La crisis actual en Honduras, que mantiene a miles y miles en las calles exigiendo que se instale una comisión internacional que investigue los actos de corrupción cometidos por la clase política y empresarial, y que despertaron la indignación de la ciudadanía por la quiebra del Seguro Social, requiere de respuestas estructurales y nos cosméticas, aseguran analistas.
Más de 7 mil millones de lempiras, unos 300 millones de dólares, fueron saqueados de las arcas del IHSS durante la administración de Porfirio Lobo Sosa, siendo presidente del Congreso Nacional y candidato a la presidencia, el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Para analistas, si el país hubiese retomado las 84 recomendaciones que la oficial Comisión de la Verdad y Reconciliación dejó luego de evaluar los hechos ocurridos antes, durante y después del golpe de Estado de 2009, que sacó a Manuel Zelaya Rosales de la presidencia, otra realidad pintara.
Para el doctor Rolando Sierra, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, y quien el 2010 formó parte del equipo que trabajó el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se planteó la necesidad que la clase política hondureña y las instituciones democráticas del país asumieran medidas orientadas al fortalecimiento de la institucionalidad y democracia, para buscar una cultura de mayor participación ciudadana en Honduras.
“La crisis política y el golpe de Estado desnudó a la clase política, se vieron sus falencias, y hoy en día la población está demandando y luchando en función de cambios para país, pero cambios más de transformación. La gobernabilidad sistemática que vive Honduras ha hecho cambios, pero que no ha transformado de manera profunda la institucionalidad, ni ha brindado visiones que apunten a las necesidades de la población. La clase política y el gobierno tienen que generar gobernabilidad democrática, que significa hacer nuevas reglas del juego para elevar los niveles de confianza y participación del Estado y la ciudadanía”, menciona el profesional.
Para Sierra, la clase política no ha asumido los retos que la sociedad hondureña tiene. En el informe se dejó claro que los temas a trabajar eran: el combate a la corrupción, el fortalecimiento al Estado de derecho, en perspectiva de luchar contra la impunidad, pero jamás se trabajó en ellas y ahora asistimos a un momento de crisis producto de ese mismo escenario.
Unidad de seguimiento
La comisión presentó dos informes, el año 2012 y 2013, de seguimiento a las recomendaciones. En el último se informó al gobierno que de las 84 recomendaciones dadas, únicamente se cumplieron 37. Tres de ellas destinadas a asuntos constitucionales, 15 sobre materia de derechos humanos, 5 sobre corrupción, 1 en Estado de derecho, 1 sobre el ámbito internacional, 6 de medios de comunicación, 4 en asuntos político electorales y dos en el ámbito del rescate de la memoria.
“Quedaron en proceso de cumplimiento 32 recomendaciones. Del total de las 84, cumplieron 37 y el resto están en proceso de cumplirse. Muchas destinadas a reformas al sistema de justicia y sobre medios de comunicación y libertad de expresión. No obstante, el nuevo gobierno no siguió trabajando con la comisión de seguimiento. Pero ha cumplido con nuevas recomendaciones, una de ella la aprobación de la Ley de Protección a Defensoras y Defensoras de derechos humanos”.
Sobre solicitar la instalación de una Comisión Internacional contra Impunidad, Sierra dice que en la recomendación número 47 se dijo al gobierno que era necesario solicitar a las Naciones Unidas, ONU una instancia de investigación para fortalecer la institucionalidad publica, a través del combate a la corrupción y el crimen organizado.
En aquel momento el mandatario Porfirio Lobo hizo la solicitud a la Secretaría General de las Naciones Unidas y hubo respuestas. “Era una necesidad el fortalecer la institucionalidad del país, bajo la idea de la CICIG en Guatemala, reconociendo que hay un problema de institucionalidad que es histórico”.
Rolando Sierra es de la idea que Honduras necesitaba que el informe “Para que los hechos no se repitan”, lograra el fortalecer las instancias públicas y que los diversos sectores respetaran la ley. Al consultar si esa podría ser la salida, mencionó la necesidad de entablar un diálogo con todos los actores, viendo los resultados que la CICIG dejó y cómo se puede potencializar en Honduras.
