Por Erika Sylva Charvet
Discrecionalidad, violación de la ley, discriminación y corrupción caracterizaron el manejo privatizado de la concesión estatal de frecuencias de radio y TV entre 1995-2009, de acuerdo con la auditoría de frecuencias (2009). Privatizado, porque de los 213 miembros que integraron el Conartel en ese período, el 58,2% fue de concesionarios de frecuencias o representantes de estos; y quienes lo presidieron fueron miembros de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) o de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador (ACTVE), violando la Constitución de 1998, que prohibía su participación, dados sus intereses en el mismo campo a ser regulado y controlado por el Estado. Por ello, no le deben perdonar al proceso constituyente cuando el 7-11-2008, un pronunciamiento del Procurador puso fin a esta práctica ilegal llevada a cabo por 13 años, obligándoles a retirarse del Consejo.
La privatización de facto condujo a una serie de transgresiones. Así, mediante la autoasignación, un presidente de AER y un vicepresidente de ACTVE obtuvieron 13 frecuencias de radio y 11 frecuencias de TV abierta, respectivamente, entre 1998-2003 y entre 1999-2006 se identificaron 24 resoluciones a favor de empresas representadas por un presidente de AER. Además de ello, la auditoría encontró concesiones, transferencias y renovaciones de frecuencias; prórrogas de plazos, asignaciones sin estudios técnicos y ‘regularizaciones’ ad infinitum de las moras de pago de las tarifas, todo ello, violando disposiciones legales y reglamentarias. Adicionalmente, por medio del mecanismo de ‘devolución-concesión’, estos piratas se apropiaron de las frecuencias, un bien público sin fines comerciales, incluyéndolas en el precio de venta de sus medios de comunicación.
Todo ello condujo a la concentración de medios en pocas manos, a su orientación mercantilista y a la discriminación de la mayoría de personas que solicitaban las concesiones. Así, de 1943 solicitudes de frecuencias de radio y TV hechas entre 1995-2009, 1269 (65,31%) no fueron atendidas y solo el 22,7% (441) fueron autorizadas. El tiempo promedio de respuesta fue de 8 años, aun cuando se registraron demoras por todo el período. Por otra parte, de las 441 solicitudes autorizadas, el 86,4% correspondió a actividades comercial-privadas y apenas el 0,2% a comunitarias. No solo se postergaba a las comunidades por este manejo corrupto. Se evidenció también la mediación del racismo y de una legislación expresamente discriminatoria que bloqueaba su acceso.
Toda esta podredumbre del campo comunicacional se puso en jaque con la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) (2013) y tendrá su jaque mate cuando se entreguen los resultados del concurso para la concesión de frecuencias convocado hoy por la autoridad pública y que ha puesto los pelos de punta de partidos, medios y asociaciones involucrados en el manejo corrupto y discriminatorio descrito. Pese a estas voces, por fin las comunidades podrán acceder a una frecuencia a través de criterios de mérito e igualdad de oportunidades y sobre la base de principios inherentes a la democratización de la comunicación. Solo quienes entienden la libertad de expresión como prerrogativa de poder sobre los ‘Otros’ pueden oponerse a ello.
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