Por Javier Suazo
Juan Orlando Hernández
Foto: Presidencia de la República
Las dictaduras hay que botarlas, solo la unión de la fuerza política con la fuerza social puede hacerlo
Carlos H. Reyes
El 27 de enero de 2019, el presidente Juan Orlando Hernández (JOH) cumplió su primer año en el poder del segundo periodo de gobierno (2018-2022), acusado de hacer fraude y robarse las elecciones con apoyo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Embajada Americana, una vez que decidió acuerpar todas las acciones del gobierno de Donald Trump, incluyendo el traslado de la capital de Israel a Jerusalén y la intervención en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro del poder.
Para los partidos de oposición, Libertad y Refundación (LibRe), Partido Liberal (la llamada “facción” de la dignidad que encabeza Luis Zelaya) y el PINU-SD, tanto JOH como su gobierno son ilegítimos. Las elecciones donde fue electo presidente, fueron un fraude. No solo se pervirtieron las instituciones encargadas de velar y garantizar un proceso electoral transparente, sino también la mayor parte de los medios de comunicación y organizaciones empresariales y de sociedad civil, que también avalaron el fraude y sumaron felicitaciones a JOH.
El fraude fue evidente por la caída del sistema de cómputo de votos, cuando iba ganando el candidato de la Alianza Opositora, Salvador Nasralla, contratado por autoridades del TSE, donde su presidente, David Matamoros Batson, lo vendió como uno de los mejores de Latinoamérica; pero también por la reversión de la tendencia y la adulteración de actas y trasladado de votos, donde municipios rurales aparecieron con más de 30% y 50% % de los votantes registrados.
Aunque líderes de la oposición siguen en la apuesta de devolverle el triunfo robado a Salvador Nasralla o adelantar elecciones para elegir un gobierno interino, el presidente Hernández luce fuerte. ¿De dónde viene esa fortaleza? Lo primero es la ratificación del apoyo del gobierno norteamericano a JOH como pieza fundamental de su política en la región para control de la migración, tránsito de drogas y acciones de desestabilización contra Daniel Ortega y su gobierno; lo segundo, el control que sigue ejerciendo JOH de la institucionalidad publica ( Congreso, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía), e incluso de las Fuerzas Armadas y Policía, cuyos mandos han jurado lealtad al mandatario; tres, el apoyo de la cooperación multilateral y bilateral sin restricciones; cuarto, la división de la oposición política, y control de los principales medios de comunicación y dirigentes de organizaciones gremiales, campesinas, religiosas y sociedad civil.
Durante 2018, el primer año ganado al fraude electoral, el gobierno de la República siguió con la política de estabilización económica de corte neoliberal iniciada en 2013 con apoyo del FMI, sin importar los impactos negativos en las condiciones de vida de la población. El gran objetivo de política es el control de la inflación, al adoptar el régimen de metas de inflación donde, según el FMI, ha tenido buenos resultados. La inflación en 2018 fue de 4.2%, acompañado de una tasa de crecimiento del PIB de 3.7% (estimado); pero con un nivel de deuda total que supera el 53%/PIB y con un servicio de deuda en ascenso que, aunque no lo reconozca el gobierno, compromete seriamente los recursos para la inversión productiva disminuida por el ajuste fiscal.
La otra cara del ajuste económico, es el desempleo y subempleo. El gobierno aplaude la reducción de la tasa de desempleo abierto de 6.7%/PEA en 2017 a 5.7%/PEA en 2018, que debe ser atribuido (si son válidas las cifras) fundamentalmente al aumento de la precariedad del trabajo y la fuga del empleo por la migración y muerte. Ello explica el aumento de subempleo en el país, uno de los más grandes de Latinoamérica, de 62.8% en 2018 (según cifras oficiales), cuando en 2017 fue de 56%. A los empresarios les resulta más beneficioso la contratación de empleos precarios, o sea trabajadores por hora (tiempo de trabajo insuficiente) sin derechos, o en defecto, pagarles menos del salario mínimo. La migración tiene allí una de sus principales causas, ya que los migrantes también se van por malos trabajos y salarios.
