En el marco del II Congreso Internacional de Minería, que organiza el gobierno de Juan Orlando Hernández, las empresas mineras y la universidad Politécnica de Ingeniería en Tegucigalpa, expusieron las “supuestas” bondades que el rubro minero deja al país. Del 13 al 15 de julio participaron exponentes internacionales y representantes mineros de 23 países, que buscan la oportunidad de explotar los bienes naturales, con el visto bueno del gobierno.
“Honduras está cambiando, somos un país cinco estrellas, no estamos haciendo nada nuevo, hasta la biblia habla de minería”, éstas fueron las palabras que con alegría, euforia y convicción expresó José Antonio Galdámez, ministro de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente) en la inauguración del evento. El funcionario dijo que el encuentro empresarial es la oportunidad para dejar en el pasado las tragedias, muertes y miseria que la minería ha producido en las comunidades hondureñas.
Según Mi Ambiente, el país cuenta con más de 800 concesiones mineras metálicas y no metálicas, según el funcionario la cantidad es ínfima porque solo representa el uno por ciento del territorio nacional. “Ese uno por ciento es muy pequeño con relación a las riquezas que tenemos en el país” afirma el ministro, convencido de la necesidad urgente de seguir promoviendo la minería para atraer empresas transnacionales, además señaló que la industria deja ganancias millonarias.
Sin embargo, El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), a través de la investigación denominada “EITI: ¿Una iniciativa suficiente para la transparencia fiscal de las industrias extractivas en Honduras? reveló que la industria minera no está dejando ingresos considerables al país y menos a las comunidades. En 2015, por concepto de Impuesto Sobre la Renta, apenas se recaudaron 90 millones de lempiras en el rubro de minería, cifras que representan el 0.03 por ciento del total recaudado. “No es ni el uno por ciento y con estas cifras jamás las comunidades obtendrán beneficios”, señaló Wilfedo Díaz economista del Icefi.
Por su parte, el sector de la alta empresa privada en Honduras respalda los proyectos extractivos que el gobierno ha dado en concesión a pesar de la conflictividad y polarización de las comunidades. Los empresarios creen que la actividad minera es la oportunidad para mejorar los ingresos del país, además del desarrollo para las 27 empresas en Honduras donde existe presencia de minerales. “La minería es fuerte y puede generar significativas ganancias para mejorar la situación financiera”, expuso Fernando García de la Asociación de Industriales de Honduras.
Además, ante cuestionamientos sobre los destrozos que varias empresas han causado al país, Reinaldo Ekonomo presidente de la Asociación de Mineros, dijo que eso es cosa del pasado y que ahora las prácticas de la industria son de protección y sostenibilidad al ambiente.
Sobre el discurso del sector empresarial el economista Wilfredo Díaz del ICEFI asegura que ninguna discusión sobre transparencia del sector extractivo debería realizarse al margen del reconocimiento del derecho al desarrollo de las comunidades. Esto requiere el respeto a las decisiones de aquellas comunidades que decidan que las industrias extractivas no tienen cabida en su proceso de desarrollo.
Nystar, Auraminerales y Titán fueron las empresas mineras patrocinadoras del II Congreso Minero. En la exhibición de los minerales que extraen, reflejaron en vídeos y fotografías el antes y después de las comunidades donde se ubican dichas empresas. Uno de los casos que más llamó la atención es el de Azacualpa, La Unión, Copán, donde Auraminerales es subsidiaria de Minerales de Occidente S.A, Minosa, empresa denunciada por la comunidad por atentar contra el ambiente y la vida de las personas. Significando que las imágenes que la empresa mostró, están muy alejadas de la realidad que vive la población.
En los últimos años, el crecimiento de las actividades mineras en Honduras ha estado acompañado de un incremento en la conflictividad entre el Estado, las compañías mineras y las comunidades donde se instalan los proyectos mineros.
La conflictividad deviene en enfrentamientos de las empresas mineras con las comunidades; bajos niveles de contribución a impuestos nacionales y municipales; problemas ambientales; violaciones a derechos humanos; marco legal débil y favorable a compañías mineras; e institucionalidad del Estado con poca fortaleza para regular las actividades extractivas.
Honduras lista para más explotación
Por encima del dolor de las víctimas de la tragedia que cobró la vida de ocho mineros soterrados en el Corpus, Choluteca, el 2014, el gobierno de Juan Orlando Hernández aprobó la creación de un “Parque Minero Industrial”, bajo el Decreto Ejecutivo PCM- 036-2014, publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 11 de septiembre de ese mismo año, esto con el objetivo de potenciar la actividad minera en el sur del país.
A pesar de la oposición de las organizaciones ambientalistas de la zona, en la actualidad el Parque Minero va viento en popa.
Aprovechando el Congreso Minero, una de las empresas patrocinadoras del evento se presentó como candidata a desarrollar la obra.
Otto Vichez, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales del Corpus, asegura que antes de la implementación del Parque Minero el gobierno hará la estabilidad del terreno para mejorar las condiciones del suelo. Ellos como asociación serán participantes de este proyecto. “Se nos informó que hay 20 millones de lempiras para la estabilización del suelo que tendrá una duración de cuatro meses. Después de este trabajo comenzaremos con la planificación del proyecto”, agregó el ejecutivo.
La empresa candidata para la implementación de la obra en la zona sur, es la trasnacional Titán, de origen estadounidense que tiene empresas mineras en Ecuador, México, Panamá y ahora en Honduras. Actualmente la empresa será la encargada de realizar la estabilización del terreno en un periodo de cuatro meses.
En entrevista para Radio Progreso, Marvin Melgar coordinador técnico de Titán, afirmó que el gobierno les otorgó tres concesiones mineras para la extracción de oro y plata, mismas que comenzarán a sustraer en 2017. “Nuestra propuesta de impulsar el Parque Minero ha sido bien recibida por el gobierno y comenzaremos a instalar nuestro equipo en los próximos meses”, aseguró el representante de la empresa durante el congreso.
Por encima de la voluntad popular
La implementación del modelo extractivo avanza a pesar de la oposición de las comunidades quienes denuncian los daños ambientales y sociales que se presentan en sus regiones. Una clara muestra es la implementación de este Parque Minero en la zona Sur, una región que ha pagado con sangre y miseria la extracción de los minerales.
El ministro José Antonio Galdámez de Mi Ambiente, aseguró que el gobierno de Juan Orlando Hernández, no ha entregado concesiones mineras, sin embargo la subdirectora del Instituto Nacional de Geología y Minas de Honduras, Ingeomin, Dania Baca, confirmó que solo en 2015 se otorgaron más de 40 concesiones mineras que están en la etapa de exploración y explotación en los departamentos de Olancho, Choluteca y Santa Bárbara, situación que mantiene en alerta a las comunidades.
Ante las amenazas que cada día se agudizan, las comunidades en pleno ejercicio de su libre determinación, se han declarado libre de mega proyectos por considerarlos lesivos para la vida. El Negrito, Yoro, 16 comunidades de Tela, San Francisco, Atlántida, Balfate, en Colón, San Nicolás, Santa Bárbara, Santa Elena en la Paz, entre otros, han sido los municipios que han dicho no a la minería y las hidroeléctricas.
Las comunidades han identificado que las declaratorias municipales son instrumentos legales para defender los territorios. Desde la participación en asambleas y cabildos abiertos, han avanzado a la construcción de ciudadanía, fortaleciendo la defensa de sus territorios y bienes comunes.
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