A través de una consulta realizada el domingo 10 de julio, la población del municipio de Santa Elena en el departamento de La Paz, dijo NO a la concesión para construir una represa hidroeléctrica sobre el Río Chinacla, que abastece de agua y alimentos a cientos de familias de la zona. También rechazaron el catastro municipal, cuyo único fin es individualizar las tierras que hasta el momento tienen título colectivo.
El catastro es una figura que permite individualizar las tierras y luego valorarlas, pero en los territorios indígenas hay una concepción diferente de la tenencia de la tierra y existe la propiedad colectiva, eso significa que cualquier decisión se debe realizar a través del Consejo Indígena. “Hemos visto que la imposición del catastro tiene objetivos políticos y económicos” manifestó un dirigente comunitario de la zona.
La consulta se realizó en el marco del convenio 169, de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que obliga a los Estados a consultar previamente los pueblos indígenas y tribales sobre la instalación de proyectos que afecten sus territorios e intereses, y aunque Honduras es firmante del convenio, en casos anteriores, especialmente en el pueblo lenca no se ha respetado la soberanía de las comunidades.
Dicha consulta fue impulsada por el Movimiento Independiente Lenca de La Paz (MILPAH), las comunidades del municipio y varias organizaciones defensoras de derechos humanos.
El departamento de La Paz, al sur occidente hondureño, se constituye como uno de los departamentos con grandes riquezas naturales del país, sin embargo sus montañas llenas de pinos, sus ríos llenos de vida, y sus suelos ricos en minerales se ven amenazados por la avaricia de políticos y empresarios que sin importar el daño que causan a la naturaleza y comunidades, buscan acaparar el territorio para satisfacer sus intereses personales.
Desde muy temprano la ciudadanía de Santa Elena, La Paz, llegó a los 15 a los centros de votación ubicados en las escuelas de varias comunidades, para plasmar su decisión a favor o en contra del catastro municipal y la concesión hidroeléctrica propiedad del empresario Arnold Castro, esposo de la actual diputada nacionalista Gladys Aurora López,
En la papeleta se realizaban dos preguntas: “Está de acuerdo usted que en Santa Elena se instale una hidroeléctrica sobre el Río Chinacla” y la segunda, “Está de acuerdo usted que se instale la ejecución del catastro municipal (Ley de Ordenamiento territorial)”, en ambos casos se daban dos opciones (Sí o No).
Pese a la oposición de autoridades locales que obstruyeron el proceso a través de la restricción de algunos centros educativos, la consulta se realizó.
El resultado de la consulta manifestó el descontento de las comunidades con la entrega de los bienes naturales. Más del 97 % de la población se expresó con un rotundo “no” al catastro territorial y un 90 % en contra de la represa hidroeléctrica “Los Encinos”.
Siguiente paso
Después de haberse realizado la consulta el siguiente paso es el ámbito jurídico.
Según Martín Vásquez, subcoordinador del Movimiento Independiente Lenca La Paz, (MILPAH), el cuerpo legal de las comunidades, basándose en el convenio 169 de la OIT y los resultados de la consulta soberana, realizará una petición al Congreso Nacional para que ordene a las autoridades de Santa Elena que declaren el municipio libre de la ley de catastro y libre de concesiones mineras e hidroeléctricas.
Ataques a líderes
A pocos días de haberse realizado la consulta soberana en las comunidades de Santa Elena, La Paz, los ataques contra los dirigentes comunales no se han hecho esperar.
El dirigente de MILPAH, Martín Vásquez denunció que fue atacado con piedras y machete por dos activistas del Partido Nacional, los agresores fueron identificados como Hernán Ventura y Tito Ventura, ambos ligados al alcalde Víctor Ventura, defensores de los proyectos hidroeléctricos. Según la denuncia, los agresores amenazaron al dirigente diciendo que esa noche llegarían a matarlo a si casa.
Martín Gómez Vásquez, goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde noviembre del 2015, por lo que el Estado de Honduras tiene la obligación de proteger su vida y la de su familia.
Otro líder comunitario que fue amenazado los últimos días es Víctor Vásquez, líder Indígena Lenca de Simpinula, La Paz, quien manifestó que una mujer acompañada de policías llegó hasta su vivienda a amenazarlo verbalmente, por lo que fue a interponer la denuncia a la Fiscalía de Marcala.
Víctor Vásquez, presidente del Consejo Indígena Lenca de Simpinula, declaró que la agresión provino de Sandra Elizabeth Villatoro Morales, quien se dice dueña de las tierras que ancestralmente pertenecen al pueblo indígena Lenca de Simpinula.
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