La criminalización, campaña de desprestigio y hasta amenazas a muerte en contra las personas defensoras de derechos humanos y ambientales en el Bajo Aguán, incrementaron a partir de la lucha que mantiene la población del municipio de Tocoa, contra la concesión minera otorgada por el Estado a la empresa “Inversiones Los Pinares”.
De acuerdo a las organizaciones aglutinadas en el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, la campaña de desprestigio y de criminalización se da utilizando los medios de comunicación y en los últimos meses a través de campañas por las redes sociales.
En esta campaña se criminaliza a: Juana Esquivel, Adilia Castro, Juan López, Esly Banegas, Gregorio Vásquez, Reynaldo Domínguez, Leonel George, y otros dirigentes de la aldea Guapinol y del sector San Pedro. Además, la están arremetiendo contra la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan, (COPA), la Fundación San Alonso Rodríguez, entre otras organizaciones.
Antecedentes
En agosto de 2017 se instaló un campamento en la comunidad Guapinol, Tocoa, con el fin de frenar las acciones de la empresa minera Inversiones Los Pinares, la cual busca explotar 200 hectáreas del Parque Nacional “Carlos Escaleras”, para extraer minerales. Desde que inició la exploración, el agua de los ríos San Pedro y Guapinol, se contaminaron poniendo en riesgo la vida de miles de personas y el ecosistema de esta región.
Ante esta situación, la población ha desarrollado decenas de movilizaciones, por varios días estuvo tomada la alcaldía de Tocoa, exigiendo un cabildo abierto para declarar a dicho municipio como territorio libre de explotación minera, sin embargo, sus exigencias hasta hoy no han sido escuchadas. Por estas acciones, la población y en específico los liderazgos han sido víctimas de estigmatización, persecuciones, criminalización y agresiones, por personal de la empresa minera y agentes de las fuerzas represivas del Estado.
“Hacemos un llamado a las autoridades hondureñas a poner fin a todas las medidas represivas contra nosotros, así como a protegernos frente a todos los actos de intimidación o asesinato por parte de actores estatales y privados. Así mismo, a reconocer el papel fundamental que desempeñamos para la preservación del derecho a la tierra, el territorio y la vida”, dijo Juan López, Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
La minera Inversiones los Pinares es propiedad de Lenir Pérez y Ana Isabel Facussé Madrid, hija del fallecido oligarca-terrateniente, Miguel Facusse Barjún, quien fue denunciado por sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los campesinos en el Aguán.
Zona de desarme y militarizada
Desde el año 2012 el Congreso Nacional aprobó una reforma legal que prohibió la portación de armas en el departamento de Colón. En esta zona desde el 2010 hasta agosto del 2012, habían sido asesinados más de 100 campesinos, quienes reclamaban las tierras que según ellos les fueron arrebatadas de manera fraudulenta por terratenientes.
Asimismo, a pesar que, en este departamento se mantiene una fuerte militarización desde el año 2011, la muerte de líderes sociales y de campesinos sigue a la orden del día, como ocurrió el pasado 04 de febrero con el acribillamiento de que fueron objeto, Gerson Leiva y Lucas Bonilla, en la comunidad, La Ceibita.
Vecinos del sector denunciaron que Leiva era el presidente de un Comité de Vigilancia, formado por un grupo de personas armadas que operan en esta zona, además aseguran que era empleado de Inversiones Los Pinares, sin embargo, esto ha sido negado por ejecutivos de la referida empresa minera.
La ola de asesinatos ha provocado represalias en contra de las organizaciones sociales y populares. Para el caso están tratando de incriminar a líderes del asesinato de Gerson Leiva. “Nosotros como Comité en Defensa de los Bienes Comunes, estamos haciendo un llamado enérgico a las autoridades policiales para que investiguen de manera seria y objetiva, para dar con el paradero de los autores material e intelectuales de todos los asesinatos”, indicó el defensor de derechos humanos, Juan López.
Así mismo exigió a la institucionalidad, que no siga el juego a la empresa minera, desde donde se está impulsado la campaña con el propósito de inculpar de un crimen a los defensores del ambiente y defensores de los derechos humanos, dejando a un lado el conflicto minero que afecta a toda la población de Tocoa.
“La situación está difícil porque las amenazas de muerte van subiendo, a la par van atentados y otros abusos, que se vienen registrando desde la llegada de la empresa minera a la zona. Nuestra lucha es pacífica, sin embargo, las comunidades están siendo criminalizadas”, aseguró Reinaldo Domínguez, de la comunidad El Guapinol.
Sostuvo que como producto de la criminalización y las amenazas de muerte que están recibiendo, ya se registra el desplazamiento forzado de 18 miembros de la comunidad de Guapinol y del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa.
En un comunicado el Comité Municipal exige mediante su resistencia pacífica al gobierno central y municipal la cancelación de las concesiones, licencias ambientales, permisos de explotación y declaratoria del Municipio de Tocoa libre de minería.
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