El apego a este libreto es fundamental para JOH, en tanto tiene garantizado el apoyo de la banca para cubrimiento de brechas fiscales y financiamiento de gran parte del gasto social, mayormente compensatorio al ajuste económico. A ello se debe su esfuerzo por lograr a toda costa un nuevo convenio con el FMI que lo blinde en el poder (2018-2022), siendo el principal obstáculo la crisis financiera de la ENEE, ineficiencia y corrupción. Recién salió a luz pública un derroche de dinero por 16.2 millones de dólares por la compra de un Software que ya no se utiliza, ya que la ENEE está en proceso de desaparecer como tal.
La oposición política, principalmente los líderes de los partidos LIBRE y Liberal, han prestado poca atención a los problemas que enfrenta el gobierno con la ENEE y el sobreendeudamiento, sin poder generar una propuesta alternativa que se anteponga a la propuesta que exige el FMI, o sea no continuar con la venta de las empresas públicas y patrimonio del pueblo. En el caso de la ENEE, el gobierno espera contar con una propuesta de partición (reparto de la empresa) en el mes de abril que sea del agrado del FMI, por lo que la oposición política debería elaborar su propia propuesta y presentarla al pueblo.
Honduras enfrenta además un déficit comercial en ascenso, ya que en 2018 superó los 5,500 millones de dólares, explicado fundamentalmente por el aumento sostenido de las importaciones y la caída de las exportaciones, en especial del café. Ni los prestamos ni las remesas familiares pueden con èste déficit estructural, pero el gobierno sigue insistiendo en una política de promoción y venta de productos con escaso valor agregado y del territorio nacional.
En 2018, el gobierno de JOH ejecutó una serie de acciones orientadas a hacer más visible un mayor apoyo a las MiPymes, como respuesta al creciente desempleo y subempleo, y las caravanas de migrantes. Incluso, siguiendo a Iván Duque, está entusiasmado con el concepto de Economía Naranja, al suscribir un crédito con el BID por cerca de 30 millones de dólares, por lo que es de esperar una nueva legislación, fortalecimiento del sistema de innovación y programa 20/20 en este este ámbito que atraiga jóvenes que enfrentan serios problemas de empleo; pero insistimos, sigue en el imaginario de los empresarios y burócratas la generación de empleos precarios como tabla de salvación.
En su discurso de fin año, JOH enfatizó que, con las acciones de combate a la violencia, se han salvado 47,000 vidas en lucha contra el crimen, lo que se refleja en una reducción en la Tasa de Homicidios (¿ hay que hacer una auditoria de la cifras y de los procedimientos de cálculo y registro?), pero habla poco de los altos costos: uno de ellos, quizá el principal, es la creciente militarización de la sociedad hondureña; otro, las violaciones sistemáticas de derechos fundamentales de la población como el derecho a la protesta pública.
Las reformas electorales es otro logro, que visibiliza a JOH frente a la comunidad internacional como un reformador, aunque su Partido le tuvo miedo al balotaje. Ello deja abiertas las puertas para que candidatos a la presidencia de la República ganen una elección con menos de 50% de los votos, incluso con menos de 36%. Es un mal precedente, por los que el Partido Liberal, la llamada facción “decente” que encabeza Luis Zelaya, exige la consulta al pueblo para pedir el balotaje, ya que es poco probable que los diputados del Partido Nacional la acepten.
Los diputados al Congreso de la República, están por aprobar (ratificar) reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas (¿cuentos?), con el propósito de curarse en salud y blindarse contra cualquier investigación futura sobre manejo de fondos públicos, lo que se considera un retroceso en la lucha contra la corrupción e impunidad, tal como lo han denunciado “tibiamente” los voceros de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH). Estas reformas pretender volver secreto de Estado los contratos suscritos en el marco de las Alianza Público-Privadas (APP), lo que puede no ser incluso del agrado del FMI y Embajada Americana.
Los “comandos insurreccionales” que coordina Manuel Zelaya Rosales, en un ejercicio de organización para la lucha política y el gran paro nacional, salieron a las calles a protestar por la instalación de una dictadura en el país y pedir la salida de JOH del poder, pero con esos padrinos externos (EEUU, UE, FMI), e internos (FFAA, COHEP, Congreso, Corte Suprema, prensa mediática), es poco probable que se logre en el corto plazo, más aun cuando la migración masiva de hondureños ha restado fuerza a la oposición partidista, no así a la oposición social frente al proyecto continuista de JOH. Aunque parezca una cruzada difícil, la integración de las agendas de trabajo y lucha de partidos políticos en oposición y grupos y asociaciones de sociedad civil y participación ciudadana, es urgente.
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