vienen impulsado a partir del golpe de Estado de 2009, y que se han consolidado en los 12 años de gobierno del Partido Nacional.
La investigadora del Centro de Estudio Para la Democracia, CESPAD, Lucía Vijil opina que, Honduras está aún tratando de superar la crisis de 2009. La fractura del Estado, la cooptación por parte del narcotráfico y la corrupción, han sido elementos que ha detonado el modelo capitalista. Y las ZEDE se venden como una alternativa para la salida económica con la que se puede desarrollar el país.
Desde el rompimiento de la democracia formal, los hondureños y hondureñas están ante un Estado que no está respondiendo a la exigibilidad de derechos, eso se traduce en que los defensores y defensoras territoriales son perseguidos, criminalizados, judicializados e incluso asesinados.
En ese sentido, Lucía Vijíl, explica que en un país donde existen muchos índices de desigualdad y pobreza es complicado pedirle a la ciudadanía que se movilice a tiempo completo. “Estas brechas de desigualdad han ido también impactando en las formas de respuestas hacia estas diferentes crisis. Estamos frente a la envestida final de los proyectos extractivos en el país”.
Capital
La conformación de las élites económicas a lo largo de la historia de Honduras ha sido bajo varios modelos. El enclave minero, por ejemplo; fue el que propició los primeros ejercicios de acumulación histórica en el país, luego las bananeras, las maquila, posteriormente todos los proyectos extractivos; hoy ese modelo de enclave se refleja nuevamente a través de la entrega del territorio a capital extranjero con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDE.
La investigadora Lucía Vijíl, señala que esa acumulación histórica ha respondido a ciertos grupos de poder. Sin embargo, en el contexto actual la dinámica es distinta, porque existe una enorme diferencia entre los empresarios que promueven la industria maquilera y los que promueven las ZEDE.
Es decir, hay una ruptura de la clase empresarial en Honduras, esa ruptura entre el empresario ligado al narcotráfico y el que no está ligado y que dice que lo que tiene porque ha invertido. Estos vínculos con el narcotráfico han propiciado un reacomodamiento de las élites en el país.
“El proyecto de las ZEDE tiene 12 años de ser impulsado y su promotor es el Partido Nacional de Honduras. Son los actores y el partido político señalado con el mayor vínculo de narcotráfico en el país. Es imposible pensar que un grupo como va a promover el desarrollo”, dice.
Vijíl explica que hay que tener claridad en que el sector empresarial no es un aliado totalmente confiable en la lucha contra las ZEDE, porque si el Estado le diera los mismos beneficios al empresariado nacional, aquí nadie de ellos estaría en contra de las ciudades modelo.
Soberanía y legalidad
En el actual contexto cuando conceptualizamos la soberanía territorial y la vemos más allá de un área delimitada, es necesario entender que en esos territorios hay gente, hay vínculos, relación entre el ser humano y el ambiente, muchas otras dinámicas organizativas, sociales, religiosas en ese espacio. Por lo que cerrarnos en el tema legal, sobre las concepciones de soberanía sigue siendo conservador, porque dejamos por un lado los elementos que entran en juego en el territorio, opina Vijíl.
Señala además que, cuando la Corte Suprema de Justicia se pronunció y dijo que las ZEDE son constitucionales, y cuando el Congreso Nacional no va a mover un dedo por la correlación de fuerzas para la derogación de los proyectos; pensar en acciones legales está extremadamente complicado. Pero sí es momento de apostarle a los procesos territoriales organizativos.
Para la investigadora, la llegada de un nuevo gobierno no significaría la derogación de las ZEDE como tal, porque aunque se derogue la ley, el país ya tiene firmados contratos con las empresas internacionales que a la larga tendrá que cumplir y seremos los hondureños y hondureñas quienes pagaremos esa inversión realizada.
Finaliza diciendo que, en todo el proceso de lucha, es necesario destacar que el tema ZEDE, ha sido el más convocante y articulador de los movimientos sociales y territoriales, después del tema corrupción. “Me parece que es una ganancia que la gente se esté organizándose, formando colectivos, estudiando el impacto de las ZEDE. Pero también es importante que a través de esos procesos se esté identificando a los enemigos políticos que impulsan estos proyectos de muerte”.
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