Por Víctor Manuel Ramos
A seis años del golpe de Estado crisis se agudiza pero el pueblo se une en las calles
Artículo 2.- La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos
los poderes del Estado que se ejercen por representación.
Constitución política de Honduras.
El pueblo de Honduras ha salido a las calles para exigir, como primera demanda, la instauración de una Comisión internacional contra la impunidad (CICI), respaldada por la ONU. Esa es la exigencia fundamental y, el movimiento de los indignados ha aseverado que no acudirá a ningún diálogo mientras no se cumpla esa premisa.
Para respaldar a esta exigencia se han producido marchas de las antorchas en casi todas las ciudades y municipios de Honduras y en muchas ciudades de otros países en donde residen hondureños preocupados por la larga data de la corrupción entre los funcionarios del Estado que quedan en la impunidad y cuyos delitos caen en el olvido. El detonante ha sido, sin lugar a dudas, el escandaloso atraco que se perpetró en contra del Seguro Social, atraco que ha derivado en la muerte de muchos conciudadanos que acudieron a la institución y no pudieron recibir la asistencia adecuada, ni los medicamentos necesarios debido al latrocino en las arcas de fondos aportados por los derechohabientes, la empresa y el Estado. En otras palabras: un crimen de lesa humanidad.
El gobierno, encabezado por quienes son mencionados como los autores de ese atraco al Seguro Social para agenciarse, entre otros motivos, fondos para respaldar la campaña presidencial del partido nacional, se está haciendo de oídos sordos frente al reclamo nacional para que los sospechosos se sometan a una investigación justa e imparcial. Y, como los tres poderes del Estado y la Fiscalía están sometidos a los mandatos del Presidente Hernández, no hay confianza alguna en esos entes, encargados por la ley de investigar y sancionar la corrupción. De ahí que la exigencia de una CICI sea razonable en todo sentido.
El pueblo hondureño, dueño de la soberanía nacional, pues de él puede emanar la representatividad, constituye el auténtico poder, de tal suerte que las autoridades están obligadas a someterse a sus solicitudes y demandas, porque de no ser así, la misma Constitución, en su artículo 3 dice: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.
Para aclarar mejor este asunto: no es el presidente de la República el poder supremo, ni hace bien el gobernante en desconocer las aspiraciones y demandas del pueblo. Su obligación es establecer, mediante los mecanismos que la ley establece, que parte de la población está tras de tales exigencias y actuar en consecuencia.
El poder no lo otorgan las armas, ni el manejo del presupuesto nacional. Y el mandatario, le guste o no le guste, está obligado a satisfacer los deseos del pueblo (que algunos pretenden presentarlos como caprichos y fantasías). Por eso, ¡cuidado!, no es mediante la represión, ni el aplastamiento del clamor popular como se resuelven las cosas que interesan a la nación, porque de ser así, el artículo 2 de la Constitución no tiene sentido ni razón de ser.
La democracia no debe limitarse al ejercicio del voto en las elecciones, mucho menos cuando ese voto es irrespetado y violentados los resultados mediante conteos fraudulentos y el uso de los fondos nacionales para la compra de votos y conciencias, para la explotación de la miseria y la inconciencia. La democracia es otra cosa: es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como la caracterizó Abraham Lincoln. Lo que ha ocurrido en Honduras es algo sistemáticamente opuesto al postulado de Lincoln: los gobernantes, durante dos siglos, con raras excepciones, se han apoltronado para ejercer al mando del país en nombre del pueblo pero no para el beneficio del pueblo sino de los integrantes del gobierno. Esa y no otra es la razón del atraso en infraestructura, en la producción agraria e industrial, en la prevalencia de la miseria o pobreza en grado extremo que lleva al envilecimiento de algunos hondureños de votar a favor de los candidatos oficiales a cambio de un mendrugo, a la ausencia de un adecuado sistema de salud pública, al atraso en la educación, a la prevalencia de la delincuencia, a que nuestro país sea ahora un territorio dominado por pandillas y narcotraficantes, y la que se ponga en venta el país y sus riquezas al mejor postor.
¿Qué concluir? Pues que el presidente debe escuchar, como mandante del pueblo, las exigencias populares. Seguir con los oídos tapados es sumamente peligroso, ahora que el pueblo, por fin, ha despertado de su largo letargo y se ha dado cuenta que el poder, el verdadero poder reside en las grandes mayorías. Aplastar esa opinión popular, no tiene sentido ni razón de ser, porque tal acción descabellada puede conducir a la ira popular desbordada para hacer cumplir lo que manda la constitución en sus artículos dos y tres.
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