Por Marvin Palacios
Un equipo del Área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), realiza en los Juzgados de Letras, Seccional de La Paz, una inspección en los expedientes que contienen requerimientos fiscales contra campesinos y campesinas que enfrentan acusaciones, en su lucha por la recuperación de tierras.
Las acusaciones contra dichas personas, que también son indígenas lencas, van desde usurpación de tierras, daños agravados y amenazas, y son promovidas ante el Ministerio Público, por terratenientes y particulares que reclaman las tierras ocupadas; como propias.
Pérdidas por desalojo violento
Son 2 las bases campesinas afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) a quienes brinda asesoría, formación en derechos humanos y acompañamiento jurídico el COFADEH. Se trata del Grupo Campesino 9 de Julio y el Grupo Campesino 8 de febrero.
En la revisión realizada en el expediente del Grupo Campesino 9 de Julio que recuperó tierras en la Finca El Porvenir, en el sector de las Huertas, municipio de San Pedro de Tutule, se constató que del total de las personas imputadas que conforman la base de la 9 de julio, gran parte de ellas ya obtuvieron su carta de libertad definitiva.
Cabe señalar que este caso, que fue promovido ante la Fiscalía por Carlos Benjamín Arriaga, que reclamaba como propias las tierras, el Instituto Nacional Agrario (INA), a petición del grupo campesino, permitió poder exonerar de todos los cargos a los imputados y asimismo concretar una negociación que facilitará la adquisición de dichas tierras a la 9 de Julio, mediante la figura legal de la compra-venta.
Hay que destacar que la 9 de julio enfrentó desde el año 2014, una serie de desalojos violentos que produjeron graves violaciones a los derechos humanos de sus integrantes. Las acciones emprendidas por los juzgados competentes violaron los estándares internacionales concernientes a la ejecución de desalojo de personas.
De tal manera que se registraron abortos en mujeres embarazadas que fueron expuestas a la inhalación de gases lacrimógenos. Y por otra parte al menos 2 indígenas lencas resultaron con heridas de armas de fuego disparadas por agentes del estado, durante los violentos desalojos.
Nuevas criminalizaciones surgen en contra del Grupo Campesino 8 de Febrero
El 25 de febrero de 2017, el Grupo Campesino 8 de Febrero procedió a la recuperación de 10 manzanas de tierras en el sitio denominado Liquidámbar, localizado en la aldea Lepaguare, jurisdicción del municipio de San Pedro de Tutule.
Frente a esta acción, la señora Rosario Domínguez Reynoso interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en la que se proclama como única y legítima dueña.
Es así que la fiscalía promovió requerimientos fiscales contra los miembros de dicha base campesina e indígena, por suponerlos responsables del delito de usurpación.
El COFADEH en su condición de representante legal de algunos de los miembros acusados, verificó en el expediente 034-4-2017, que existe una programación para realizar una audiencia preliminar el jueves 14 de febrero de 2019.
Esta audiencia implica una de las partes iniciales del proceso acusatorio, en donde se valorará la clasificación del delito y la identificación tanto de la ofendida como de los imputados.
En esta audiencia, la fiscalía podría agregar nuevos delitos o faltas en las que hayan incurrido los imputados e imputadas. Parte del proceso preliminar establece el vínculo para poder llevar a cabo la audiencia inicial.
Otro aspecto a destacar, es que en la audiencia preliminar, el juez puede establecer un sobreseimiento provisional u otorgar medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, como algunos de sus miembros tienen; entre ellas, firmar el libro de registro cada semana, no salir del país, no tener contacto con la ofendida y no acercarse al predio en disputa.
El pasado 4 de febrero, fiscales, jueces y agentes policiales y militares ejecutaron un violento desalojo contra el Grupo Campesino Las Torres. En esta acción los militares y policías haciendo uso de motosierras y machetes, procedieron a cortar cultivos de café que las familias campesinas habían sembrado y se aprestaban a cosechar.
Por otra parte, los afectados aseguraron que los agentes del estado, dispararon bala viva contra las familias campesinas. Afortunadamente no hubo heridos producto de los disparos.
Las familias campesinas estiman que las pérdidas por la destrucción de los cafetales asciende a más de 30 mil lempiras, y otros montos al considerar los daños a las viviendas.
El fiscal que ejecutó el violento desalojo es Carlos Herrera y los que se hacen llamar dueños legítimos del bien en disputa, son los herederos de Enrique Bustillo, quien al parecer es un gran terrateniente de la Lepaguare, municipio de San Pedro de Tutule.
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