A eso de las 11:50 de la noche, del sábado 23, una silueta asomó por la ventana de la sala judicial donde permanecían por más de 15 horas, defensores del Río Guapinol. La señal fue juntar ambas muñecas de sus manos, como si llevara puestas esposas policiales.
Producto del cansancio por un viaje de ocho horas, desde Tocoa, departamento de Colón, muchas personas se durmieron en el suelo aledaño del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa; pero a las 11:30 de la noche se levantaron, juntaron y retornaron las consignas solidaridas con sus compañeros y compañera, que son tratados como delincuentes, por oponerse a empresas mineras que violentan derechos humanos, convenios internacionales y sentencias para el caso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte- IDH), que determinó llamar al Parque Montaña Botaderos (dónde se instalaría la mina Los Pinares) con el nombre de “Carlos Escaleras” en memoria del ambientalista asesinado hace dos décadas.
A las 11:58 de la noche, compareció públicamente el abogado Carlo Jiménez, del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que como parte del equipo defensor, confirmó lo que se temía.
“El el juez ha dictado prisión preventiva” expresó con un pausado tono de voz. Agregó que el togado Víctor Méndez no tuvo potestad sobre su investidura de Juez con Jurisdicción Nacional, denegando un recurso de inconstitucionalidad, que violenta doctrina y jurisprudencia internacional.
Ellos y ella (defensores) han mostrado su interés en atender el proceso dónde se les responsabiliza de usurpación y daños en perjuicio de empresa minera “Los Pinares”, en Ceibita, municipio de Tocoa, por lo que podían esperar la audiencia inicial gozando de medidas sustitutivas a la prisión, y decretar detención judicial, cómo lo pidió la defensa, explicó Jiménez, pero les dictó prisión preventiva.
Ya pasada las 12 de la noche de este domingo 24, expresó que Méndez determinó enviarlos a Támara, dónde está la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” y el Centro Especial Femenino de Adaptación Social (Cefas), así mismo uno de los criminalizados será llevado al centro penal de Olanchito, departamento de Yoro.
La audiencia inicial será el jueves 28 de febrero, por lo que al defensor llevado a Olanchito, deberá ser traído a Tegucigalpa, lo que será un poco complicado teniendo casi 500 kilómetros de distancia, explicó el abogado Omar Menjivar, integrante del equipo legal de los criminalizados.
Es así que Víctor Méndez siguió la línea del primer Juez con Jurisdicción Nacional, Carlos Irías de León, que tomó el caso en el Juzgado de La Ceiba, el jueves 21, y que habría dicho que no hacer diferente a su labor, y era que no podía darles medidas contrarias a la prisión, según declaraciones emitidas en su momento por Menjivar.
Según el expediente 148-2018 hay 18 personas con orden de captura por los delitos de usurpación y daños en perjuicio de Inversiones Los Pinares, que se instalaría en una zona de amortiguamiento. “Hemos salvado al rio” afirmó uno de los defensores que se vino desde su comunidad a apotar al grupo sometido a una audiencia de más de 20 horas entre viernes y sábado. Sin contar el traslado equivalente a 430 kilómetros de carretera.
“Guapinol está herido pero no vencido” afirmaron los y las pobaldoras, quienes están dispuestos a enfrentar el sistema judicial hondureño, aún sabiendo las consecuencias.
“Sí me criminalizan vengo a presentarme anya el juez” afirmó doña María Victoria, quién a sus 73 años no da muestras de cansancio.
“Ellos saben que no hay mejor acto de revolución que la alegría y están concientes de la grave situación que enfrentan por la situación de país” declaró Berta Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y de la coordinación nacional de la Convergencia Contra el Continuismo, además de la coordinación política la Coalición Contra la Impunidad.
La decisión del juez Víctor Méndez no es tan inesperada, ya que se vive en un régimen dictatorial donde se criminaliza a los y las defensoras del ambiente, y a los que cometen actos de corrupción se le deja en libertad, detalló Esly Banegas, representante de la Coordinado de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
Para Kevin Esquivel, es sorprendente que no cese la impunidad y la corrupción en el país, y hoy su padre, don José Eugenio Esquivel, un hombre de convicciones y solidario, es tratado como un criminal.
Entre los y las criminalizadas hay líderes sociales, comunales, defensores de DDHH, Celebradores de la Palabra de Dios, dirigentes de juntas de agua y compañeros de la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y COPA.
El jueves volverán al juzgado de La Granja:
1. Juan Carlos López (aparece en ambos requerimiento)
2. Carlos Leonel George George (aparece en ambos requerimiento)
3. Reinaldo Dominguez Ramos (aparece en ambos requerimiento)
4. Juventino Cruz Hernandez (aparece en ambos requerimiento)
5. Lourdes Elizabeth Gomez Rodas (aparece en ambos requerimiento)
6.Juan Francisco Cruz Garcia (aparece en ambos requerimiento)
7.Jose Eugenio Esquivel (aparece en ambos requerimiento)
8. Rigoberto Rodríguez Arita (solo aparece en el primero requerimiento)
9.Jose Adalid Cedillo Mendoza (aparece en ambos requerimiento)
10. Juan Manuel Cruz Hernández (aparece en ambos requerimiento)
11. Jose Santos Hernandez (aparece en ambos requerimiento)
12. Marcos Tulio Ramos (solo aparece en el segundo requerimiento)
13. Ally Magdaleno Dominguez Ramos (solo aparece en el segundo requerimiento)
No hay comentarios:
Publicar un comentario