En los últimos dos meses el oficialismo ha puesto en marcha un conjunto de leyes, reformas y decretos orientados a blindar actos de corrupción y de esa forma poner límites a las investigaciones que puedan generar procesos judiciales contra los involucrados.
El primer movimiento fue a través de un acuerdo ministerial publicado en la edición del Diario Oficial La Gaceta el pasado 18 de diciembre de 2018, el acuerdo ministerial 842-2018 expresa lo siguiente:
“Reclasificar con carácter de reservado la siguiente información: en base a la solicitud de mérito, considerar de carácter reservado y sujeto de clasificación como tal la siguiente información:
1- Nombres de los integrantes de las comisiones de avalúos de compra y venta de bienes inmuebles de gobierno.
2- Saldos y movimientos bancarios y en libros de las cuentas manejadas por la Tesorería General de la República.
3- Transferencias a los tres Poderes del Estado, para pagos que garanticen seguridad del Estado y la Soberanía Nacional.
4- Registro de beneficiario: todo lo relacionado al PIN y la información contenida en él, ya que es de carácter personal.
5- Pagos que se realizan a través del sistema SIAFI en lo relativo a: a)sueldos, b)deducciones personales.
6- Todo lo relacionado a órdenes judiciales de embargos sobre el sueldo de empleados públicos, excluyéndose de esta reserva los embargos sobre pagos a proveedores del Estado por tratarse de fondos de carácter público.
7- Los estados de cuenta de los montos retenidos por embargos y los movimientos bancarios de la cuenta de embargos, en los que se refiere a embargos decretados desde personas naturales.
8- Los nombres de los embargados.
9- Constancia de pagos de sueldos de planillas de años anteriores, únicamente en lo concerniente a los nombres de favorecidos por dichos sueldos.
10- Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones descentralizadas, en tanto el mismo no haya sido enviado oficialmente al Congreso Nacional para su aprobación.
11- El nombre de inversionistas de los valores gubernamentales.
12- Los productos de consultorías, sistemas informáticos y bases de datos de uso exclusivo para la Secretaría de Finanzas.
Para el diputado Luis Redondo, este acuerdo publicado en La Gaceta es parte de un amplio pacto de impunidad, por lo tanto, con el retiro de la reforma al artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública no hay garantía que en cualquier madrugón pueda ser retomado y de esa forma darle el toque final a este blindaje”.
A criterio del economista del Fosdeh, Ismael Zepeda, este decreto publicado en La Gaceta, es un fuerte golpe a la transparencia, porque ahora limita el acceso a este tipo de información, en el que se incluyen contratos, pago de salarios, productos por consultorías y sistemas informáticos, entre otros.
“Esto golpea la transparencia, y limita la fiscalización ciudadana y de organizaciones que trabajan estos temas económicos”, dijo Zepeda a Radio Progreso.
Además, el diputado de oposición, Luis Redondo, también calificó esto como un ajedrez de la corrupción. Redondo vinculó este decreto con otros movimientos que el Partido Nacional ha puesto en marcha en el Congreso Nacional.
Redondo aseguró que las reformas a la mayor parte del presupuesto general y la propuesta de reformar el artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública, que limita la acción penal del Ministerio Público.
Tal y como lo denunció el parlamentario, en el Congreso, el Partido Nacional ha propiciado dos eventos: el primero la reforma de más de 21 artículos al presupuesto general y que ya fueron aprobados y por otra parte la propuesta presentada por el diputado Marco Paz, que va orientada a limitar las acciones penales de la fiscalía en casos relacionados a corrupción.
Estos movimientos también tienen relación con otros acontecimientos generados en otros poderes del Estado, por ejemplo, el fallo al artículo 131-A de la Ley de Presupuesto, en el que indica en primer lugar que es inconstitucional y en segundo lugar que deberá ser el Tribunal Superior de Cuentas el que plasme mediante un dictamen el involucramiento o no de diputados en casos de manejo indebido de fondos públicos.
Asimismo, la diputada Doris Gutiérrez denunció a medios de comunicación, que los diputados han intentado blindarse con una serie de iniciativas en este inicio de año, por ejemplo, han planteado al Congreso, reformar la Ley del Tribunal Superior de Cuentas que impida la investigación en el uso de fondos por parte de Organizaciones no Gubernamentales.
Un blindaje de diverso alcance
Las alarmas deben estar encendidas en la población hondureña ante este intento de blindar los actos de corrupción en el país. La primera apuesta del gobierno dirigido por Juan Orlando Hernández, fue con el acuerdo ministerial número 842-2018, en el que blinda el acceso a la información.
