Centenares de ríos se están llenado de pequeñas represas hidroeléctricas que al final se convierten en grandes problemas para las comunidades quienes por siempre los han cuidado y convivido con ellos. Pero a la par de estos proyectos, la población se está organizando para oponerse a la privatización de sus afluentes, tal es el caso de más de 40 comunidades de Tela, Atlántida y El Progreso, Yoro, quienes están librando una pertinaz lucha contra la instalación de represas en los ríos Mezapita, Pajuiles y Las Metalias.
“Hemos comenzado a recibir los impactos negativos en el proceso de exploración de uno de los proyectos que se pretende instalar sobre el río Pajuiles. Desde abril que comenzó el agua potable que abastece a las comunidades salía sucia y fue a partir de allí que nos dimos cuenta que se pretendía construir una represa”, manifestó Elías Alvares, presidente de la Asociación de Comunidades en la Defensa de los Bienes Naturales en la cordillera Nombre de Dios.
Indicó que ellos en ningún momento fueron consultados para ver si estaban de acuerdo o no con la instalación de proyectos hidroeléctricos en los ríos que abastecen de agua a las 40 comunidades de las cuales seis pertenecen a El Progreso y 34 al municipio de Tela, Atlántida. “Por no llorar reímos al conocer cómo desde arriba se entregan los ríos a espaldas de las comunidades”, dijo Genaro Pineda habitante de Mezapa, Atlántida.
Este proyecto que fue aprobado en junio de 2010, por el Congreso Nacional a un plazo de 30 años es propiedad de Jason Hawit Bueso, y está dentro de la categoría de “Pequeños Proyectos Hidroeléctricos”, debido a que la capacidad instalada es inferior a 20 Mega watts. Sin embargo para las comunidades significa represar los ríos que les abastece de agua.
“Estamos preocupadas porque en verano se disminuye la corriente del río y si se instala la represa la poca agua que hay se va quedar allí, entonces ¿de dónde vamos a sacar agua potable nosotros? es por eso que estamos en esta lucha para que nos dejen libre el río Pajuiles”, indicó Marcelina Aguilar vecina de la aldea Pajuiles, jurisdicción de Tela.
Para el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ “este acto criminal es uno más en la escalada de presiones que están sufriendo las comunidades del departamento de Atlántida por parte de numerosas empresas que violentando las leyes, queriéndose apropiar de los recursos hídricos del departamento”, denunció la organización.
La población decidirá
A exigencia de las comunidades la corporación municipal, que encabeza el alcalde de Tela, Atlántida, Mario Alberto Fuentes Morales, aprobó un cabido abierto para desarrollarlo el próximo 28 de junio en Mezapa. “En este cabildo abierto vamos a participar 36 comunidades del municipio de Tela y estarán como invitadas algunas comunidades de El Progreso”, indicó el dirigente comunitario Genaro Pineda.
Por su parte Elías Alvares dijo que en este cabildo se pedirá se declaren los ríos; Pajuiles, Mezapa y Las Metalias, como zonas productoras de agua de exclusivo consumo humano. “Las comunidades ya estamos de acuerdo en eso, hemos realizado asambleas en cada aldea y ese ha sido el mandato”, indicó.
“En Progreso hay seis comunidades que tenemos nuestras represas en los referidos ríos y por eso estamos apoyando esta lucha. No queremos que el día de mañana nos quedemos sin agua o con el agua contaminada porque la represa después que utiliza el agua la tira al río”, aseguró Cristóbal Gutiérrez de la Junta de Agua de Urraco Pueblo, El Progreso.
Agregó que hoy más que nunca es necesario mantenerse firmes y organizados para seguir en la lucha loca y regional. Nuestro compromiso es de mantenernos en lucha contra las compañías que se apropian de las riquezas, vamos en defensa de los derechos, en defensa de los ríos, del agua y de la vida.
Proceso de entrega de ríos
A partir del golpe de Estado en Honduras en el año 2009, se aceleró el declive en materia de derechos humanos en todo el país, situación que afectó severamente a los pueblos ante un incremento de la privatización de los ríos para la construcción de represas hidroeléctricas.
El derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, se fue obviado o tergiversado en el caso de la construcción de la hidroeléctrica del Patuca III, incluyendo las concesiones de más de medio centenar de cuencas hidrográficas -muchas de ellas en territorios de los pueblos indígenas- a la iniciativa privada, además de múltiples concesiones mineras en comunidades indígenas.
La disputa por la apropiación privada sobre los bienes naturales como el agua y la energía es cada vez más creciente en detrimento de la naturaleza y la vida. Las poblaciones afectadas que luchan por la sobrevivencia y sus derechos denunciando las violaciones cometidas por las compañías, también sufren con la criminalización de sus organizaciones, además de las amenazas y asesinatos de sus liderazgos.
Es en este contexto que las comunidades se han organizado para defender los bienes naturales, pero los intereses económicos han montado persecución contra la dirigencia llegando hasta acabar la vida de varias personas, como es el caso de la líder indígena Berta Cáceres quién fue asesinada a sangre fría.
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), fue asesinada a tiros por desconocidos que la madrugada del 3 de marzo entraron a su casa en la comunidad occidental de La Esperanza.
Cinco personas están presas por el caso, incluido un alto empleado de la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA), que había amenazado a Cáceres por oponerse a la construcción de la represa Agua Zarca sobre el río Gualcarque, que atraviesa las comunidades Lencas en el departamento de Intibucá.
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