Reformas institucionales
El doctor en materia de derechos humanos, Joaquín Mejía aseguró a Radio Progreso que una de las cuestiones fundamentales que plantean varias de las recomendaciones de la CVR, es las reformas institucionales y normativas para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho. Una de ellas sobre los procedimientos para la elección de las máximas autoridades del país.
“Los partidos, sobre todo los tradicionales, van a querer tener su cuota de poder. En la última elección del Procurador de la República, el Consejo de la Judicatura, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y fiscales general y adjunto, los políticos han influido y esto ha llevado a que la institucionalidad esté secuestrada”, dijo Mejía.
El abogado Joaquín Mejía le recuerda al gobierno de Juan Orlando Hernández que es su obligación el cumplimiento de las recomendaciones, ya que estas se asumieron desde el Estado. Sobre quién debe ahora darle seguimiento, el doctor en derechos humanos lamenta que instancia como el CONADEH no desempeñen esta función que según mandato constitucional debería de realizar para proteger los intereses de la ciudadanía.
Recomendaciones que aportarían en actual crisis
Recomendación 33. El Estado de Honduras debe tomar las medidas correspondientes para reconocer públicamente que los defensores de derechos humanos de la sociedad civil cumplen una función de notorio interés público y asegurar que desarrollen su labor sin obstrucción ni acoso, ya sea de sus propios agentes o de particulares y vigilar porque se erradique cualquier práctica que tienda a criminalizar su trabajo.
Recomendación 35. Reglamentar el Convenio 169 de la OIT para asegurar el cumplimiento de los procedimientos de consulta a los pueblos indígenas y tribales respecto al uso y explotación de los recursos naturales en sus territorios.
Recomendación 37. Retomar el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción(MESICIC).
Recomendación 40. Los comisionados recomendamos que el Tribunal Superior de Cuentas continúe con las investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción cometidos durante la administración de José Manuel Zelaya y de Roberto Micheletti Baín vinculados a la crisis del 28 de junio de 2009.
Recomendación 46. Recomendamos que la Constitución debiera especificar que los procesos judiciales en contra de un funcionario del Gobierno deben ser públicos y registrados, la secretividad crea la posibilidad de que observadores imparciales puedan tener dudas genuinas con respecto al inicio de procesos judiciales. Por ello, la secretividad solo puede ser admitida por vía de excepción, en la etapa de investigación.
Recomendación 47. Los comisionados recomendamos al Gobierno de Honduras solicitar a la Organización de las Naciones Unidas considerar el establecimiento de una instancia internacional de investigación para fortalecer la institucionalidad pública en su capacidad de investigación de actos de corrupción y crimen organizado, cuyo mandato no debe ser inferior a cinco años de duración. Tal instancia o comisión debe someterse a un control estricto de legalidad y rendición de cuentas ante la sociedad hondureña e internacional.
Recomendación 52. Modificar los procedimientos de nombramientos de los funcionarios del TSE y RNP, reduciendo y hasta eliminando el peso que los partidos políticos tienen en la designación.
Recomendación 55. Mejorar los aspectos de uso racional y trasparente de los recursos de los partidos políticos.
Recomendación 57. Recomendamos reformar el procedimiento para seleccionar a los candidatos a magistrados al Tribunal Supremo electoral (TSE) para fortalecer la independencia del mismo, de forma que no sea integrada por activista o dirigentes de los partidos políticos.
Recomendación 60. El Tribunal Supremo Electoral debe tener una mayor intervención en la financiación no electoral y fiscalización de los gastos, a fin de garantizar la transparencia de las cuentas de ingresos y gastos de los partidos.
Recomendación 71. Instituir los mecanismos que garanticen la aplicabilidad y efectividad de la norma constitucional dirigida a proteger un derecho fundamental, como lo es la libre emisión del pensamiento.
Recomendación 74. Eliminar la práctica del pago dudoso a los medios de comunicación y agencias de relaciones públicas y de publicidad para construir una imagen favorable de Gobierno o de altos funcionarios, en particular de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Recomendación 80. Exigir que normas como la contenida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se cumplan y no sean utilizadas como un instrumento político que contravenga su propósito original.
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