La Convergencia contra el Continuismo y el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos en Honduras, conformado este último desde hace un año, para acompañar a los oponentes políticos encarcelados, estamos profundamente preocupados por la detención continuada de Eduardo Raúl Álvarez, Edwin Róbelo Espinal y Gustavo Cáceres, recluidos desde hace más de un año en centros penales de máxima seguridad. Así como la impunidad en las muertes de manifestantes entre 2017 y 2018.
¡Si, si y Si!, en Honduras hay presos políticos mismos que han sido víctimas de torturas en cárceles denominadas de máxima seguridad, pero de máxima inseguridad para los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
El régimen de Juan Orlando Hernández, en reiteradas ocasiones, ha rechazado la existencia de presos políticos y las denuncias de torturas formuladas por diversas organizaciones y han asegurado que en el país hay respeto pleno de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Sin embargo, los detenidos por su oposición al gobierno o personas que las autoridades perciben como tales, liberados en diferentes momentos han denunciado haber sufrido torturas o maltratos. De acuerdo al informe que se presenta, desde 2017, hay documentados “más de 171 casos de personas criminalizadas el 18% han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y al menos 13 casos de tortura han sido registrados al interior de los centros penales.
Los 171 criminalizados incluyen a transeúntes, manifestantes y personas que fueron sacadas de sus hogares sin la correspondiente orden judicial.
En esta lista -entre mujeres y hombres- figuran 4 defensores de derechos humanos, distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán y Santa Bárbara. Y a pesar de que se trata de presos políticos ello no implica que sean ubicados en cárceles especiales.
Los jueces no hacen diferencia entre presos políticos y presos comunes. No hay módulos exclusivas para presos políticos. Son ubicados en cárceles comunes junto a privados de libertad peligrosos.
Los principales centros de privación preventiva a los que han sido remitidos son el Centro penal de Ilama, Santa Bárbara, y la cárcel de Morocelí en El Paraíso (más conocidas como El Pozo y La Tolva).
Las torturas físicas más comunes son la privación del sueño e inmovilización, golpes, y ataques. Y la aplicación de torturas psicológicas basadas en aislamiento solitario el hostigamiento por sus convicciones políticas, y gritos y golpes en los módulos vecinos, la imposibilidad de recibir visitas, y la denegación del derecho a la salud, el derecho a la cultura. Según los informes que ha recibido el Codafeh, las condiciones allí son extremas y no hay acceso suficiente a alimentos, agua y medicamentos. “Los tres compañeros privados de libertad están enfermos, incluso al preso político Edwin Espinal, quien estuvo gravemente enfermo durante varios días, se le denegó el acceso a un médico y a medicamentos necesarios, un habeas corpus correctivo interpuesto a su favor en diciembre de 2018 fue denegado. Raúl y Edwin siguen perdiendo peso porque solo se les da pequeñas raciones de comida al día.
Las cárceles en Honduras no se caracterizan por la seguridad que ofrecen a su población, La mayoría acogen a más presos de los que en realidad están preparadas para tener. Por supuesto las condiciones de la mayoría de los presos son infrahumanas.
En julio del año 2014, las Fuerzas Armadas asumieron el control de los centros penales, se aclaró en aquel entonces que los militares tendrían el control externo y los policías penitenciarios tendrían la seguridad interna.
Cuatro años después la presencia militar ha sido reforzada y controlan el interior y exterior de los centros penales con la creación de la Fuerza Nacional de Control de los Centros Penales, conformado por elementos del Batallón de comunicaciones. Poseen su propia estructura y controlan, las cámaras de vigilancia, las señales de comunicación y las entradas y salida del personal y las visitas, entre otros.
En la última semana de enero de 2019 se desarrollaron acciones de protesta en diferentes ciudades del país en el marco del aniversario del fraude electoral, siendo las mayorías de las manifestaciones reprimidas, y al menos 15 personas detenidas de estas, tres fueron criminalizadas, dos en Siguatepeque y una en El Progreso. Se observan en estos casos, igual que en el caso de 2017 y 2018, irregularidades en la detención faltas al debido proceso, marcados por la celebración de juicios expeditos que no permiten que la defensa pueda accesar a la prueba y preparar su estrategia de defensa; no se permitió a los acusados ejercer su derecho a una defensa adecuada.
Reiteramos nuestra exigencia de:
1. Ordenar la libertad inmediata de los presos políticos bajo prisión preventiva, por haber ejercido su legítimo derecho a expresarse y protestar pacíficamente contra el fraude electoral.
2. Asegurar que se garantice el debido proceso en todos los juicios, de conformidad con los estándares internacionales. Priorizando los juicios que inician este lunes 18 de febrero de 2019.
3. Garantizar la vida e integridad de Edwin Róbelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez, objeto de intimidación constante y de una campaña de hostigamiento permanente.
Finalmente, exigimos el cese de la judicialización y criminalización de la protesta social y política
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