Por Sandra Rodríguez
En el último día de la pasantía en derechos humanos, defensores indígenas criminalizados en el departamento de La Paz, compartieron con la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos, la Tierra y Territorio (RENADETT), sobre la situación que viven en los procesos de recuperación de tierras.
Llegan policías y militares, no se fijan si hay menores de edad o personas mayores, queman las casas, los cultivos, disprand y gasean, es el panorama que expusieron en un conversatorio.
Uno de los ataques más recientes fue contra a base campesina Las Torres, municipio de San Pedro de Tutule, hace dos semanas, los desalojaron violentamente. “Lo más doloroso fue ver cómo nos cortaban los palitos de café con motosierra” para que vuelvan a dar cosecha, hay que esperar tres años, declaró Abil Ortiz.
Quienes ejecutan las órdenes de desalojo,van a lo que van, no dejan que nadie se acerque. Es algo que duele porque de ahí sacamos nuestras cosechas, agregó el campesino e indígena Lenca.
Yessenia Padilla y Nulman Maradiaga, integrantes de la Red de Defensores de Derechos Humanos Indígenas de La Paz- Honduras (REDHIL- Paz), expusieron cuándo una patrulla policial llegó hasta su vivienda a arrestar a la defensora, ella hizo uso del conocimiento legal, y evitó ser capturada.
Yesenia grabó con su teléfono móvil lo que decían los policías, y cuando ella les pidió la orden de captura, estos expresaron no andarla, y ellas les expresó que eso era ilegal y violentaba sus derechos, basándose en la Constitución de la República.
Tiempo después, con las apoderadas legales del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se presentó voluntariamente, y actualmente tiene un proceso legal acusada, supuestamente, por usurpación.
Escuchar la experiencia de lo que han vivido en La Paz, nos pone en alerta, para enfrentar situaciones similares, reaccionó Nelson Alfaro, quien participó en la formación de esta semana.
En Honduras más de 300 mil familias campesinas no tienen acceso a la tierra, y al menos 5,200 personas han sido criminalizados por exigir su derecho a una parcela para cultivos, 700 de ellos son de La Paz. El Instituto Nacional Agrario (INA), ha afirmado que no hay dinero para comprar tierras.
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