Por Marvin Palacios
Palacio Judicial de Santa Bárbara
La protesta pacífica habría sido infiltrada por grupos de choque y de hombres encapuchados y armados, a quienes se señala como los autores del incendio.
El Área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), asumirá la defensa legal de 4 santabarbarenses, entre ellos, 2 defensores de derechos humanos de las comunidades indígenas lencas, acusados por el Ministerio Público (MP) por el delito de “incendio agravado”, en un hecho que se produjo contra las instalaciones de la municipalidad de Las Vegas en el departamento de Santa Bárbara.
Los cuatro ciudadanos, forman parte de un grupo de 31 personas que fueron acusadas por suponerlos responsables de la quema de la Municipalidad de Las Vegas, ocurrida el pasado 18 de junio de 2018.
Palacio Municipal de Las Vegas después del incendio
El incendio se produjo en medio de una protesta popular realizada frente a las instalaciones de dicha corporación, en la que, según testigos, participaron hombres encapuchados y armados, que fueron señalados como los ejecutores del incendio que dañó al menos 5 oficinas donde se custodiaban documentos y equipos de administración.
El 18 de junio de 2018, se escenificó una protesta pacífica protagonizada por simpatizantes de la Alianza de Oposición, quienes protestaron ante las autoridades edilicias por la entrega de las reservas de agua del municipio, el otorgamiento de concesiones mineras, cortes de madera y el fraude electoral de noviembre de 2017.
Sin embargo la protesta pacífica habría sido infiltrada por grupos de choque y de hombres encapuchados y armados, a quienes se señala como los autores del incendio.
Las primeras capturas se produjeron el jueves 30 de agosto de 2018, en la que 12 personas fueron detenidas, entre ellas 3 mujeres, a quienes se les otorgaron medidas distintas a la prisión, mientras que 9 personas, todos hombres) fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad localizada en el municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara, conocida como “El Pozo”.
Existe “una línea” para acallar las voces de los defensores de derechos humanos
Los 9 hombres, entre los que se encuentran 2 defensores de derechos humanos, permanecieron recluidos tres meses en El Pozo (de agosto a noviembre de 2018). Ellos aseguraron a www.defensoresenlinea.com que experimentaron situaciones que pusieron en riesgo su integridad física y emocional.
Los 9 hombres que son considerados como “presos políticos”, por oponerse al fraude electoral perpetrado en noviembre de 2017, siguen un proceso judicial en libertad.
Sin embargo, en una reciente gira realizada por procuradoras de derechos humanos y periodistas del COFADEH a la zona, varios de los imputados, que por razones obvias, no se revelan sus nombres, han expresado que experimentan un ambiente de zozobra, que son víctimas de amenazas, seguimientos y vigilancia por parte de desconocidos y de personal de la alcaldía de Las Vegas, situación que los coloca en situación de riesgo y que temen por sus vidas.
Cabe señalar que la corporación municipal de Las Vegas está bajo el control de la alcaldesa Petrona Afdonifia Pineda, conocida como Mila de Lara, del Partido Nacional, esposa de Ramón Lara Bueso, ex director del Instituto Nacional Agrario (INA), vinculado al caso Pandora.
El caso Pandora implica el desvío de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que fueron destinados para el financiamiento de campañas políticas y que involucra a unas 120 personas, entre políticos de los partidos Liberal y Nacional, funcionarios, activistas y personas particulares.
Aparte de varios defensores que enfrentan la condición de “presos políticos”, también hay líderes, reconocidos por las comunidades, por su trabajo honesto y dirigido hacia el bien común.
El proceso judicial se encuentra actualmente estancado en la Corte de Apelaciones, por las acciones realizadas tanto por el Ministerio Público (MP) como por la parte defensora de los imputados, por lo que aún no se cuenta con una fecha precisa para la celebración del juicio oral y público.
La Corte de Apelaciones confirmó la resolución emitida por el juzgado de primera instancia en la que dictó el auto de prisión por incendio agravado y confirmó también el sobreseimiento provisional por daños.
En el expediente se encuentra una autorización que fue otorgada por el apoderado legal de la Alcaldía de Las Vegas, en la que autoriza al Ministerio Público para que promueva la acción penal. También consta en el expediente de mérito la declaración “como prueba anticipada”, de varios testigos protegidos que aseguran haber visto a los ahora representados por el COFADEH, que participaron en el incendio contra la corporación municipal de Las vegas, extremo que puede ser desvirtuado por testimonios de otras personas.
Se percibe que las declaraciones expresadas por los testigos protegidos estarían siguiendo una especie de “guión ”, con el fin de dañar la imagen de los imputados que son opositores al régimen de Juan Orlando Hernández y en consecuencia opositores al gobierno municipal de Las Vegas, que está en manos del partido Nacional.
Es imposible que un testigo haya identificado a personas específicas en medio de una multitud que participó en una protesta, dijo una vecina de Las Vegas que pidió omitir su nombre.
Por otro lado se puede palpar que existe mala fe hacia defensores de derechos humanos de reconocida trayectoria en Las Vegas y cuyo trabajo consiste en denunciar violaciones, acompañar y observar procesos comunitarios.
El expediente revela que las versiones expresadas por “testigos protegidos”, estarían destinadas a afectar directamente a los defensores, para acallar sus voces y cerrar los espacios de denuncias.
“Quieren criminalizar a los defensores para detener la labor de estas personas, quieren causarles temor en el sentido de que si continúan haciendo su trabajo, van a ser criminalizados, que de hecho ya están criminalizados”, dijo un vecino de Las Vegas que pidió permanecer en el anonimato por temor a sufrir represalias.
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