Radio Progreso
Organizaciones de derechos humanos hicieron entrega del premio nacional Carlos Escaleras, en su sexta edición. El evento desarrollado en Tegucigalpa convocó a defensores y defensoras de los territorios y bienes naturales para reflexionar sobre el legado del ambientalista y reconocer que su semilla está inserta en las distintas acciones en defensa de la vida.
Este año 2021, se premió la labor de María Felicita López, indígena lenca del departamento de La Paz amenazada por policías y militares debido a su compromiso en defensa del río Chinacla donde se pretende construir la hidroeléctrica Los Encinos, propiedad de la diputada nacionalista Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro.
Al recibir el premio María aseguró sentirse orgullosa como indígena de este reconocimiento que la compromete con la lucha a favor de los derechos de las mujeres y la protección de los territorios. “El reconocimiento me compromete a seguir la historia de Carlos Escaleras, quien no se quedó callado ante las injusticias, que predicaba la doctrina social de la iglesia, esa que defiende los derechos de las mujeres y los territorios”.
María reconoce y denuncia que las mujeres enfrentan una doble violencia, aquella social que viene con las agresiones, amenazas y criminalización de parte del modelo extractivo, pero también está la lucha en contra del patriarcado, que somete a las mujeres a los espacios domésticos donde son agredidas.
Amenazada
Palo Blanco en el municipio de Santa Elena, La Paz, es la aldea donde nació y ha vivido por 36 años María. Ella describe la zona como una riqueza natural rodeada de frondosos árboles, verdes bosques, caudalosos ríos y riachuelos, lleno de peces, cocodrilos y otras especies, además del aire fresco. Todo ello ahora amenazado con el anuncio de construcción de una hidroeléctrica que llegó sin ningún proceso de consulta a las comunidades.
Sin mayores detalles María, sus vecinos y comunidades aledañas fueron sorprendidos con la noticia que ahora el río no les pertenecía, que era propiedad de una empresa que generaría energía. Como es costumbre en Honduras, las promesas de proyectos sociales que corresponden según ley al Estado por medio del gobierno, fueron prometidos por la empresa.
En el departamento de La Paz, la diputada Gladys Aurora López ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por el abuso de poder que ha cometido, siendo diputada y miembro de la junta directiva del Congreso Nacional y secretaria del partido Nacional, cargos utilizados para otorgar concesiones mineras a nombre de su esposo Arnold Castro.
Además, Gladys Aurora, figura entre el listado de funcionarios públicos corruptos de la región centroamericana, que divulgó recientemente el departamento de Estado de los Estados Unidos.
Al verse amenazada sus fuentes de agua, las propias comunidades decidieron hacer una consulta libre, previa e informada, pero sin la firma del alcalde de la zona, quien defendía a la empresa. La decisión fue contundente: la población se niega a permitir que se instale una hidroeléctrica que afectará al río Togola y principalmente al Chinacla, ambos, abastecedores de agua de la zona, porque es de donde los indígenas toman agua para la siembra de sus cultivos.
María inició su proceso de formación de la mano de Berta Cáceres, recuerda que en el año del golpe de Estado-2009- participaron en caminatas y reuniones exigiendo el retorno a la democracia. Tiempo después se enteraron que el departamento de La Paz estaba amenazado con la concesión de varias hidroeléctricas, todas de la mano de Gladys Aurora López.
“Recuerdo que mis niños estaban pequeños, tenía mucho miedo de defender y rechazar esas amenazas contra el río. De Berta aprendí mucho, me decía: compita no tenga miedo, aquí tenemos que luchar”, recuerda María.
El temor de ver su río secarse o represado la llevaron a iniciar procesos de formación para conocer sobre sus derechos y los de su comunidad. Allí conoció herramientas para defender su territorio, incluido su vida, amenazada también con la violencia machista inserta en su propio hogar.
Con más de 10 años de lucha que le han acarreado amenazas a muerte que ahora la mantienen con medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, María está convencida que todo ha valido la pena, ver su río Chinacla libre de hidroeléctricas y su pueblo consciente que debe defender de toda amenaza, es una de las mayores alegrías obtenidas. Además, reafirma su compromiso de seguir el legado del ambientalista Carlos Escaleras.
Un sur que da vida
En esta sexta edición del Premio Carlos Escaleras, también reconoció la labor en un segundo lugar de Pedro Canales coordinador de la Asociación para la Defensa de la península de Zacate Grande, ADEPZA y un tercero, a German Chirinos de MASS-VIDA, ambos defensores amenazados y criminalizados por la defensa del sur hondureño que vive un recrudecimiento de amenazas a muerte, asesinatos y procesos de criminalización en contra de líderes y lideresas.
“La península de Zacate Grande ha tenido momentos muy difíciles, yo mismo he sido procesado en 5 ocasiones y he cumplido medidas sustitutivas a la presión por 10 años, pero eso no me impide seguir en la lucha y continuar fortaleciendo a compañeros jóvenes que están iniciando la defensa”, dijo Canales recordando que una de las zonas que más afectación tendrá con las ciudades modelo o ZEDE será la península de Zacate Grande el municipio de Amapala, Valle, ya que el 99 por ciento de las tierras están tituladas a favor de los ricos y poderosos de este país”.
Sexta edición
En ediciones anteriores el premio se entregó a: Miriam Miranda de la OFRANEH, Consuelo Soto, lideresa indígena tolupán, Ubaldina Santos, lideresa e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y al Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón.
El contexto que rodea la entrega de la sexta edición es de asesinatos en contra de ambientalistas, mayor criminalización y despojo provocados por las políticas que impulsa el modelo extractivo.
Las organizaciones organizadas del reconocimiento aseguran que el Premio Nacional Carlos Escaleras es también un acto de denuncia pública por la criminalización del Estado hacia las personas defensoras, y un llamado a la solidaridad nacionales e internacional a favor de los defensoras y defensoras de la casa común.
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