Radio Progreso
La posibilidad de que los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro de Tocoa, Colón, se defendieran en libertad, se fue como agua entre las manos una vez más. El Tribunal de Sentencia que conoce el caso argumentó que existe “peligro de fuga”, pese a que los 7 ambientalistas que están presos en Olanchito, Yoro, se sometieron voluntariamente a la justicia en agosto de 2019.
La medida de prisión preventiva que recae sobre los defensores está catalogada como ilegal e injusta hasta por el propio sistema de las Naciones Unidas, a pesar de esto, y de las acciones de protesta que la población de Tocoa realizó tanto en el tribunal, centro penal y Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, el resultado fue el mismo que en otras audiencias de revisión de medidas; la justicia negó el derecho a las familias de reencontrase y la libertad a quienes defienden la montaña, el agua y la vida.
La defensa de parque nacional Montaña Botadero Carlos Escaleras en el departamento de Colón, ha provocado la criminalización de 32 personas vinculadas a organizaciones comunitarias, sociales y de iglesia. Pobladores que desde hace más de 6 años han venido denunciado una explotación minera en la zona núcleo de la montaña en favor de Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé. De la montaña emergen unas 34 fuentes de agua, entre ellos, 7 río caudalosos que dan vida al municipio.
Una región fuertemente amenazada
El Valle del Aguán es una de las regiones más fértiles de Honduras. Sin embargo, desde la década de los 90 atraviesa una crisis profunda en materia ambiental y de derechos humanos. El acaparamiento de la tierra en manos de políticos, empresarios y crimen organizado ha dejado a más de un centenar de campesinos asesinados y varios criminalizados, según las organizaciones sociales de la zona.
Con el aval del Estado de Honduras el valle del Aguán se ha plagado del monocultivo de palma africana y la montaña ha sido destinada para la explotación minera. “Unas 50 concesiones mineras existen en la montaña Escaleras y eso significará la destrucción de todo el Aguán”, dijo en entrevista a Radio Progreso, Esly Banegas de la Coordinadora de Organizaciones Populares de Aguán, COPA.
Esly dice que en el Aguán se ha venido preparando el camino para la instalación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico ZEDE o Ciudades Modelo, porque se está terminando de instalar la peletizadora más grande de Centroamérica, propiedad de Lenir Pérez, donde se procesará el hierro y los otros minerales que el empresario extirpe de las entrañas de la montaña.
“Las concesiones y el monocultivo de palma mayoritariamente están en manos de la familia Facussé. Primero fue terrateniente Miguel Facussé (GDDG), y ahora son sus hijas e hijos. Por ejemplo, su hija Ana y su esposo Lenir Pérez, son los dueños de la minera Inversiones Los Pinares, y además de este proyecto, tienen otros negocios con el Estado, entre ellos aeropuerto de Palmerola”, dijo Banegas.
El empresario Lenir Pérez a través de su cuenta en Twitter escribió “tras 8 años de esfuerzo en @LosPinaresHN iniciamos Fase 1 de producción de hierro en bruto como materia prima y en 4 meses arranca la Fase 2 para exportar hierro semiprocesado a EEUU”. El empresario ha publicado videos y fotografías del funcionamiento de la peletizadora y ha agradecido públicamente al gobierno de Juan Orlando Hernández, la oportunidad de extraer hierro de la montaña.
Por su parte las comunidades, especialmente del sector San Pedro, han denunciado la invasión y hostigamiento de hombres armados que trabajan para la empresa. “Hay zonas donde la gente ya no puede transitar, porque ahora están vigiladas por la empresa”, denunció Esly.
Además, Inversiones Los Pinares está depositando sedimento en las aguas del río San Pedro, que antes estaba destinado para el consumo humano. El azolvamiento impide el tránsito seguro de los vehículos que trasladan a la gente y productos de primera necesidad, poniendo en riesgo la vida, denuncian pobladores.
La lucha continúa
Para población que se opone a la explotación minera n Tocoa, el proceso de criminalización que se sigue contra los 8 defensores encarcelados es más político que judicial, porque se busca amedrentar o silenciar a la gente que alza su voz contra los proyectos extractivos; expresados en la minería, hidroeléctricas y ahora en las ZEDE.
A pesar de estar en prisión los defensores han expresado a sus familias y organizaciones de derechos humanos, que están firmes en la defensa de la montaña y el agua, y que las acciones de protesta y denuncias deben continuar con mayor fuerza, para develar la complicidad que existe entre los políticos y los empresarios que se benefician con esos proyectos.
La población ha expresado su indignación ante la decisión que tomó el Tribunal de Sentencia de negar la libertad a los 8 luchadores, y han anunciado acciones de protesta en los próximos días.
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