El agua es un bien público, un bien primordial para el desarrollo económico de los pueblos, sin embargo las intenciones de privatizar el líquido están a la vuelta de la esquina. Es a través de La Ley de Municipalización del Agua Potable, desde donde el agua se encamina a dejar de ser un bien social para convertirse en un bien comercial, con valor, para ser vendido por las grandes empresas nacionales y transnacionales, tal y como ha pasado en San Pedro Sula, donde la concesionaria Aguas de San Pedro, maneja el negocio del servicio.
Al polémico proceso de municipalización del agua, hay un fuerte sector que se opone, porque considera que trae implícito la privatización del servicio. En la actualidad alcaldes y regidores de La Ceiba y El Progreso, han tenido acercamientos con las autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), para allanar el camino del proceso de municipalización.
En el caso de Tegucigalpa, la decisión final se tomó esta semana cuando la municipalidad, la Secretaría de Finanzas y el SANAA firmaron un convenio para un traspaso gradual de tal manera que el próximo año todo el sistema sea traspasado de forma definitiva. Actualmente en la capital hondureña se excluye del servicio a cuatro de cada 10 habitantes.
“Nosotros estamos en alerta permanente porque consideramos que el traspaso de los sistemas de agua a las municipalidades son un paso a la privatización, imagínese que en el caso de El Progreso, la alcaldía no tiene la capacidad ni de manejar el barrido de las calles del centro de la ciudad y lo ha privatizado, por tanto los sistemas de agua en poder municipal correrían la misma suerte”, indicó Venancio Serrano de la Red de Juntas de Agua de El Progreso, Yoro.
A renglón seguido manifestó que el primer paso es el traspaso de los sistemas de agua que están manejadas por el SANAA y luego irán buscando las formas en que los proyectos manejados por las Juntas de Agua de todo el país, vayan también cayendo en poder de las municipalidades.
“Nosotros como pueblo vamos a defender nuestros proyectos a costa de lo que sea, hago un llamado a la población para que acompañe la lucha contra la privatización del agua porque si dejamos que nos quiten los proyectos en un futuro van a privatizar hasta el aire que respiramos”, indicó.
Esta semana el gerente del SANAA de El Progreso, se reunió con el pleno de la corporación municipal para explicar el proceso de traspaso, sin embargo los regidores y el alcalde han considerado no firmar ningún traspaso tomando en cuenta el nivel de rechazo que hay de la población.
Discordia en Tegucigalpa
Desde el año anterior la administración que encabeza el alcalde capitalino Nasry Asfura, ha desarrollado un proceso de socialización, sin embargo las juntas de agua de barrios y colonias han expresado su oposición porque la historia en otras alcaldías donde se ha puesto en vigencia este mecanismo, ha sido de privatización.
Creen firmemente que el precio del servicio se irá incrementando paulatinamente hasta llegar a niveles impagables, como es el caso de San Pedro Sula, donde la empresa Aguas de San Pedro ofrece un servicio deficitario y oneroso.
La condiciones irregulares de la topografía de la capital hondureña impiden que el vital líquido llegue a muchos hogares, especialmente a los que habitan en los barrios y colonias en vías de desarrollo, quienes pagan el costo más alto, ya que pagan hasta 25 lempiras por un barril, lo que se traduce a un gasto promedio mensual de hasta 800 y mil lempiras.
El agua un botín de oro
“Las ciudades como Tegucigalpa, La Ceiba, El Progreso, Catacamas, Choluteca y Santa Rosa de Copan, son el verdadero botín para las grandes empresas y en especial la capital sería una "mina de oro" para empresas del agua, mientras las alcaldías pobres sucumbirán ante grandes empresas mercantiles”, indicó María Reyes, dirigenta del Sindicato del SANAA, Sitrasanaays.
Manifestó que en el país hay agua en abundancia, sin embargo el Estado ha sido incapaz de satisfacer las necesidades básicas de agua a miles de familias.
Y esta es la idea que se está vendiendo precisamente en Honduras, alegando que el SANAA incumplió las metas de cobertura y calidad. El Congreso Nacional aprobó en el 2003 la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico, que da la pausa para que traspasen los sistemas de agua a otros entes llámense municipalidades o empresas privadas.
“La Ley define como titulares de los servicios de agua y saneamiento a las municipalidades, identificando estas el modelo de gestión pública directa por medio de algún departamento de la municipalidad o la gestión privada a través de la concesión del agua potable, y a esto hay que ponerle mucha atención”, acotó la dirigenta sindical.
Los defensores del proyecto exponen que municipalizar es acercar el poder al nivel local. Es fortalecer el poder local y los procesos de descentralización, dicen además, que la Ley de Municipalidades ya manda que las alcaldías manejen los servicios públicos, por lo que la ley solo viene a refrendar lo que establece aquella legislación.
“No hay que dejar que nos den atol con el dedo ya que ese es el modo de operar de los políticos hondureños que a cambio de unos cuantos beneficios propios quieren ver privatizado los servicios elementales como el agua potable, y nosotros no podemos caer en esas trampas. La lucha contra la privatización del agua es un tarea de todos, porque solo el pueblo salva al pueblo”, concluyó Venancio Serrano de la Red de Juntas de Agua de El Progreso, Yoro.
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