Revista Pueblos
Por Mª Cruz Tornay *
La escalada creciente de tensión entre Estados Unidos y Venezuela con la declaración de “emergencia nacional” por parte del ejecutivo de Barack Obama ha vuelto a poner a prueba el papel de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNaSur) como organismo garante de la soberanía democrática de sus estados miembros. La pérdida de influencia de la potencia estadounidense en la región y las nuevas políticas de alianzas dibujan un tablero geopolítico que tendrá en el punto de mira a los recursos naturales de América Latina.
La última acusación de intento de golpe de estado por parte del presidente Nicolás Maduro hacia Estados Unidos desencadenó la situación más tensa registrada entre ambos países desde el nombramiento del mandatario venezolano en abril de 2013. En los primeros días del pasado marzo, el presidente de Estados Unidos emitió una desconcertante declaración en la que identificaba a la República Bolivariana como “una infrecuente y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, motivo por el que se declaraba “la emergencia nacional para tratar con esa amenaza.”
En términos prácticos, la declaración de “emergencia” permite al ejecutivo estadounidense dictar sanciones contra un país y, recordando las ocasiones anteriores en las que ha sido utilizada, se trata del precedente de agresiones u operaciones militares como las ocurridas en el caso de la invasión a Iraq o, más recientemente, en las intervenciones en Siria y Ucrania [1]. En efecto, el mismo día que se conocía dicha declaración, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, alertaba en un acto público que dichas resoluciones de emergencia “las utiliza el imperialismo norteamericano cada vez que va a atacar a un pueblo”, previendo “sobre nuestra tierra, sobre nuestro país, ataques militares”.
Según el ejecutivo de Obama, la sanción a siete funcionarios venezolanos implicados en la intervención contra las protestas ocurridas entre febrero y abril del pasado año se sustenta en la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014. La norma, un escalón más en el enfrentamiento entre ambos países, fue aprobada en diciembre del pasado año coincidiendo con el anuncio de la apertura de relaciones con Cuba y con el reconocimiento del fracaso de la política de bloqueo llevada a cabo contra la isla durante cinco décadas. Estados Unidos reforzaba su postura beligerante contra la República Bolivariana, a la vez que tendía la mano a Cuba, su mayor aliada.
Las sanciones emitidas por Estados Unidos y la expulsión de gran parte del funcionariado de su embajada en Caracas como respuesta por parte de Venezuela se produjeron después de que el presidente Maduro diera a conocer, semanas antes, los planes de intento de golpe de estado en su país preparados por dirigentes de la oposición, como el ya encarcelado alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, junto a miembros del servicio de inteligencia estadounidense, y con la intervención de algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Según las pruebas presentadas por Maduro, la Operación Jericó preveía el ataque a distintos puntos estratégicos de la ciudad de Caracas, como el Palacio de Miraflores y la sede del Ministerio de Defensa, y a importantes medios de comunicación, como la sede del canal regional Telesur.
Al igual que en otras ocasiones, el ejecutivo de Obama rechazó las acusaciones injerencistas de Venezuela a través de la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, quien negó la involucración en la “conspiración golpista”. Sin embargo, la última amenaza del que fuera elegido como premio Nobel de la paz y el temor de una intervención desde el exterior son interpretadas desde Caracas como la única alternativa que le queda a la oposición venezolana de llegar al poder por la vía democrática, en vista de los fracasos electorales que se han sucedido en los últimos dieciséis años.
Pérdida de influencia de EEUU en la región
La negación de las acusaciones de participación en el intento de golpe de estado por parte de Estados Unidos no pareció convencer a los demás países de la región latinoamericana que, de forma irrestricta, mostraron su apoyo a la soberanía democrática del Estado venezolano y condenaron cualquier intento de injerencia, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA), que históricamente se ha desempeñado bajo la órbita estadounidense.
El cierre de filas por parte de las organizaciones integracionistas de América Latina en torno al liderazgo del presidente Nicolás Maduro es muestra evidente del papel que desempeñan en la geopolítica actual bloques como la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). De manera elocuente, el mandatario venezolano calificó a ambas organizaciones como “anillos protectores” por su rápido apoyo al gobierno bolivariano frente a las amenazas de la potencia del norte.
En efecto, en medio del cruce de declaraciones entre Caracas y Washington, una comisión de Unasur con su secretario general al frente, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, viajó a Venezuela para demostrar la condena a cualquier intento injerencista, como ya lo hiciera durante la crisis de las guarimbas del pasado año. La declaración oficial de Samper en rechazo de “cualquier intento de desestabilización democrática de orden externo o interno en el hermano país” es un recordatorio de uno de los principios plasmados en el tratado fundacional del bloque, “el mantenimiento de la región como una zona de paz”. No cabe duda tampoco de que el silencio de los históricos aliados de Washington, como México, Colombia, Perú o Chile, respecto al tono beligerante de Estados Unidos, demuestra la pérdida de influencia de la potencia en la región, al menos en lo que a términos económicos se refiere, que, a juzgar por los últimos acontecimientos, está siendo desplazada por China.
No es la primera vez que el bloque sudamericano se ve obligado a salir en defensa de la soberanía venezolana. Su rápida actuación en el reconocimiento de la victoria del candidato presidencial Nicolás Maduro en las elecciones de abril de 2013, semanas después del fallecimiento de Hugo Chávez, desmontaron los intentos de la oposición de invalidar el proceso electoral. También en ese momento, el gobierno de Estados Unidos se quedó solo en el apoyo a las acusaciones de fraude de la derecha venezolana, acompañado del seguidismo de España.
