Montañas de encanto, paisajes espectaculares, ríos de aguas cristalinas y lugares llenos de cultura e historia se encuentran en cada rincón del departamento de Santa Bárbara. Sin embargo, toda esta riqueza natural y la armonía de sus habitantes, están amenazadas por más de 15 proyectos hidroeléctricos y 23 concesiones para la explotación minera.
Santa Bárbara, está compuesto por 28 municipios. Todos son diferentes arquitectónicamente, pero tienen algo en común: están rodeados de riquezas naturales, y en cada uno de ellos existe tranquilidad, su gente vive sin prisas, sin relojes y sin malos humores. No obstante, los proyectos extractivos, tanto los que están en proceso, como los que están en construcción, poco a poco van arrebatando el buen vivir que por siglos su población ha venido construyendo.
“Los proyectos extractivos prácticamente nos dejarán sin fuentes de agua y contaminará por completo el medio ambiente. Hemos denunciado en reiteradas ocasiones los daños irreparables que estas compañías producen, las amenazas a muerte, persecuciones y ambiente hostil contra los que nos oponemos a este tipo de proyectos”, manifestó Wilfredo Rivera, del Movimiento Ambientalista de Santa Bárbara, (MAS).
Por su parte el reconocido defensor ambientalista, Nolvin Sabillón, aseguró que en dicho departamento fundado el 28 de junio de 1825, la amenaza es latente porque aparte de los proyectos hidroeléctricos y mineros que están aprobados, se está cabildeando para la concesión más proyectos extractivos. “Esto traerá mayor oposición en las comunidades y con eso incrementará la división de su población”.
Conflictividad actual
Sabillón denunció que, en el caso de los proyectos hidroeléctricos, se están instalando en medio de una serie irregularidades e inconsistencias en sus permisos de operación. Las comunidades indígenas no han sido consultadas, tal como lo indica el Convenio 169 de la OIT. Citó como ejemplo la central hidroeléctrica El Rancho, sobre el río Jicatuyo, proyecto que afecta a los municipios de San Luís y Atima,
Lo mismo pasa con las comunidades en la zona alta del municipio de Quimistán, donde existe un peligro inminente producto de la instalación de la represa hidroeléctrica Santa Lucía, que está avanzada en 90%. Y, a pesar que existe un fuerte rechazo por parte de la población, en la actualidad pretenden construir una segunda represa hidroeléctrica siempre sobre el río Cuyagual.
Este importante afluente abastece del vital líquido a centenares de comunidades de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés. La instalación de este proyecto hidroeléctrico tiene toda la colaboración de la alcaldía municipal contralada por la dinastía “cachureca” de apellido Guevara, misma que da la espalda al pueblo que exige protección a las fuentes de agua.
Mientras tanto, a pesar que los habitantes del municipio de Chinda, en cabildo abierto se auto-declararon territorio libre de proyectos hidroeléctricos; la represa hidroeléctrica “El Tornillito”, realiza operaciones para instalarse en el río Ulúa. La concesión y los permisos de operación se otorgaron a la empresa Hidrovolcán bajo el objetivo de generación de 150 megas de energía limpia, que representa la mitad de lo que produce la represa “El Cajón”.
“Las comunidades indígenas de Chinda ven con preocupación la instalación del proyecto, ya que el embalse de la represa impactará de forma irreversible en la mayor parte del municipio. Varias aldeas y barrios del caso urbano van a desaparecer, incluso centenares de manzanas de tierras productivas quedarán bajo las aguas”, aseguró la coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense, Betty Vásquez.
Vásquez, reiteró que las hidroeléctricas alardean de producir energía limpia. Sin embargo, en realidad no es así, ya que incrementan la corrupción en las mismas comunidades, dividen a la población, manipulan a unos pocos empleados y corrompen a las autoridades edilicias para que les despejen de obstáculos las veredas jurídicas y administrativas por donde pasa su maquinaria empresarial.
En la actualidad en Honduras más de 30 municipios se han declarado libres de explotación minera y proyectos hidroeléctricos. El primero fue el municipio de El Negrito, Yoro, y entre los más recientes se encuentran: San José en La Paz; El Triunfo, Choluteca, y San Nicolás, Santa Bárbara.
Un país concesionado
El Estado de Honduras ha otorgado 302 concesiones para la explotación y exploración minera en una superficie territorial de 2.173 kilómetros cuadrados, dejando daños al medio ambiente y a la vida de las comunidades, según un informe del Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos 2017.
El estudio elaborado por el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (Cehprodec), establece que aparte de las que ya están aprobadas, existían hasta septiembre de 2017 un promedio de 193 solicitudes de concesiones mineras, que están en proceso en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).
También refiere que, de las 302 concesiones vigentes y de acuerdo a los datos de Inhgeomin, 85 son metálicas y el resto no metálicas. Sin embargo, en estas categorías no se incluye las concesiones de óxido de hierro, porque paradójicamente el gobierno no las considera actividades mineras.
“Con la instauración de proyectos mineros las personas se expones a ser desalojadas de sus comunidades, no habrá agua o la misma será contaminada con minerales, implicando serios problemas ambientales y de salud, señaló Betty Vásquez.
“Rechazamos los proyectos hidroeléctricos y mineros porque expresan corrupción del Gobierno central y gobiernos municipales, al poner en manos de Compañías nacionales y extranjeras la venta de nuestros bienes naturales, la soberanía de nuestro territorio y el destrozo del presente y el futuro de nuestras comunidades”, concluyó Vásquez.
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