FMI y estabilización económica con “cola”

Alainet

Por Javier Suazo

La mayor preocupación de los y las hondureñas es el desempleo, la pobreza y la inseguridad alimentaria. Mientras tanto, la apuesta del FMI es más estabilidad económica ortodoxa, compensación social y privatización de empresas públicas

El gobierno de la República presenta como uno de los principales logros la estabilidad económica, condición exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos de crédito para que el país pueda acceder a recursos de financiamiento en condiciones blandas.

Uno de los logros más publicitados es la baja inflación, de 6.48% en 2010, primer año de gobierno del partido nacional, a 4.08% en 2019, año previo del Covid-19. Por efectos de la contracción económica, la tasa de inflación se situó en 4.01% en 2020. A ello se suma una tasa de crecimiento promedio del PIB de 3.6% (2010-2019), y un optimismo de un crecimiento mayor de 5% en 2021, cuando el sector privado estima que no pasará de 4%. En la tradición monetarista, estos resultados se atribuyen a un control del déficit fiscal que combina aumento de impuestos y reducción de gastos, sin medir las consecuencias en términos de pérdida de empleo e ingresos.

La estabilidad también refiere a la acumulación de reservas internacionales, ya que de 2,719.3 millones de dólares en 2010, se tienen 8,828.7 millones de dólares en reservas internacionales netas (septiembre de 2021), equivalente a 8.1 meses de importaciones.  Es decir, el gobierno privilegió una política de sobreendeudamiento externo para enfrentar la pandemia, más que sacar esos recursos de reserva para la inversión y apoyar a los pequeños productores agrícolas y MiPymes afectadas por la pandemia y los fenómenos naturales de ETA e IOTA, tal como sugirió Edwin Araque, destacado economista y expresidente del Banco Central en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.

Según Enrique Soto, otro economista hondureño y defensor del enfoque neokeynesiano en la economía, “la acumulación de reservas internacionales en países como Honduras sirven para honrar el servicio de la deuda y beneficiar aquellos empresarios que no pueden innovar, sino que se dedican a importar bienes finales y un alto porcentaje de materias primas, muchas de las cuales pueden ser sustituidas al estimular su producción interna y sector industrial no maquilador (Entrevista, 22 de octubre de 2021, Tegucigalpa, DC).

No obstante, en la coyuntura económica, social y política que enfrenta Honduras, no es una norma prudencial de política económica profundizar las ataduras de país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al pretender aprobar una propuesta del gobierno actual que divide la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en tres empresas y aumenta los niveles de endeudamiento público externo. A ello se suma, el interés del gobierno por modificar la Ley Constitutiva del Banco Central y permitir que funcionarios del actual gobierno o del liberal, asuman como miembros del Directorio de dicho Banco, sin consulta a las nuevas autoridades electas, que según las encuestas independientes lidera Xiomara Castro de Zelaya.

La Misión del FMI que visitó Honduras para una quinta revisión del programa Stand-by/Facilidad de Crédito vigente, no concluyó con una nota de aprobación, ya que el tema de la ENEE y el sobreendeudamiento siguen siendo los principales problemas, que el gobierno no ha podido solucionar. Las negociaciones se trasladarán a Washington, aunque los funcionarios son optimistas que Honduras pasará el examen y habrá acuerdo técnico, por el control del déficit fiscal, baja inflación y las perspectivas de un crecimiento positivo para 2021 y 2022

Los miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), cuestionan la mala programación y asignación de recursos en el presupuesto de 2022, donde hay aumento de gastos corrientes y pocos fondos para la inversión; sumado a la crisis financiera de la ENEE que seguirá agravándose por la postergación de decisiones en la aplicación consensuada de la Ley Energética, lo que representa un mayor endeudamiento para el Estado y aumento de las perdidas técnicas y no técnicas, que suman un 38%.

“La intervención del contrato de Empresa Energía Honduras (EEH) representa una contingencia fiscal que supera 850 millones de dólares. La deuda de la ENEE es casi de 80,000 millones de lempiras, y la deuda actual con generadores superan los 9,000 millones con plazos que superan los 276 días. El déficit de la ENEE supera el 1 por ciento del PIB. Es literalmente insostenible”. (La tribuna, 26 de octubre de 2021).

En tal sentido, la pregonada estabilización económica por el gobierno e incluso por funcionarios del FMI, es parcial, ya que hubo un aumento del endeudamiento externo y profundización de la crisis financiera de la ENEE y de otras empresas, que cada año sustrae recursos para el desarrollo productivo y social, sobre todo en salud y educación. Los funcionarios del Fondo se cuidan de no pronunciarse sobre la falta de trasparencia y corrupción en el uso de estos recursos, lo que desvirtúa varios de los logros de la gestión del actual gobierno.

La preocupación mayor es el aumento del desempleo y subempleo, la pobreza e inseguridad alimentaria, donde cada año hay menos recursos para enfrentar estos problemas estructurales, si se miran las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED), Inversión Pública y créditos para la producción agrícola y de la MiPymes localizadas mayormente en el sector informal. Aquí la apuesta del FMI es más estabilidad económica ortodoxa, compensación social y privatización de empresas públicas y servicios, lo cual ha resultado insuficiente.

En términos de empleo, la mujer ha sido la más afectada.  En 2016, la tasa de desempleo abierto (TDA) fue de 2.9%, subió a 8.1% en 2019, y se disparó con el Covid-19 a 13.7% en 2020 (OML: 2021).

A menos de un mes de las elecciones generales, la propuesta de la Alianza Opositora que encabeza Xiomara Castro, y donde participan como designados Salvador Nasralla del partido Salvador de Honduras y Doris Gutiérrez del PINU-SD, es la revisión de todos los contratos de préstamos y convenios suscritos, en especial aquellos en el marco de las APP y extractivismo, un cambio gradual y progresivo de la matriz productiva con criterios de equidad, empleo total y sostenibilidad ambiental, revitalización del enfoque de género como eje transversal de las políticas públicas y una estabilización económica más heterodoxo, sin ataduras previas.

Esto puede lograrse si la Alianza Opositora obtiene mayoría en el Congreso de la República y lidera su junta directiva, caso contrario el partido nacional puede apoyar a un candidato del partido liberal (Mario Segura jefe de banca liberal, por ejemplo), lo que favorecería una continuidad de las políticas de estabilización económica avaladas por el FMI.