La segunda, es las reformas a 21 artículos del presupuesto, que se conjuga con este acuerdo ministerial en lo que respecta a la privación de información pública. La tercera corresponde a los intentos de reformar la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, y limitarlo a que investiguen a ONG´S.
La cuarta ha sido la propuesta del diputado Marco Paz, de reformar el artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública. Con esta última la facultad penal, pasa en primera instancia al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), es decir, que el Ministerio Público ya no tiene la libertad para ejecutar una acción penal sobre un acto de corrupción en particular.
Para poder proceder, el Ministerio Público debe pedir al TSC, que emita un fallo sobre el caso que se investiga, y el propio TSC que está dominado por el oficialismo puede dilatar estos procesos, afirma Gutiérrez quien fue consultada sobre el tema.
Para Redondo esto se conjuga con los demás hechos, por ejemplo, si el TSC queda con la acción penal en primera instancia, entonces el TSC debe pedir información sobre los actos relacionados, pero con lo aprobado en el decreto 842-2018, ya no podrá acceder a tal documentación porque ahora es de orden clasificado.
Por lo tanto, el TSC estará limitado de acceso a la información, por ende, no podrá enviar el fallo que el Ministerio Público solicite, por lo tanto, las investigaciones no tendrán avances por los obstáculos generados por la institucionalidad, porque además el Ministerio Público no tendrá la facultad para llevar en primera instancia la acción penal.
Este plan blinda por completo a los diputados y funcionarios que están involucrados en actos de corrupción, otorgándoles impunidad total.
En reacción a este plan general de blindaje, los diputados que conforman el Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, se reunieron con esta entidad, para explicarle a la Misión los alcances que las reformas tendrán en materia de lucha contra la corrupción.
El presidente del Frente, Yavhé Sabillón, dijo que estas medidas son impulsadas por sectores que están preocupados, porque ven en los procesos judiciales contra la corrupción, una amenaza contra su forma de actuar.
Sabillón, afirma que esta medida es promovida por corruptos, que quieren seguir inmunes ante los desfalcos y desvío de fondos públicos. Por su parte la diputada Doris Gutiérrez, considera que este blindaje busca favorecer a la corrupción y darle un respiro a una clase política que está siendo acorralada por los requerimientos fiscales en su contra.
Por su parte, Marco Paz, diputado proyectista para la reforma por adición de la Ley General de la Administración Pública, ha manifestado que determinó retirar el proyecto para que sea socializado con todos los sectores políticos, sociales y empresariales.
Paz dijo que él ha presentado el proyecto y que no responde a presiones de nadie, y de la misma forma dijo que en ningún momento la reforma al artículo 115 limita al Ministerio Público en su accionar penal, pero contradictoriamente reconoció que, la acción penal pasa al TSC.
Jari Dixon dice que solo con el hecho de limitar al Ministerio Público en la acción penal, es suficiente para entender que se le está limitando su accionar, por lo tanto, hay intensiones oscuras de proteger a involucrados en corrupción.
Para el diputado Luis Redondo, no hay que confiarse, porque el anuncio de que se empezará a socializar la reforma no significa que la iniciativa desaparezca de la agenda, y por lo tanto en cualquier momento puede ser sometida a votación.
Los obstáculos del blindaje
Por ahora el único movimiento aprobado en este plan de blindaje ha sido el decreto publicado en La Gaceta en diciembre de 2018, en lo que corresponde a la clasificación de información, pero las reformas al TSC, y al artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública no se han concretado por la presión de diversos sectores.
“Ellos intentaron modificar la Ley del TSC, específicamente el tema de la investigación de las ONG´S, pero la MACCIH y la sociedad civil presionaron, junto a seguramente organismos internacionales y forzaron una reunión con la comisión de dictamen para conocer el asunto”, contó Doris Gutiérrez sobre el tema.
Y es que al conocer el borrador de reformas al TSC, la MACCIH y algunas organizaciones de sociedad civil pegaron el grito al cielo, y pidieron una reunión con la comisión de dictamen que dirige el diputado nacionalista Eder Mejía.
Mejía contó a Radio Progreso que aclararon el asunto y le demostraron a la MACCIH que no buscan reformar la Ley del TSC para proteger a corruptos. Para Gutiérrez, la presión de estos sectores frenó la reforma.
Misma situación ha ocurrido con las reformas a la Ley de Administración Pública, la presión de estos sectores ha hecho que Marco Paz retire el proyecto para socializarlo.
Es evidente que hay un plan de blindaje en marcha, por lo que diputados opositores, sociedad civil y ciudadanía deben estar vigilantes ante los múltiples intentos del oficialismo para protegerse de acusaciones por corrupción.
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