Por Sandra Rodríguez
Dos campesinos fueron ejecutados por hombres armados en la comunidad de San José de la Sierra, Quimistán, Santa Bárbara, el pasado 29 de junio, cuando estaban en proceso de recuperación de tierras.
Las víctimas eran miembros de la Empresa Asociativa Campesina "MANÁ", dedicados a cultivar la tierra, Leonardo Bustillo de 67 años y Gabriel Castro Cruz, de 70 años, quien además era pastor de una iglesia evangélica local.
Los cuerpos de los campesinos aparecieron desnudos, con impactos de bala y con señales de golpes y torturas, en las aguas del Río Chamelecón, el 30 de junio.
“Yo aún no puedo quitarme esas imágenes de la cabeza, como nos atacaban y los disparos derribaban a mis compañeros”, manifestó con la voz entrecortada uno de los campesinos que a sus 63 años logró escapar.
En algunos medios de comunicación dicen que nuestros compañeros eran guardias de seguridad privada, pero ellos eran campesinos de la tercera edad, por lo que en el ataque armado no pudieron escapar de las balas de hombres desconocidos, denunció un grupo de campesinos de Quimistán.
Los y las campesinas, denuncian una constante persecución de parte del supuesto dueño de la tierra Roberto Paz Aguiluz, quien imponiendo terror se quiere apropiar de 634 manzanas de tierra, aptas para la agricultura.
Los predios describen- que están dentro del título privado "Palos blncos" identificado como Lote "A", del plano de compra hecho al Estado de Honduras, por parte de Vasco de Reina, un cobrador de impuestos de la Corona Española (1630) y este a su vez fue comprado por Pedro Borjas (1700), y de ahí en posesión de herencia le pertenece a Óscar Leonel Paz Moreno, con quien 62 familias campesinas unidas en tres grupos hicieron un trato de coinversión, apenas nueve días antes de la masacre.
Ahora estamos dispersos, no sabemos sobre nuestras familias, las masacres que ocurren tierra adentro quedan en el anonimato, la vida de nuestros compañeros queda en la impunidad, y su sangre no es para abonar la tierra, manifiestas las víctimas que lograron escapar.
Las familias de San José de la Sierra, temen correr el mismo fin de Bustillo y Cruz, pero también peligra la situación alimenticia y de vivienda, ya que como se ha evidenciado es un grupo de personas mayores de 60 años, menores de 10 años y mujeres.
“Estamos haciendo patria con sangre y ésta sangre no le sirve de abono a la tierra, lo que sirve de abono para la tierra es el agua del cielo y la mecanización nuestra rudimentaria, expresó uno de los campesinos.
En Honduras, 300 mil familias campesinas carecen de tierras para sobrevivir, por lo que deciden iniciar procesos de recuperación de tierras, pero son criminalizados, desalojados violentamente, estigmatizados y asesinados.
La violación de los derechos humanos se extiende a miles de campesinos y campesinas, pueblos indígenas y negros, teniendo datos de más de 5,000 personas con procesos en los Tribunales de la República, por problemas agrarios, entre ellos más de 1,700 mujeres, alrededor de 200 campesinas y campesinos asesinados y muchos sometidos a una persecución sistemática.
Los y las campesinas víctimas de ataques en Quimistán, expresan que no basta con tener muchas leyes para que se les respete sus derechos, por lo que exigen al Congreso Nacional que apruebe el proyecto de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, propuesta de Ley de Despenalización de la Lucha Campesina e Indígena, Ley de consulta previa, libre e informada para proteger los territorios y los recursos de los pueblos originarios, ya que la tierra debe estar en manos de quien la trabaja, no quien a fuerza de armas y derramamiento de sangre los expropie.
Así mismo solicitan a las autoridades encargadas de hacer justicia, que investiguen los hechos del 29 de junio en San José de la Sierra, para que la muerte de sus compañeros no quede en la impunidad, y los demás puedan regresar a reconstruir lo que quedó reducido a cenizas en ese ataque.
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