Las instituciones estatales enfrentan un sistemático proceso de privatización que se lleva de encuentro a trabajadores, administración financiera y los intereses del pueblo hondureño.
Los casos de Hondutel, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Empresa Nacional Portuaria (ENP), Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), entre otros, coinciden en los despidos masivos de trabajadoras y trabajadores bajo lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El proceso se agudizó con suspensiones en Hondutel, ENP y la ENEE, quienes hasta la fecha entre todos registran más de cinco mil empleados separados, quienes no han recibido pago de sus prestaciones.
El SANAA no se ha quedado atrás y es que en enero de este año fueron suspendidos y posteriormente despedidos unos 180 empleados a quienes no se les ha pagado sus derechos a pesar de las gestiones legales.
El FMI en la firma del último acuerdo de cooperación con Honduras puntualizó en la necesidad de depurar las instituciones del Estado a través de despidos y transiciones que lleven su administración a instancias privadas.
Sectores sindicales de la Enee, como el caso de su presidente Miguel Aguilar ha manifestado en reiteradas ocasiones que la política que tiene todo el respaldo del gobierno, busca destruir lo que todavía le pertenece al pueblo hondureño.
Esa política ha generado acciones de resistencia en todos los terrenos, tanto en lo legal como en las calles.
Hace más de una semana el sindicato del SANAA inició una huelga indefinida en las regionales de Tegucigalpa, Choluteca, Catacamas, Santa Rosa de Copán, El Progreso y La Ceiba.
Maria Concepción Reyes sindicalista aseguró que tomarán acciones hasta que las autoridades cumplan con algunas de sus demandas que consisten en la no privatización de la institución que generará el manejo del agua a la empresa privada y también el reintegro de los suspendidos y suspendidas.
Por otra parte Reyes dice que si son despedidos el gobierno debe cumplir con el pago de sus derechos laborales.
“Seguimos esperando respuestas de nuestras demandas laborales”, declaró.
Camino a la privatización
El momento que viven las entidades estatales es parte del proceso de privatización de las instituciones programado por los organismos internacionales.
La Enee está a punto de pasar a una alianza público-privada que manejará su administración financiera y laboral.
Mismo camino lleva Hondutel y la ENP; mientras que el Sanaa dejará de existir dando paso a la municipalización del agua que posteriormente culminan en las privatizaciones, tal es el caso de Aguas de San Pedro, en San Pedro Sula, Aguas de Choloma, entre otros.
Fredin Fúnez representante legal de un grupo de empleados despedidos del SANAA, dijo en los espacios de noticias de Radio Progreso que el Estado ha violentado tanto los derechos laborales y mediante esa forma evita la reacción de estos sectores en las calles que puedan impedir el proceso de privatización de las instituciones.
Para Fúnez el Estado implementa uno de los peores ataques neoliberales de los últimos tiempos que se lleva de encuentro a trabajadores y trabajadoras.
El dirigente sindical Carlos H. Reyes también habló sobre el tema y dijo que el FMI es uno de los principales responsables de estos ataques, como de la corrupción e impunidad en Honduras.
Reyes afirmó que todas las estatales están culminando su camino a la privatización, que viene desde hace mucho tiempo y que significó instancias de denuncia y lucha, como lo fue la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP).
En ese sentido Reyes considera que el pueblo debe organizarse desde la base, superando las limitantes de las dirigencias burocráticas para así enfrentar las privatizaciones.
Organización y movilización
La organización y movilización de los sectores afectados por los despidos y privatizaciones siguen con una tarea sin poderse cumplir.
La dirigencia sindical no pasó de su discurso de estar contra los despidos y privatizaciones, pero no tomó una postura beligerante ante esta situación.
La base de trabajadores y trabajadoras han demostrado sus intenciones de luchar como método de combate a las políticas gubernamentales.
Carlos H. Reyes hace una valoración sobre la necesidad de volver a las calles para defender lo del pueblo y en ese contexto afirmó que se debe hacer un balance de la coyuntura actual.
“Venimos del proceso de la CNRP, que fue la instancia de denuncia y defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y las comunidades, lamentablemente eso fue absorbido por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que después de la llegada de Zelaya y los acuerdos de Cartagena se diluyó en un partido político (Libre).
Nos hicieron creer que ganando las elecciones se acabarían los problemas, abandonando la lucha social y eso permitió que las privatizaciones y ataques avanzaran mientras todo se diluía en lo electoral”, enfatizó Reyes.
Tras esa valoración Reyes cree que se debe aprender del pasado y dar paso a la organización de un movimiento parecido a la CNRP que recupere terreno en la lucha contra las políticas neoliberales desde la base pura que está libre de burocracias.
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