Por Sandra Rodríguez
Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia el uso excesivo del sistema penal en la protesta social, el sistema de justicia hondureño continúa penalizando las acciones pacíficas de la lucha estudiantil.
Con medidas sustitutivas a la prisión permanecerán tres de los seis estudiantes requeridos con orden de captura por suponerlos responsables de las protestas sociales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en una cacería estudiantil promovida por autoridades del Alma Mater.
Al igual que los estudiantes de la UNAH- Valle de Sula se les aplicaron tres medidas a Izhar Alonzo, Moisés Cáceres y Cesario Padilla, quienes deberán presentarse cada 15 días a firmar al Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, y no pueden participar en las manifestaciones que libran desde inicios de este mes, los y las universitarias; y no salir del país, mientras dure el proceso.
La defensa de dos estudiantes, expuso ante el juez ejecutor, por qué los jóvenes se encontraban en el lugar de las manifestaciones, Cáceres es defensor de derechos humanos, por lo tanto estaba como observador y Padilla egresado de la carrera de periodismo, ejercía su labor informativa.
Ambos defensores, han sido dirigentes estudiantiles, por lo que esta orden de captura librada el pasado 7 de junio, a mandato de las autoridades de la UNAH que rectora Julieta Castellanos, se ha catalogado como una persecución política, contra los que defienden la educación pública, oponiéndose a las normas en vías de la privatización de dicha institución.
La defensa ha manifestado que la acusación no tiene base legal, por lo tanto es violatoria a ejercer la defensa de los derechos humanos como la libertad de prensa, ya que se les acusa de Usurpación de suelos de uso de dominio público en perjuicio de la UNAH, pero lo que se desarrolla ahí son tomas no con el fin de adueñarse del los bienes, sino de exigir sus derechos.
Cesario Padilla está por egresar de la carrera de periodismo, y Moisés Cáceres de sociología, el delito real del cual se les acusa, es acompañar en la defensa de la educación pública y demandar democracia en la UNAH.
Más de 20 estudiantes han sido criminalizados por suponerlos responsables usurpar los edificios de la UNAH, en los campus de San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca y Tegucigalpa. Ellos no deben acercarse a la UNAH, mientras continúen las protestas sociales, pese a que están matriculados actualmente.
Se han dado irregularidades en estos requerimientos, al perseguir a estudiantes que no han estados en las tomas, asambleas o movilizaciones, como el caso de Dayanara Castillo, quien desde el año pasado huyó del país, por la misma persecución de la cual es víctima desde el año 2014 en la UNAH, y fue a estudiar a Costa Rica.
En el caso de los estudiantes Sergio Ulloa, Josué Velásquez y Cesario Padilla, esta es una doble criminalización, ya que el año pasado se les acusó del mismo delito y por ellos tienen medidas sustitutivas.
En general, a los más de 10 universitarios que se han manifestado públicamente, desde las máximas autoridades se les ha estigmatizado comparándoles con delincuentes y torturadores como lo hacían en la década de los ochentas, con la doctrina de seguridad nacional, donde se perseguía, desaparecía y asesinaba a los líderes sociales.
Los llaman “encapuchados” no solo la rectora, sino en los medios de comunicación, y es que los y las jóvenes se cubren el rostro, justo por temor a la persecución y levantamiento de perfiles de parte de agentes estatales, desde dentro de los predios universitarios.
Por su parte la juventud afirma que vive una fiesta académica, aprendiendo a defenderse en la vida, no solo como lo que les enseñan en las aulas de clases, lo que se queda en pura teoría. Ya que la realidad social y política es otra, y lo están enfrentando ante personas que más bien deberían velar por su bienestar.
Hasta el día de hoy, el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) continúa exigiendo un diálogo abierto para presentar su propuesta de no más criminalización, que se suspendan las ordenes de captura contra sus compañeros, no más militarización y la derogación de reformas que llevan a la privatización de la educación pública universitaria y que ha dejado a miles de jóvenes sin la posibilidad se estudiar en la UNAH.
Lo que han recibido es la cancelación de los periodos académicos de las carreras de Odontología, Historia de Honduras, Sociología y Trabajo Social. De continuar las manifestaciones, mañana se cancelaria a las demás carreras.
Son más de 70 mil estudiantes de la UNAH a nivel nacional, quienes se ven afectados por la negación de diálogo de parte de sus autoridades, quienes han impuesto un diálogo segmentado, que al final de la jornada, critican negativamente la postura de los jóvenes, al presentar las propuestas del MEU.
Este día, tres de los seis estudiantes universitarios criminalizados en Tegucigalpa, por suponerlos responsables de usurpar las instalaciones de la UNAH, recibieron medidas preventivas a la prisión, y deberán presentarse a audiencia el próximo 26 de julio a audiencia inicial.
Los criminalizados en la UNAH-VS se presentan el próximo 8 de julio, mientras que los manifestantes de Comayagua serán visitados mañana por defensores del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), para conocer detalles de las ordenes de captura contra ocho estudiantes.
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