jueves, 28 de febrero de 2019

¿Quién es el culpable del conflicto en Guapinol?



Por Riccy Ponce

“Cuando  vimos que en la  comunidad de Guapinol que el agua se empezó a ensuciar  y no se podía hacer nada con ella, teníamos que comprar el botellón que cuesta 20 lempiras,  entonces no hallábamos  que hacer, el agua parecía como que habían batido un poco de lodo  espeso, y cuando llevábamos  el agua a  la pila, ya empezaba ese mal olor”.

Fue allí cuando nos  unimos  para hacerle frente a la situación y defender el río, expresó María Victoria del Cid del Comité Municipal de Defensora de los Bienes Comunes en el Bajo Aguán.

En un  evento dirigido por la Coalición Contra la Impunidad y realizado en un hotel capitalino, doña María, llevó su testimonio que ha vivido en carne propia desde que decidió defender el río junto a unas mujeres valientes y unos cuatro varones que se animaron, según lo expresó ante los defensores y defensoras que estaban presentes en la sala y que acompañan la lucha de Guapinol.

“Pero por quien  estamos así, se preguntó, digamos el alcalde y la corporación de Tocoa y el presidente también,  porque ellos son los que vendieron y no les importó que nosotros quedemos sin agua. Nosotros estamos haciendo mucho, no solo por nosotros, si no por los jóvenes y por los niños,  por los animales,  porque va a llegar el momento que ni un pez va a ver en el agua  porque el agua se va a secar”, añadió del Cid.

Por su parte Esly Banegas de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA)  y del Comité   Municipal de Defensa de los Bienes Comunes dijo que “la finalidad  de este evento es dar a conocer la serie de ilegalidades y de irregularidades en todo el proceso  de concesión minera que se ha otorgado, en este caso actualmente la representa la Familia Facussé,  el señor  Lenir Pérez  y su esposa  Ana Facussé,  y que ahora se llama Inversiones Los Pinares”.

Agregó que es  todo un proceso de ilegalidades desde el estado, desde instituciones  que debieron inscribir  una zona especial  que se llama parque Nacional Montaña de Botaderos,  que hoy también, a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,   también lleva el nombre de Carlos Escaleras.

Para la coordinadora de COPA “el estado es el culpable de el conflicto en El Aguán,  en los niveles que correspondan, desde  las instituciones  del estado, del poder  ejecutivo, el mismo Congreso Nacional  a través de los diputados y además la corporación municipal en  el municipio de Tocoa”.

A dicho evento también se hizo presente  el abogado Carlos Jiménez, quien se preguntó ¿Quiénes  son  los culpables del conflicto? Así como las  Irregularidades e ilegalidades que están  alrededor de la concesión minera.

“Para empezar vamos a hablar sobre la aprobación nacional sobre el Parque Montaña de Botaderos, el parque fue creado en el 2012 bajo el decreto127 -2012, como área protegida,  que su fin es preservar y conservar los recursos naturales, uno de los objetivos generales establecidos en el decreto”.

A través de la protección es  estimular la protección de los ecosistemas, generar alternativas sostenibles para las comunidades.

Continuó diciendo que ” vamos a ver que este  es un tema recurrente y que tanto en el decreto y en el plan de manejo del parque se hace mención a que es siempre en beneficio de las comunidades  a favor de las  poblaciones locales”.

“El parque, según el decreto de su creación cuenta con una extensión de 96,755.4 hectáreas, de las  cuales  24,223.7 conforman la zona núcleo que es la zona  más importante, la zona  de mayor protección y 7,1531.7 corresponden a la zona de amortiguamiento  que es  la encargada de mitigar los efectos de la actividad humana  alrededor del parque,  para que no alcance precisamente la zona núcleo”, añadió.

Según Jiménez “a pesar de que en el decreto de su creación en el artículo 8 se establece que  el parque debe ser inscrito  en el catalogo de patrimonio  forestal inalienable, esto es como un registro especial de bienes del estado, entonces desde este año  2012 este  Parque Nacional debió haber sido inscrito  en dicho catalogo”.

“La ley de minería prohíbe otorgar  derechos mineros en aéreas protegidas  declaradas e inscritas en este catalogo  por lo que el parque es una zona de exclusión minera.

Desde el 2012 las autoridades del Instituto de Conservación Forestal (ICF) que son las encargadas de  este catalogo tenían la obligación  de proceder a esta inscripción, ya estamos en el 2019 y eso no ha pasado todavía”.

“El parque no ha sido inscrito al catalogo bajo el alegato que el proceso, aunque es indispensable, es costoso y lleva tiempo para realizarse, entonces  por eso justifican que todavía no se considere zona de exclusión minera;  sin embargo en el decreto de su creación ya queda una clausula donde a partir de su publicación en La Gaceta se prohíbe cualquier titulación favor de  particulares en el área protegida”.

“Otras de las arbitrariedades que se están cometiendo es la violación al Plan de Manejo del Parque que establece algunas restricciones a los proyectos mineros, como procesos participativos de socialización con las comunidades a fin de que acepten y se involucren en las etapas del proyecto. También prohíbe realizar actividades mineras en zonas de recarga hídrica o tomas de agua donde se abastecen las comunidades y la construcción de carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riegos”.

Cabe señalar que Después del evento se trasladaron hasta el Ministerio Público a poner la denuncia.

Y como lo expresó Elsy Banegas “el acceso para dicha denuncia  ha sido  la Fiscalía de Defensores de Derechos Humanos,  que creemos que es a quien tenemos nosotros la obligación de presionar y exigirle que nos defienda, porque en este caso el comité  está integrado por defensores y defensoras de derechos humanos  y ambiente.

Añadió que somos  las víctimas y los afectados y en general todo el municipio  que tal vez una  parte que tenga un sentimiento a favor de  la minera por desconocimiento, por desinformación  y porque han coaptado  casi todos los medios de comunicación en la  zona,  pero  en general es un derecho al agua y a la vida.

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