A pesar de la criminalización y el hostigamiento gubernamental, representantes de organizaciones y comunidades afectadas por la minería se juntaron en la ciudad de Tocoa, Colón, Honduras, para participar en el séptimo encuentro de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería ACAFREMIN, un espacio que articula la lucha ambiental frente la imposición del modelo económico extractivo en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Esta alianza nació en 2017, cuando las comunidades organizadas y en movimiento vieron la necesidad de juntar esfuerzos e intercambiar experiencias, frente a la industria minera que es promovida por los gobiernos como la única alternativa para desarrollar las comunidades y generar empleos.
En el encuentro la delegación de Nicaragua fue la única que participó de forma virtual, ya que el gobierno Ortega-Murillo prohibió la salida del país. Cabe mencionar que las restricciones a las libertades en Nicaragua, se han acrecentado de cara al proceso electoral que se llevará a cabo el 07 de noviembre. Unos 50 activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos han sido víctimas de hostigamiento y detenciones arbitrarias entre los meses de febrero a septiembre de 2021.
En Tocoa, la delegación de ACAFREMIN participó en las actividades conmemorativas al 24 aniversario del martirio de Carlos Escaleras, reconocido ambientalista asesinado en Honduras por defender la montaña que ahora lleva su nombre, producto de una sentencia internacional contra el Estado hondureño que, hace 6 años reconoció públicamente su responsabilidad en este crimen que aún sigue impune.
De la montaña Escaleras emergen unos 7 caudalosos ríos que dan vida a las comunidades en el Valle del Aguán, pero que están seriamente amenazados por 50 proyectos mineros, entre ellos, los dos que está desarrollando el empresario Lenir Pérez junto a su esposa Ana Facussé, que consiste en extraer hierro de la zona núcleo de la montaña para procesarlo en una fábrica que ha sido catalogada como la peletizadora más grande de Centroamérica, ubicada a la ribera del río Guapinol, una zona altamente poblada de comunidades campesinas.
Esta explotación minera desató el conflicto socio ambiental que mantiene criminalizados a 32 pobladores, en su mayoría miembros activos de la iglesia católica, de los cuales 8 están presos desde hace más de dos años en la cárcel de Olanchito, Yoro, por suponerlos responsables de los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad en perjuicio de la empresa minera y uno de sus empleados de nombre José Santos.
Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como las Naciones Unidas se han pronunciado argumentando que la medida de prisión preventiva que recae sobre los defensores es ilegal e injusta. El juicio oral y público para los ambientalistas está programado para diciembre del año en curso, en el Tribunal de Sentencia de Trujillo. Colón.
En un acto simbólico a las afueras del penal de Olanchito, se alzó la voz de protesta que exige la liberación inmediata de los defensores, y la del líder Maya Q’eqchi Bernado Caal Xol, quien desde hace dos años está en prisión injustamente por proteger la tierra y los ríos en el departamento de Alta Verapaz en el norte de Guatemala.
Los representantes de ACAFREMIN tuvieron la oportunidad de conocer la situación precaria que vive la ciudadanía del Sector San Pedro, ante la amenaza minera. La empresa está depositando sedimento en las aguas del río que antes estaba destinado para el consumo humano, además, el azolvamiento impide el tránsito seguro de los vehículos que trasladan a la gente y productos de primera necesidad, poniendo en riesgo la vida.
Apuesta centroamericana
Pedro Cabezas, coordinador de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, dijo que la apuesta es por la organización, investigación, comunicación e incidencia. En los últimos años se ha trabajado investigaciones sobre la industria extractiva en Centroamérica, así como diagnósticos que explican el impacto de la pandemia de la Covid-19 en el aceleramiento de las concesiones extractivas, las consecuencias del monocultivo de palma africana y caña de azúcar en la región, y los orígenes del conflicto minero en el Bajo Aguán, Honduras, trabajo que fue presentando en el encuentro de la alianza.
A través de la comunicación e incidencia se han impulsado campañas para que los países del CA-4, firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, considerado el pacto regional más importante sobre el acceso a la información pública, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe.
Hasta la fecha solo Nicaragua ha firmado y ratificado el acuerdo. El Salvador y Guatemala lo firmaron pero no ratificado, mientras que Honduras ha ignorado por completo la demanda de las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos y el ambiente. Aunque Nicaragua si se adhirió por completo al acuerdo, en la práctica el gobierno de Daniel Ortega sigue irrespetando los derechos sociales y ambientales de la gente según denuncias.
A la alianza le preocupa las nuevas políticas económicas que los gobiernos impulsan bajo la excusa de la pandemia, mismas que buscan dar continuidad al modelo económico extractivo. Es por eso que en el encuentro se ratificó el compromiso de seguir aportando y contribuyendo a la solución de la problemática socio ambiental, la defensa de los derechos humanos y la vida digna de los pueblos de la región.
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