A partir del 13 de julio Honduras fue anfitrión del “II Congreso Internacional de Minería”, evento que el gobierno impulsó y organizó con el fin de entregar el territorio a empresas extranjeras para la extracción minera.
Organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos opinaron que la celebración del evento es reflejo del papel colaborador del gobierno con estas empresas, en ese enfoque el Estado sostiene una posición intransigente de entregar el territorio al mejor postor a pesar de los conflictos que generan.
La explotación minera, únicamente ha dejado luto y dolor en las comunidades; los desastres y muertes en la mina La Cuculmeca (Choluteca), la problemática de Azacualpa (Copán) donde una empresa minera quiere acaparar las tierras del cementerio, la contaminación en el Valle de Siria y en Valle de Ángeles, son algunos ejemplos de los problemas que causa la explotación minera, y aún así el gobierno sigue diciendo a las empresas extranjeras “ vengan aquí, pueden hacer lo que quieran, pueden cometer los delitos que quieran y no se les va a castigar”.
En el cónclave minero se abordan temas relacionados con los procesos de minería, que incluye: investigación geológica minera, ejecución de proyectos, recursos mineros existentes, todo esto en el marco de las políticas adoptadas por el gobierno que facilitan la ejecución de proyectos mineros en el país.
A criterio del ambientalista y miembro del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC), Pedro Landa, en el marco del Segundo Congreso Internacional de Minería, hay una cosa que preocupa de gran manera y son las declaraciones de algunos funcionarios públicos donde señalan que están negociando cerca de dos mil millones de dólares de inversión en temas extractivos para los próximos años.
“Eso no es otra cosa más que una condena a muerte, estaríamos en una fase de invasión, colonización, expulsión y despojo de comunidades donde ya se ha mapeado que existen yacimientos y reservas mineras” expresa Landa.
Por su parte, Bety Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), dice que el planteamiento minero es la expresión del fracaso del Congreso Minero que se pretendió construir en San Pedro Sula el año pasado donde hubo una fuerte oposición y donde los empresarios observaron el rechazo de las comunidades a la iniciativa.
Vásquez dice que ante la terquedad y la política entreguista del presidente Juan Orlando Hernández, ven con preocupación que nuevamente se active el congreso minero, mismo que se realiza en el marco de una política de represión, militarización, criminalización de defensores y asesinatos como el de Berta Cáceres y otros miembros del COPINH.
Tomas Gómez, coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) señala que el segundo Congreso de Minería representa una amenaza más fuerte a las comunidades. El líder indígena expresa que no importa que el gobierno dé las concesiones, porque en los territorios indígenas las comunidades van a ejercer autonomía y no dejarán pasar los proyectos extractivitos.
Movilización Popular
En el marco del cónclave minero, las organizaciones populares y sociales del país se preparan para realizar acciones públicas de protestas.
El ambientalista Pedro Landa dice que desde el ERIC, se realizarán algunos eventos académicos donde se dará a conocer de manera científica y objetiva los impactos que genera la política extractivita, señalando que es una estrategia inviable para el desarrollo, todo esto desde la lógica de la campaña “Madre Tierra, Nuestra Casa Común” impulsada desde el ERIC Y Radio Progreso.
Los días del evento, las organizaciones ambientalistas realizarán acciones en Tegucigalpa, donde se visibilizará el impacto negativo que tiene la explotación minera en las comunidades.
Estudios realizados por organizaciones defensoras del ambiente muestran que actualmente más de un 10 % del territorio nacional está concesionado para la explotación minera, las investigaciones indican que hay departamentos como el de Santa Bárbara donde la concesión alcanza hasta un 40% del territorio, cifras que podrían ser mayores después de la realización del Segundo Congreso Internacional de Minería.
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