En su reciente viaje a Estados Unidos, el presidente Juan Orlando Hernández “lamentó que haya hondureños empeñados en seguir poniendo en mal el nombre de Honduras”, ya que “tergiversan la verdad” y “le hacen un enorme daño”.
Estas declaraciones son una muestra más del cinismo y ceguera del presidente pues su gobierno es el máximo responsable de lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su más reciente informe sobre Honduras señala como la alarmante existencia de desapariciones forzadas, de altos niveles de violencia de género y de graves conflictos agrarios.
La Comisión Interamericana también plantea que es preocupante la existencia de una amplia gama de violaciones a los derechos humanos, que van desde la ocupación ilegal de tierras de comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes, hasta la violación de los derechos laborales y actos de discriminación.
Tal escenario se ve agravado por una situación de gran impunidad debido a la debilidad institucional, la corrupción, la falta de independencia del Poder Judicial y a que aún no se ha restablecido la institucionalidad democrática tras el golpe de Estado de 2009.
A su vez, de acuerdo con la Comisión Interamericana los altos niveles de violencia tienen un particular impacto en los defensores y las defensoras de derechos humanos, indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas LGTBI, migrantes, operadores y operadoras de justicia, periodistas y trabajadores de la comunicación.
Y esta violencia es el resultado de varios factores entre los que se destacan el incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas, el reclutamiento de niños y adolescentes, la deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad, la corrupción y a altos niveles de pobreza y desigualdad.
Además, parte de esta inseguridad proviene del mismo cuerpo policial, de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado. Por ello es que dicho órgano interamericano ha señalado que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en una amplia gama de funciones públicas representa un riesgo para la vigencia del Estado de derecho.
Señor presidente, usted y su gobierno son los responsables de que Honduras sea vista como un país corrupto, violento, autoritario, retrasado e intolerablemente empobrecido y desigual. Sepa usted que quienes realmente queremos esta tierra, seguiremos denunciando su falta de voluntad política para atacar efectivamente las causas estructurales de la violencia, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos.
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