Esta semana se cumplieron cinco años del asesinato del comunicador social Nery Geremías Orellana y hasta la fecha no hay justicia. “No hay ningún avance en las investigaciones, por lo tanto el caso se está documentando para presentarlo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, indicó la abogada Brenda Mejía, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric).
Orellana de 26 años, era el director de radio Joconguera del municipio de Candelaria, departamento de Lempira y también desarrollaba una corresponsalía para Radio Progreso. Fue asesinado el 14 de julio del 2011. Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos reflejan que desde 2003 a la fecha han muerto 63 hondureños ligados a medios de comunicación y el 95% de los casos están en la impunidad.
“Las instancias encargadas de investigar e impartir justicia no han hecho lo suficiente para esclarecer los hechos ocurridos y castigar a los responsables del asesinato de Nery Jeremías por lo tanto no quedará de otra que buscar la justicia internacional. Imagínese que fuimos a la Fiscalía de Gracias, Lempira, y no pudieron ubicar el expediente de la víctima”, indicó Mejía.
¿Cómo sucedió el asesinato?
Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, esto lo constatan las cifras de comunicadores asesinados. Fue el 14 de julio del año 2011, mientras Nery se conducía en su motocicleta de su lugar de residencia en la aldea de San Lorenzo hacia la emisora en el municipio de Candelaria, fue tiroteado por desconocidos.
El cuerpo aún con vida de Orellana fue encontrado a las 9:30 de la mañana sobre la carretera. Luego fue llevado a la clínica pública de la localidad donde le dieron los primeros auxilios, pero ante la gravedad de la herida fue llevado en ambulancia hacia el hospital público del Municipio de Sensuntepeque, de El Salvador, donde murió como resultado de un impacto de bala en el cráneo.
A las 9:26 de la mañana Orellana se comunicó a Radio Progreso y confirmó su participación en la reunión de radios comunitarias de la zona occidental a realizarse el 15 de julio en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá. Minutos más tarde, a las 9:30 de la mañana, fue interceptado por dos individuos quienes le dispararon.
El comunicador social, como director y administrador de la radio, le abrió los espacios comunicativos a la iglesia católica para que trasmitiera sus misas, y lo mismo habría hecho con el Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), al darle la oportunidad de divulgar su programa.
La radio Joconguera, a pesar de ser una radio comercial, había puesto sus espacios informativos al servicio comunitario y es un canal comunicativo que denuncia constantemente las atrocidades que se cometen contra las comunidades de la zona.
Nery Jeremías Orellana venía denunciando desde hacía varias semanas por radio Joconguera y Radio Progreso, la problemática existente en el sector salud. Había una toma del centro de salud, exigiendo un mejor servicio y que no se estuviera haciendo negocio con las medicinas.
En esta manifestación se dieron amenazas por parte de un notable personaje de la comunidad. Nery Jeremías hizo pública las declaraciones de testigos de esa actitud intimidante y amenazas del señor. Días después de esa denuncia, es asesinado.
De los dos supuestos autores materiales, uno es asesinado tres meses después, el otro está prófugo.
Periodistas asesinados
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras informó que entre 2001 y 2015 han muerto de manera violenta al menos 63 personas ligadas a los medios de comunicación, entre ellos: periodistas, comunicadores sociales y propietarios.
De los 63 comunicadores asesinados, el 95% han quedado impunes, además, indica que los departamentos de Francisco Morazán (centro), Cortés y Yoro (norte) y Olancho (oriente) son las cuatro regiones que en los últimos 15 años registraron los índices más altos de asesinatos de personas ligadas a los medios de comunicación.
En el período de referencia, 18 personas vinculadas a los medios de comunicación fueron asesinadas en Francisco Morazán y 12 en Cortés, mientras Yoro y Olancho registraron 5 muertes cada uno, según el informe del Comisionado.
La abogada Brenda Mejía, exigió a las autoridades encargadas de la seguridad en el país que adopten medidas preventivas efectivas para garantizar el derecho a la vida y la integridad física de personas ligadas a los medios de comunicación.
Además instó a las autoridades a que hagan efectivas las medidas cautelares solicitadas para proteger la vida de periodistas y comunicadores sociales en Honduras.
Enfatizó que la libertad de expresión es piedra angular de la democracia, porque favorece el debate público, la participación ciudadana y el control del poder político.
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