Por Javier Suazo
“No puede haber reforma universitaria sin participación estudiantil”
Ramón Oquelí, sociólogo y catedrático universitario
Todo estaba listo para reiniciar las clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el viernes 1 de julio de 2016, después de un mes de ausencia por la toma de edificios por los alumnos, denuncias de persecución de estos por operadores de justicia y empresa de seguridad interna, y posiciones encontradas entre las partes (autoridades y alumnos) en cuanto a la falta de confianza y garantías previas para ello.
Sin embargo, el punto crítico no superado por las partes, fue el no cumplimiento simultáneo de las condiciones exigidas para conformar la mesa de diálogo. Por el lado de los alumnos es la ausencia de garantías reales por las autoridades de la UNAH y la Fiscalía para no criminalizarlos como delincuentes, por las autoridades el abandono de las tomas de edificios para poder reiniciar las clases.
La madrugada del viernes 1 de julio de 2016, sucedió lo contrario a la búsqueda del dialogo como solución de conflictos, o sea el desalojo de los alumnos por la Fuerza de Seguridad Publica, con un Comisionado de Policía y Juez Ejecutor a la cabeza, que incluso capturaron a más de veinte alumnos sin tener en mano la orden emitida según denunciaron defensores de derechos humanos. La criminalización de la protesta pública se dio sin que se conociera la orden de requerimiento fiscal y nombre del imputado; es decir que, con ello, todos los alumnos participes de las tomas de edificios son sujetos de criminalización.
Para los voceros de la policía, la principal justificación para apresarlos es que estos se cubren el rostro y, por tanto, son delincuentes. Los representantes de las organizaciones de derechos humanos consideran estas acciones como una violación al derecho constitucional de la protesta pública y a los principios universales que rigen (o deben hacerlo) la conducta de las autoridades constituidas y de las propias personas portadoras de derechos.
Esta intervención es un clara violación a la autonomía universitaria, donde la protesta se criminaliza por decreto sin agotar la instancia del diálogo que debe ser la pauta en una Institución que lidera la educación superior de Honduras, y donde el conocimiento, pluralismo ideológico, tolerancia y respeto mutuo debe ser la norma que marca la intervención de los actores reales (alumnos, autoridades universitarias y docentes) en la llamada reforma universitaria iniciada con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la UNAH en diciembre de 2004 y efectiva a partir de febrero de 2005, que crea una Comisión de Transición para asegurar una reforma integral de la Institución.
Tanto en la Ley Orgánica y Plan General para la Reforma Integral de la UNAH de 2005, se descarta de entrada el uso de la fuerza para solucionar los problemas que aquejan a la institución, en especial cuando se trata de temas relacionados con la academia. Es más, promueve el diálogo entre actores para que ello no suceda, dando legitimidad y confianza a cada actor. La razón e inteligencia debe privar frente al uso de la fuerza, no lo contrario.
Lo que sucedió en día viernes 1 de julio de 2016 es un mal precedente para la UNAH, ya que se renuncia al diálogo y utiliza la vía más fácil de solución de conflictos: la Fuerza. Pero también muestra a la UNAH como una institución poco democrática y pluralista, en el sentido de no reconocer que los derechos establecidos para cada actor real de la reforma universitaria deben cumplirse, igual exigirse sus deberes.
Uno de estos derechos es la participación y representación de los alumnos y docentes en los órganos e instancias de dirección de la UNAH, tal como establece la Ley Orgánica. No se trata de volver a la llamada “paridad estudiantil” que tanto daño le hizo a la UNAH en la década de los 80s y parte de los 90s, sino equilibrar la representación frente a la propuesta de imponer por un actor los representantes de los demás actores.
Una de la criticas de fondo a las actuales autoridades universitarias es la falta de liderazgo en la integración de un gobierno universitario equilibrado, donde tanto los docentes y alumnos se sientan representados y participes de la reforma que soñó el Doctor Jorge Haddad Quiñonez como presidente de la Comisión de Transición para la Reforma Integral de la UNAH. La participación estudiantil es fundamental para que el proceso de reforma avance, en tanto su aporte no solo se reduce a asistir y cursar las clases, sino a proponer acciones, políticas, programas, proyectos y reglamentos para beneficio conjunto de la colectividad universitaria y país en general.
En la coyuntura actual es urgente que se retome el diálogo, pero más aún que se elimine una práctica no académica de acusar a estudiantes de delincuentes por proponer y exigir un diálogo franco, amplio e incluyente. Hay que convocar a la mesa de diálogo tripartito (alumnos, docentes y autoridades) y definir una Hoja de Ruta. Uno de los puntos es la aprobación del reglamento para la celebración de elecciones en las asociaciones de estudiantes y definir las fecha de estas (el tiempo apremia), donde se elegirán a los representantes estudiantiles a los órganos de dirección de la UNAH; la ADUNAH debe hacer lo mismo.
En este proceso es importante la identificación de interlocutores del diálogo a lo interno de la UNAH, ya que los estudiantes frente al desalojo ejecutado por la Fuerza de Seguridad no confían en las autoridades universitarias. Los interlocutores pueden ser docentes de prestigio reconocido y alta credibilidad moral y académica frente a los alumnos y autoridades. Viene a la mente los nombres del Dr. Antonio Cruz, coordinador de la Carrera de Desarrollo Social, Msc. Blas Barahona jefe del Departamento de Sociología y el Dr. Marco Tulio Medina de la Facultad de Ciencias Médicas. Incluso se abre el espacio para que participen docentes de las carreras de Odontología e Ingeniera.
Si esto fracasa, los interlocutores del diálogo académico serían externos, lo cual no garantiza que se respeten los acuerdos e introduzcan otros temas en la agenda de diálogo. Se han ofrecido a mediar en el conflicto el licenciado Marcial Solís coordinador de la Reforma Educativa por el gobierno, el ex Rector Jorge Arturo Reina, los diputados Jorge Cálix de LibRe y Darío Banegas del Partido Liberal. Incluso se habla del abogado Rigoberto Chang Castillo, hombre de confianza del presidente Juan Orlando Hernández.
Esta crisis universitaria de coyuntura debe ser vista como una oportunidad para superar el conflicto, más que un fracaso de las luchas estudiantiles y logros de las autoridades universitarias. Hay que evitar se vuelva a la situación inicial de punto muerto: la intransigencia y el rechazo al diálogo académico por las partes.
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