Por Alex Anfruns
Ocho meses después de las elecciones presidenciales de mayo de 2018, que designaron a Nicolás Maduro como el ganador con más de 6 millones de votos (67,8% y 46% de participación), los intentos de deslegitimar a su gobierno aumentaron este mes de enero. Aunque democráticamente elegido, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela está siendo desafiado por una parte de la oposición…. ¡que se negó a participar en las elecciones!
Enero, el mes de todas las resoluciones
Por mal que les pese a algunos, el 10 de enero, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumió oficialmente su cargo. Inmediatamente, la OEA (Organización de Estados Americanos) lo declaró “ilegítimo” en una declaración que fue incansablemente difundida por los medios de comunicación. No es banal observar que la OEA, con sede en Washington, esté presidida por un Luis Almagro repudiado por su propio partido en Uruguay, así como por todas las fuerzas progresistas del continente. Cabe destacar que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechazó la injerencia y envió a un representante mexicano a la investidura, al tiempo que explicó que el respeto a la soberanía es un principio sagrado regido por la Constitución mexicana.
Al día siguiente, antes de hacer lo mismo con el gobierno nicaragüense (elegido con el 72% de los votos y el 68% de los votos), la OEA se reunió para declarar que el voto de más de 6 millones de venezolanos en las elecciones de 2018 no tendía el menor valor, contradiciendo a observadores tan improbables como el ex presidente Jimmy Carter, cuya fundación participó en los muchos procesos electorales de Venezuela y calificó a su sistema de “el mejor del mundo”.
El 15 de enero, el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, inauguró su primera sesión destacándose como la figura principal de la oposición y proponiendo, en el primer punto de la sesión, declarar que el presidente Nicolás Maduro fuese considerado como un “usurpador”. ¿El segundo punto? Alentar a los militares a un golpe de Estado. Muy ordinario todo ello.
Después del fallido levantamiento de un grupo de soldados el lunes 21 de enero, que coincidió con el reciente llamado a deslegitimar al gobierno venezolano por parte del presidente de la oposición en la Asamblea Nacional y las amenazas recurrentes de Estados Unidos, el miércoles 23 de enero se llevaron a cabo sendas marchas de la oposición y de chavistas en Caracas. En los días anteriores, hubo episodios de violencia dirigidos, como los desperfectos al Centro Cultural Robert Serra, nombrado en homenaje al asesinato de un joven diputado chavista. En las redes sociales, los usuarios compartieron una foto de un busto de Chávez colgado de un alambre, otro símbolo del discurso de odio que tampoco perdona a los periodistas. Efectivamente, Madeleine Garcia, una reportera de TeleSUR que se ha dado a conocer por su numerosa cobertura de las crisis políticas sobre el terreno, es designada como objetivo por su supuesta complicidad con la “dictadura”. El día anterior a la marcha, se registraron 4 muertos en enfrentamientos y saqueos.
¿Y ahora qué? No se excluye que la oposición trate de aprovechar un nuevo ciclo de confrontación y violencia para intentar un nuevo golpe de Estado con el apoyo de medios de comunicación internacionales a través de noticias falsas, como fue el caso en abril de 2002. En ese caso, es probable que Estados Unidos esté dispuesto a “ayudar al pueblo de Venezuela a restaurar la democracia”.
La tradición golpista de la oposición
Desde la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, la oposición ha utilizado todos los métodos posibles para evitar la continuidad del chavismo. Ya durante las primeras elecciones de Nicolás Maduro contra Enrique Capriles, había pedido a sus votantes que salieran a la calle después de que se hicieran públicos los resultados que proclamaban la ventaja de Maduro sobre él. El resultado fueron 7 muertes. Esta reacción no sería aceptada en la mayoría de los países, y la oposición que actuara de esta manera sería culpable de una falta de ética en el proceso electoral y una actitud contraria a la separación de poderes. Pero sea lo que sea que haga, independientemente de la gravedad y las consecuencias, la oposición a Venezuela parece confiar en los favores de la opinión pública internacional.
