Desplazamiento de familias, criminalización, hostigamiento y persecución contra lideresas y líderes comunitarios ha dejado la lucha en contra de la minería en Nueva Esperanza, una comunidad del municipio de Tela, Atlántida. La gente, sus historias y luchas son uno de los tres casos estudiados en la reciente investigación que hizo el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) junto son la Universidad Saint Louis Missouri.
A la par de la situación de Nueva Esperanza, también se analizó la realidad de las comunidades indígenas Tolupanas en Yoro, San Francisco Locompa y en la montaña o parque nacional Botadero ubicado en el departamento de Colón.
En los tres casos se reveló que la conflictividad socioambiental estará presente en la medida que se continúe impulsando proyectos que generan contaminación, dominación y apropiación de la naturaleza, por grupos de poder transnacionales confabulados con las élites nacionales, que despojan, vulneran y empobrecen a pueblos originarios y descendientes indígenas, garífunas y campesinos, quienes valoran la naturaleza como “Madre Tierra”, planteamiento que urge reforzar a nivel político e ideológico, económico, social y cultural, como aspecto crucial en la lucha contra la hegemonía del sistema de acumulación capitalista, que amenaza la vida de la humanidad y del planeta.
En Honduras la actividad extractivista se ha profundizado especialmente en los últimos 25 años, cuando más impulso ha tomado el modelo neoliberal basado en la alianza de los capitales multinacionales con las élites locales que identificaron en los ríos, bosques, minerales, aire y los territorios una cantera certera para la producción de capitales, contando a su favor con la legislación y la connivencia de las autoridades y partidos políticos responsables de la conducción de la institucionalidad del Estado.
Buscar las mayores ganancias con base en la explotación ilimitada de los bienes comunes de la naturaleza, sin importar los costos humanos y sociales, es la lógica que conduce el modelo económico extractivista.
“Una de las cosas que queda clara es que en el contexto que vivimos y la realidad que tiene Honduras, el modelo extractivo y sobretodo la actividad minera resulta inviable para las comunidades. Los únicos que hacen negocio con esto son los empresarios, ni siquiera el Estado de Honduras tiene ganancias significativas en comparación con el daño que están generando” dijo Pedro Landa del equipo investigador al momento de devolver los resultados de la investigación esta semana en Tegucigalpa en el marco del II Congreso de Minería y Geología que promueve una universidad privada y el gobierno a través de Mi Ambiente y Inhgeomin.
Landa hizo énfasis en el daño e impacto que la presencia minera deja al tejido social de las comunidades, además de los destrozos en las fuentes de agua. “En los testimonios que recoge la investigación las comunidades siguen afectadas emocional y físicamente por la presencia de estas empresas. Esto llama al gobierno de forma urgente a modificar la política extrativista. Se requiere de reformas para fortalecer la presencia del Estado a través de una serie de reformas que garanticen los derechos de las comunidades que están siendo afectadas”.
Caso1: Parque Nacional Botaderos
El parque Nacional Botaderos está ubicado en el municipio de Sonaguera en el norteño departamento de Colón. La zona está marcado por el conflicto agrario que ha dejado más de 100 campesinos asesinados en los últimos años.
La presencia de la industria minera llega agudizar la crisis realidad que enfrenta la región por el acaparamiento de tierra para la presencia del monocultivo de palma africana.
De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), en febrero de 2015, en el departamento de Colón, ya existían 59 concesiones mineras en diferentes estados. Estas 59 concesiones representan una extensión territorial de 46,817.70 hectáreas. Del total 21 concesiones se encuentra en fase de exploración; 7 en etapa de explotación; 6 ya cuentan con el derecho otorgado, pero no han iniciado labores, y 25 se encuentran en solicitud.
En el municipio de Tocoa una tercera parte está concesionado para la actividad minera y si a esto le suma la plantación de palma africana se convierte en una conflictividad permanente.
Recientemente, la población ha comenzado a tomar conciencia a partir de la amenaza de privatización del agua. Casi todos los municipios del departamento de Colón tienen problemas serios con el líquido vital, tanto por escasez, como por la mala calidad del servicio, cuyo origen está en el mal manejo de los bosques y el uso de químicos en los cultivos.
Además, ahora las fuentes de agua están seriamente amenazadas por la minería, ya que las concesiones que se han otorgado se ubican en las zonas productoras de agua, principalmente en la montaña de Botaderos.
