lunes, 25 de julio de 2016

La depuración policial no combate la impunidad en Honduras



Aunque la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional hable de grandes frutos en la función que se le encomendó, al final sólo está escogiendo a los que deben irse y los que deben quedarse en la Policía Nacional Preventiva. Pero los policías corruptos y delincuentes siguen libres en las calles del país, coinciden distintos sectores hondureños.

La Comisión de Depuración se está moviendo por varias ciudades del país promocionando la plataforma “Honduras denuncia” que consiste en recibir denuncias contra policías corruptos que cometan ilícitos.

En estas exposiciones, los integrantes de la Comisión se cuelgan su medallita con los números de policías evaluados y sacados de la institución policial. 

Depurados, ¿y luego?

Según sus registros, se han evaluado a 460 policías, de los cuales fueron cancelados 191 integrantes, entre ellos figuran seis comisionados generales, 27 comisionados, 36 subcomisionados, 39 comisarios, 49 subcomisarios, 2 inspectores, 1 subinspector y 31 policías de la escala básica.

“Por mucha depuración que haya no se combate la impunidad. Usted puede separar a oficiales de alta graduación y de baja graduación pero si esa separación no se convierte en requerimientos fiscales y en condenas, no habremos hecho absolutamente nada” analizó el abogado Ramón Enrique Barrios, ex juez de sentencias.

Pero los depuradores se defienden de las críticas y se lavan las manos argumentando que esa tarea no les pertenece ya que en la cartilla de la misión sólo está sacar a las manzanas podridas de la Policía Nacional.

“La Comisión solamente hace una parte del proceso. Hace un análisis de la información que logra recopilar y en base a eso toma una decisión que es por reestructuración. Recuerde que la Comisión no tiene el mandato de persecución ni tampoco de poder judicializar a esas personas. Esto lo hace el Ministerio Público y lo hace el Poder Judicial” manifestó el asesor de la Comisión Carlos Hernández.

Por su parte, Vilma Cecilia Morales, integrante de la Comisión aseguró que la misión que ellos cumplen no incluye judicializar los casos. “Eso no nos corresponde a nosotros. Va ser al Ministerio Público, y como hemos dicho va ser un tema que se realizará con mucha responsabilidad. No podemos ser irresponsables y trasladar información que no sea correcta, debe depurarse la información” dijo Morales.

Omar Rivera, de la Comisión Depuradora es del criterio que es el momento para que se inicie un verdadero proceso de investigación que ayude a implementar los castigos a los policías violadores de ley.

“Yo creo que el Ministerio Público debe hacer un esfuerzo importante por ejecutar una integral investigación que permita identificar, por un lado, patrones de conducta ilícita, y por otro redes criminales” dijo Rivera.

Poca información

Una de las quejas de la Comisión depuradora es la falta de información en los expedientes que existen de los policías que conforman el cuerpo de seguridad pública del país.

“Recuerde que quien investigaba en Honduras era justamente la Policía, eso nos permite entonces deducir que los elementos de prueba sobre algunos delitos no existen, entonces será complejo poder construir estos casos, entonces por eso es que se están sacando por reestructuración” aseguró Carlos Hernández.

Por su lado Vilma Morales se llenó de nostalgia al recordar que había mayor orden cuando la Policía estaba en manos de los militares. “En muchos de los casos no se han encontrado las informaciones en los expedientes. Hay un hallazgo muy importante y es que mientras la Policía estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas los expedientes estaban bien documentados”

Más Impunidad

La impunidad es la falta de castigo a los que cometen delitos, y la Policía Nacional se ha vuelto un cuerpo intocable por la justicia en el país. Los pocos policías que enfrentan procesos y acusaciones, lamentablemente estas no provienen de la justicia del país sino de los Estados Unidos que los ha pedido en condición de extradición.

Los depuradores no desconocen los graves índices de impunidad. “El 96% de las personas que cometen delitos en Honduras no son judicializadas. Es una tragedia. Es terrible esto, pero tenemos que empezar, lo importante es que en este momento la Comisión está haciendo un trabajo, se está trabajando en el Ministerio Público para que lo haga, pero también hay que ir al poder judicial para garantizar que los requerimientos que presenta el Ministerio Público puedan terminar en sentencias, y eso solo lo hace un juez” aseguró el asesor Carlos Hernández.

Y en que en los delitos ligados al narcotráfico y corrupción policial hay muchos sectores involucrados según Omar Rivera. “Son muchos, especialmente aquellos que se beneficiaron económicamente de estas operaciones ilegales que seguramente aparecen como prominentes empresarios, como hombres de bien que pertenecen a la libre empresa, como respetados políticos que seguramente han tenido responsabilidad” manifestó Rivera.

El Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, General Julián Pacheco Tinoco, manifestó que desde esa dependencia muy poco se puede hacer  por lo que propone que se debe idear un plan para que el poder judicial tome cartas en el asunto.

“Toca hacer muy pocas cosas pero en realidad monitorear sus actividades y estar pendientes de lo que hacen en las calles. Ese es un tema que lo tiene que conocer las instancias correspondientes, la Comisión tiene el proceso de sacar nada más la gente, y lógico, con que las saquemos no quiere decir que los estamos eximiendo de responsabilidad” dijo el General Pacheco.

Pero el ex juez, Ramón Enrique Barrios, es de la idea que la Comisión de Depuración Policial debe compartir toda la información que está en su poder con los órganos operadores de la justicia para que se puedan iniciar acciones serias en contra de los “malos policías”.

“La Comisión de Depuración debe pasar, cuanto antes, los expedientes investigativos para que el Ministerio Público realice los requerimientos fiscales y podamos ver a los oficiales de alta graduación que han cometido delito, judicializados y condenados por sus conductas alejadas de la ley” finalizó Barrios.

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