Pocos meses después, a finales de 2013, Leopoldo López, líder de un partido clasificado en la extrema derecha del espectro político, lanzó abiertamente un llamamiento a la insurrección, “La Salida”. Siguiendo un patrón similar al de las revoluciones de color en Europa del Este, López inauguró un ciclo de manifestaciones presentadas como pacíficas, con una avalancha mediática de “falsas noticias” que escondieron su verdadero carácter violento. El resultado: 43 muertos y más de 800 heridos. Pocos meses después del fracaso de este intento de golpe de Estado, el presidente Barack Obama intervendrá a principios de 2015 para activar un decreto que considera a Venezuela como una “amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Esta afirmación forma parte de la tradicional injerencia estadounidense en lo que sus élites han considerado desde 1823 como su “patio trasero”, como fue claramente establecido por la doctrina Monroe.
En las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, la oposición venezolana obtuvo la mayoría de votos en la Asamblea Nacional por primera vez desde la elección de Hugo Chávez. Aunque la oposición anunció el riesgo de fraude electoral en las semanas anteriores a la votación, no impugnó el resultado de las elecciones cuando la designó como ganadora. Sin embargo, tras algunas denuncias de irregularidades, la Corte Suprema de Justicia invalidó la elección de tres diputados de la oposición que se habrían beneficiado de un sistema basado en la compra de votos. A pesar de que, según la Constitución, la Asamblea Nacional está sujeta a las decisiones judiciales de la Corte Suprema, su entonces presidente, Julio Borges, abrió la sesión con la juramentación de los diputados en cuestión. No contento con tomar posesión, la oposición declaró que no aplicaría las decisiones tomadas por el poder ejecutivo, considerando que el gobierno de Maduro era ilegítimo y que sus días estaban contados. Sin embargo, una vez más, el papel que la Constitución otorga a la Asamblea Nacional es asegurar el funcionamiento normal de las políticas públicas mediante la aprobación de las orientaciones generales del poder ejecutivo. Desde entonces, el gobierno ha acusado a la oposición de haberse establecido en una situación de “desacato”.
Sin tener un segundo de respiro, 2016 fue el año en el que la situación económica del país se deterioró de manera decisiva, principalmente debido a un modelo económico basado en la dependencia del precio internacional del petróleo para la exportación. Los intentos de estabilización en el seno de la OPEP tardarán en dar algunos resultados. Paralelamente, se observaron mecanismos de “guerra económica”, como el que se libró contra el Chile de Allende o la Nicaragua sandinista, pero fueron minimizados o incluso considerados como un argumento falaz por los críticos del chavismo.
Sin embargo, mientras tanto las sanciones financieras aumentaban en número, y la llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos a finales de 2016 no iba a ser una excepción a la regla. La administración Trump volverá al hábito de sus predecesores en la política regional, en particular contando con el papel cada vez más activo de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero también tratando de involucrar a los nuevos gobiernos de derecha de la región para que trabajen juntos en un ataque colectivo contra Venezuela, como lo demuestran las tres giras de Mike Pence por América Latina y la más reciente de Mike Pompeo.
En la primavera de 2017, la oposición volvió a las andadas repitiendo el plan de 2014, contando esta vez con el descontento popular que se esperaba que suscitara el deterioro económico. El número de víctimas fue aún mayor que en la última crisis, con 131 muertos esta vez.
Pero esa estrategia demostró ser otro fracaso. Por un lado, gracias a la iniciativa gubernamental de los CLAPs (Comités Locales de Abastecimiento Popular) para enfrentar las dificultades de la población. Por otra parte, las medidas sociales continuaron, como lo demuestra la entrega de dos millones y medio de nuevas viviendas, como parte de la “Gran Misión Vivienda” iniciada en 2011. Sobre todo, Maduro tuvo la audacia de detener este nuevo ciclo de violencia solicitando la participación ciudadana a través de la convocatoria de un referéndum a favor de una Asamblea Constituyente. Logró movilizar a la población en favor de la paz y del retorno a la normalidad democrática.
