Por Marvin Palacios
El Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso suspendió la audiencia estipulada para esta fecha en la que emitiría una resolución en el juicio que se ventila contra 6 campesinos de la Empresa Asociativa acusados del delito de usurpación.
A falta del servicio de energía eléctrica en el zona, la audiencia no se pudo realizar, y el tribunal la reprogramó para el 5 de septiembre del año en curso.
Varios miembros de la Red de Defensores y Defensoras de derechos humanos de El Paraíso, acompañaron con un plantón en las afueras de los tribunales, para demandar justicia para los campesinos procesados.
Desde el año 2012 se conformó la Red de Defensores y Defensoras de Derechos de El Paraíso como parte de un proceso de formación y acompañamiento brindado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Alex Fernando Flores López, Felipe de Jesús Eguigure, Randonfo Adonay Laínez, Raymundo Ismael Eguigure, Jose Antonio Varela Obando, Francisco Suazo Andino (miembro de la red de defensores de derechos humanos de El Paraíso) están acusados de usurpación de tierras en perjuicio del terrateniente Ramón Flores Montoya.
Todos pertenecen a la Empresa Asociativa Campesina Hermanos Unidos localizada en la aldea Rancho del Obispo, jurisdicción del municipio de Yuscarán, departamento de El Paraíso.
Patricia Eguiguren, de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de El Paraíso dijo a www.defensoresenlinea.com que han estado acompañando a los campesinos hasta el término del proceso judicial y que las expectativas son positivas, en el sentido que la justicia favorecerá a los procesados.
Las familias de la Empresa Asociativa Campesina Hermanos Unidos se dedican en un predio de 33 manzanas al cultivo de granos básicos, yuca, plátano y árboles frutales y han luchado por la posesión de estas tierras desde hace 30 años.
Los campesinos aseguran que el terrateniente Ramón Flores Montoya, que reclama como suyas las tierras que están en posesión de los labriegos, en los últimos años ha vendido cuatro predios, incluso a un coronel de las Fuerzas Armadas, agravando aún más la situación.
También los familias comentan que muchas tierras han sido o arrebatadas por personas ajenas a las comunidades, y nos sentimos indefensos pues las autoridades, pocas veces están en la defensa de nuestros derechos.
Seguimos enfrentándonos a autoridades judiciales que se ponen del lado de quienes nos atacan porque nos manifestamos por el derecho a la tierra para cultivarla y producir nuestros alimentos, dijo una defensora de derechos humanos de la zona oriental del país.
Los compañeros han sido criminalizados, aún siguen en audiencias, pese a que el caso lleva más de tres años y de Yuscarán pasó a Danlí, lo que implica incurrir en mayores gastos para trasportarse, sabiendo que son acusados injustamente, sostuvo uno de los miembros de la empresa asociativa campesina.
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