Caso2: Nueva Esperanza, Tela
La lucha que por varios años libró la comunidad Nueva Esperanza en el municipio de Tela, Atlántida se recuerda por la mirada intensa de una joven de piel trigueña. Olga Hernández junto a varios de los vecinos y vecinas de esta zona luchó para evitar la instalación de una empresa minera.
En la zona, la situación de vulnerabilidad se agravó a partir de 2011, cuando la Corporación Minerales Victoria, propiedad del empresario Lenir Pérez, manifestó su pretensión de explotar minas a cielo abierto, supuestamente para extraer óxido de hierro. Esta empresa obtuvo una concesión de mil hectáreas, que cubre el área de 16 comunidades que basan su economía en la ganadería; por tanto, perderían su fuente de sustento por el agotamiento y la contaminación de las fuentes de agua.
Olga, una joven que en esos año estaba embarazada, decidió con la comunidad no permitir ningún proyecto de explotación de la riqueza natural de su territorio sin ser previamente consultadas y sin haber dado su consentimiento, por lo cual la empresa comenzó una escalada de intimidaciones, amenazas y agresiones, con el apoyo de miembros de la Policía Nacional y del alcalde de Tela en aquel momento, David Zaccaro.
“Seguimos firme en la lucha. Lamentamos que el gobierno sigue negociando y vendiendo nuestro territorio por pedazos. A pesar de toda la lucha librada en contra de la empresa minera ahora llega la concesión El Socorro, cerca del sector, nos tocará seguir defendiendo nuestro bienes”, dijo Olga Hernández.
De acuerdo a información brindada por Inhgeomin, todas las concesiones en el departamento de Atlántida son para minería no metálica. No obstante, la mayoría de las que se ubican en el municipio de Tela son para extraer óxido de hierro, que la legislación hondureña considera un mineral no metálico.
En relación con el estado de las concesiones, 13 se encontraba en la etapa de exploración; 13 en explotación, y 17 en solicitud, de las cuales 11 corresponden al municipio de Tela y son para la extracción de óxido de hierro.
Caso 3: San Francisco de Locomapa, Yoro
La investigación titulada “Impacto socioambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras”, incluye el caso de la comunidades indígenas tolupanes de la montaña de Yoro.
Algunos de los datos que reflejó el estudio dan cuenta que los recursos hídricos, de 19 tribus consultadas cuenta con al menos 24 ríos y 140 quebradas; 16 reportan presencia de yacimientos minerales metálicos, siendo el oro y el hierro los más abundantes; en 11 tribus hay betas de antimonio, en 6 hay plata y en 4 hay indicios de presencia de cobre. Paradójicamente, esta enorme riqueza los condena al despojo, a la humillación y a llevar una vida miserable. A pesar de ello, el pueblo Tolupán no claudica en su intento por reivindicar sus derechos ancestrales.
Toda la riqueza natural los coloca en la mira de empresarios que quieren sacar ganancias, lo que ha dejado a muerte y criminalización de indígenas.
Frente al irrespeto de su derecho a ser consultado, el pueblo Tolupán ha realizado diversas acciones de oposición y resistencia a las actividades extractivas, de exploración o factibilidad de proyectos dentro de sus territorios, lo que ha provocado la inmediata intervención del sistema de justicia y seguridad del Estado.
En el mapa de concesiones del departamento de Yoro destaca una reserva de minerales compartida por los municipios de Morazán y El Negrito (Yoro) con el municipio de Tela (Atlántida) que, presuntamente, corresponde a bancos de óxido de hierro. Esto se repite entre los municipios de Olanchito (Yoro), Sabá (Colón) y Gualaco (Olancho), en el área tridepartamental correspondiente al Parque Nacional Montaña de Botadores, donde también hay concesiones para la extracción de óxido de hierro.
Desde el equipo de investigadores del ERIC y de la universidad de Saint Louis Missouri se deja claro que el informe es un aporte para continuar y fortalecer la lucha por la defensa la Madre Tierra, y se espera que brinde luces para impulsar con renovada energía la construcción de una Honduras soberana, digna y plena, sin que su gente tenga temor a ser desalojada, criminalizada o asesinada. Por ello se convierte en necesario aportar a la búsqueda de un nuevo modelo, distinto del extractivismo. Un modelo que garantice tanto los derechos humanos como los derechos de nuestra madre naturaleza.
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