Dividida, la oposición tuvo que replegarse en sí misma y fue sorprendida por aquel golpe maestro. A pesar de las rivalidades internas y de la indecisión sobre la necesidad de representar sus intereses, la oposición volvió a refugiarse en una posición de negación ante el anuncio de las nuevas elecciones presidenciales de 2018. Observando que aún existía el apoyo popular al chavismo, Trump afirmó entonces que Estados Unidos tenía una “opción militar” para Venezuela. El año pasado, funcionarios estadounidenses admitieron que “el gobierno de Trump mantuvo reuniones secretas con militares rebeldes venezolanos para discutir sus planes de derrocar al presidente Nicolás Maduro”.
La Estrategia del Caos para el Caribe
Después de la huida al extranjero de algunas figuras de la oposición, como Julio Borges y Antonio Ledezma, Venezuela se enfrenta constantemente a una campaña mediática destinada a establecer en la opinión pública internacional la idea de que este país es una dictadura.
El nuevo Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, por lo tanto, no improvisa cuando, el 15 de enero, inaugura la primera agenda de la Asamblea Nacional, con el objetivo de un “acuerdo sobre la declaración de usurpación de la Presidencia de la República y la aplicación de la Constitución para restituirla” en el primer punto, y un “decreto para otorgar amnistía y garantías constitucionales a los militares y civiles que contribuyan a defender la Constitución” en el segundo punto.
El martes 23, en un mensaje de flagrante injerencia, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, alentó a parte del pueblo venezolano a salir a las calles para “restaurar la democracia y la libertad”. En otras palabras, destruir a Venezuela, como a otros países del Sur. Después de tantas intervenciones, ¿la democracia perfecta que Estados Unidos quiere ver emerger sería similar a la de Ucrania, Honduras, Libia o Afganistán? En este momento, no es ningún secreto que el multilateralismo de la ONU no es del gusto de los Estados Unidos. La ilusión que algunas personas tenían en la gestión del presidente Obama se ha hecho añicos. Su promesa de cerrar Guantánamo fue una cortina de humo.
En muchos países europeos, Venezuela sirvió como espantapájaros para asustar a los votantes, haciendo creer a quienes estuvieran tentados por un candidato progresista que la experiencia bolivariana no había beneficiado a su pueblo de ninguna manera. Al actuar de esta manera caricaturesca, la derecha internacional y sus medios de comunicación han ocultado deliberadamente los hechos indiscutibles sobre la reducción de las desigualdades sociales que han caracterizado la política del gobierno venezolano, como el derecho a la vivienda o a la educación. Centrándose en la realidad de los problemas económicos y sus aspectos sensacionalistas, en lugar de tratar de explicar las complejas razones de esta situación, los medios de comunicación han creado la imagen de una Venezuela sumida en el caos con fines políticos.
La oposición política de Venezuela, ahora representada por Juan Guaidó, no sólo acoge con los brazos abiertos cualquier apoyo externo, es decir, lo que empieza a ser ya una tradición de injerencia, sino que ¡ depende de ella para sobrevivir! El hecho de que la UE, el Gobierno francés y otros adopten una postura tan clara contra el Derecho internacional y la soberanía, de la que dependen la paz y el pleno respeto de los derechos humanos, es algo que debería preocuparnos enormemente.
Cuando algunos medios de comunicación asumen por su cuenta la autoproclamación de un opositor de Venezuela que niega la separación de poderes y la Constitución, y justifica su petición de apoyo externo, eso no se llama información, sino propaganda de guerra.
La humanidad está pasando por tiempos difíciles. El derecho a una información justa y objetiva es asunto de todos. Después de tantas guerras y golpes de estado hechos posibles por nuestros gobiernos y cuyo balance nunca se ha hecho, la expresión de la solidaridad entre los indignados, rebeldes, chalecos rojos/amarillos, los luchadores y resistentes de nuestros países y los de los pueblos amenazados de América Latina es la menor de las posibilidades que nos quedan.
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