Solo meses separaron el crimen de William Pineda (32), un taxista de la ciudad de El Progreso, Yoro, al norte de Honduras, uno de los más violentos según datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH, del asesinato del presidente de taxis colectivos de la colonia Bendeck, Óscar Miranda.
Miranda fue sorprendido por desconocidos que llegaron hasta el punto de taxi, sin mediar palabra sacaron su pistola y acabaron con su vida. Sus compañeros fueron testigos del violento hecho. Se movilizaron para auxiliarlo pero los disparos fueron certeros.
En el momento que Óscar estaba en su lecho de muerte, a 234.1 km de distancia, en Tegucigalpa, un nuevo ataque contra los transportistas se registraba. La víctima era un joven que trabajaba como cobrador de buses. El hecho ocurrió en el anillo periférico, cerca de la colonia San Ángel. La víctima fue reconocida como Rafael, quien trabajaba como cobrador en la ruta Hato de Enmedio-Los Robles.
Hasta ahora ninguno de los crímenes ha sido investigado. Los muertos caen en el saco de la impunidad en Honduras, un país donde 8 de cada 10 asesinatos jamás se investigan, los ejecutores siguen libres, quizás provocando muchas muertes más.
Un problema nacional
Los crímenes contra transportistas se enmarcan en una realidad de violencia. Honduras se ubica entre las naciones más violentas del mundo, con dos ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula, que registran la mayor cantidad de asesinatos en el planeta.
Para diversos analistas esa violencia tiene raíces en la desigualdad y pobreza en que se encuentra su gente. A ese empobrecimiento se une la impunidad, los asesinatos no se investigan, lo que provoca repetición de hechos.
“Es una difícil situación, los crímenes están a la orden del día para todos los sectores. De forma particular para los transportistas, somos nosotros lo más afectados y hasta ahora no hemos encontrado una fórmula para detener tanta violencia”, dijo en entrevista a Radio Progreso, Jorge Lanza, presidente de la Federación de transportistas de Honduras.
Hasta inicio de julio de 2016, 63 homicidios contra transportistas se ejecutaron, además de siete unidades que fueron incineradas como represalia por negarse al pago de extorsión.
Lo anterior fue confirmado por la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, quien consideró que "esto es alarmante porque se les da en lo que más les duele que es la vida humana, el bien más preciado y sobre todo porque esto va en aumento".
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Ley de transporte
Bajo el argumento que con esa legislación se controlarían los crímenes dirigidos a los transportistas, a finales de 2015 e inicio de 2016, el Congreso Nacional aprobó la nueva Ley de Transporte.
Después de varios meses de confrontaciones, los empresarios del transporte y gobierno fumaron la pipa de la paz con la aprobación de esta ley que regulará el transporte terrestre en Honduras.
La ley dio el paso a la creación del nuevo Instituto Nacional del Transporte Terrestre, INTT, instancia responsable de regular el rubro, además de la emisión y cancelación de las licencias de conducir de cualquier tipo.
Seis meses han pasado desde su aprobación en el Legislativo, pero los transportistas lamentan que poco o nada se haya puesto en práctica. “la nueva ley de transporte está aprobada pero falta que los asesores se acerquen a los transportistas para comenzar a reglamentar el rubro. Lamentamos que luego de tanto tiempo los tres comisionados nombrados para encargarse del Instituto de Transporte Terrestre busquen espacio de discusión con los dirigentes. Aunque haya nueva ley la situación continuará igual o peor”, dijo Jorge Lanza.
El gobierno anunció que con la entrada en funciones de la nueva Ley de transporte las viejas prácticas de corrupción se acabarían. Seis meses después nada ha cambiado, los transportistas denuncian manoseos y abusos de autoridades ligadas al rubro del transporte.
Esa corrupción movilizó a los transportistas urbanos de la zona sur. Decenas de unidades urbanas en Choluteca se movilizaron recientemente en repudio a la corrupción que impera en la emisión de permisos de operación, además del tráfico de rutas.
“Realizamos una caminata, allí dejamos claros que rechazamos la forma cómo se maneja este rubro, los transportistas no queremos más corrupción, queremos que nos dejen trabajar. Rechazamos la forma amañada para la emisión de los permiso y el tráfico que se da en las rutas”, declaró Manuel Molina, presidente del transporte urbano en Choluteca.
Sobre las extorsiones Molina agregó que la situación está empeorando debido a la presencia de bandas criminales que llegaron al departamento para cobrar el denominado “impuesto de guerra”. Ahora la mayoría de los negocios y unidades se ven obligadas a pagar, de lo contrario su vida corre peligro, concluyó diciendo el presidente del transporte en el sur de Honduras.
La nueva Ley de Transporte está en vigencia con la publicación del decreto en el Diario Oficial, La Gaceta. La Ley contiene 103 artículos que incluyen la creación de un nuevo ente encargado de regular el sector, así como medidas antiextorsión. Los transportistas y la ciudadanía se preguntan, ¿será capaz de contener la violencia e inseguridad que se vive en el sector?
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