En sus pocos años de existencia, la Unión de Naciones Suramericanas ha tenido que paralizar intentos desestabilizadores en la región, como los golpes de estado en Bolivia, Ecuador, Honduras y Paraguay (sin lograrlo en estos dos últimos), y también ha participado en la resolución de distintas crisis, como la producida entre Ecuador y Colombia por la incursión del ejército colombiano en el espacio aéreo ecuatoriano, o la causada por la retención del avión presidencial en el que viaja Evo Morales.
Integración vs. libre comercio
En un contexto de alianzas estratégicas, la unión de los doces países que conforman Unasur en una integración que transciende el interés comercial y económico para poner en el centro el buen vivir y el respeto a la vida, y la solidaridad y la cooperación frente al intervencionismo, supone un modelo de concertación único imbuido por el giro ideológico en gran parte de los países que firmaron su constitución: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela.
Aunque los antecedentes de Unasur se encuentran en alianzas comerciales, como la CAN o el Mercosur, la llegada a gobiernos de la región de líderes como Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Fernando Lugo y Rafael Correa, permitió que el bloque dejara en un segundo plano el interés de la unión económica para reivindicar el pensamiento integracionista de Simón Bolívar y hacer de la región “un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos” que tuviera como prioridad “lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados”, según quedó plasmado en el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericana firmado en Brasilia en mayo de 2008.
La victoria por la vía democrática de gobiernos que tomaban distancia de las políticas del Consenso de Washington y la paralización del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) permitió trazar un nuevo rumbo a la región que tiene como prioridad la defensa de la soberanía y de la independencia, así como acabar con las relaciones históricas de subordinación que condenaron a millones de personas a la pobreza y a la exclusión social.
La inauguración el pasado diciembre de la sede de la Unasur en la zona ecuatoriana conocida como La mitad del mundo supuso un nuevo impulso a la integración del bloque. La apertura del moderno edificio Néstor Kirchner, en homenaje al primer secretario general de la organización, reunió a los jefes y jefas de estado latinoamericanos, que en ese momento acordaron nuevos pasos hacia la unificación, como la creación de un pasaporte común para la ciudadanía sudamericana.
Dentro del área de integración latinoamericana coinciden distintos espacios de asociación con diferentes intereses, como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que integra a doce países de América Latina y el Caribe y que tiene como uno de sus principales ejes la lucha contra la pobreza y la exclusión social. La existencia de diferentes acuerdos comerciales, tanto regionales como extra regionales, evidencia la heterogeneidad de intereses de los miembros del bloque, lo que sin duda condiciona su relación y expectativas respecto al futuro de Unasur.
En este sentido, las naciones que conforman el denominado Arco del Pacífico Latinoamericano (Chile, Perú y Colombia, miembros también de Unasur), firmaron en 2011 junto a México y Panamá, estos como estados observadores, el tratado para la creación de la Alianza del Pacífico. A pesar de la alusión geográfica, se trata de una unión ideológica que conecta el norte con el sur y que persigue la creación de un “área de integración profunda” en el que se mantengan las prácticas del libre comercio, además de un intento de la potencia estadounidense de reforzar su presencia en la zona.
La importancia estratégica de los recursos energéticos
La relativa pérdida de influencia de Estados Unidos en la región latinoamericana coincide con la transición hacia un nuevo escenario mundial en el que diferentes economías y bloques regionales entran a disputar la hegemonía de la potencia norteamericana. Es indiscutible que las alianzas regionales, económicas e ideológicas están definiendo en este momento histórico el orden mundial de las próximas décadas, en el que, sin lugar a dudas, será determinante el acceso a los recursos energéticos, minerales e hídricos.
Precisamente, la integración en bloque de los doce países que conforman Unasur convierte una de las regiones con mayor pobreza en la cuarta economía del mundo, la mayor productora y exportadora de alimentos, y una de las zonas con mayor riqueza natural (Brasil, Colombia, Ecuador y Perú están en el listado de los diez países con mayor biodiversidad del planeta).
Según un informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) [2], la región posee una de las mayores reservas minerales del planeta, exactamente un 65 por ciento de las reservas mundiales de litio, un 42 por ciento de plata, un 38 de cobre, un 33 de estaño, un 21 de hierro, un 18 de bauxita y un 14 por ciento de níquel. No hay que pasar por alto la importancia de estos recursos en el futuro de la región, ya que sus países son los principales productores del mundo en los denominados “minerales estratégicos”, como niobio, antimonio, bauxita, bismuto, litio, tantalio, zinc y cobre, entre otros. La posesión de estos recursos es una fortaleza para el desarrollo del bloque, pero también puede interpretarse como una amenaza, si se tiene en cuenta que la potencia estadounidense es dependiente casi en un cien por ciento de algunos de los minerales citados [3] y define su acceso y apropiación como una cuestión de seguridad nacional [4].
Por su parte, la British Pretroleum (BP) estimó en un informe presentado en 2011 que el 17 por ciento de las reservas mundiales de petróleo probadas se localizan en la región, gran parte de ellas en la Faja del Orinoco del oriente venezolano, donde se estima que la explotación pueda mantenerse durante los próximos cien años [5]. Respecto al agua, un 30 por ciento de los recursos hídricos renovables del mundo se encuentran en la región, lo que supone el 70 por ciento del agua del continente, un elemento necesario para la vida pero también para la creación de energía, como la hidroeléctrica, o para la extracción de hidrocarburos mediante la agresiva técnica del fracking.
Las riquezas naturales que albergan los más de 17 millones de kilómetros cuadrados que conforman el bloque son la mayor fortaleza y ventaja competitiva con la que cuenta la región, pero su adecuada gestión y su protección también suponen uno de los grandes desafíos a los que debe hacer frente. Hay que recordar que la Constitución de Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza, y que, junto a las de Bolivia y Venezuela, son varias las constituciones que recogen la cosmovisión andina del buen vivir, que es inseparable del cuidado y respeto a la pacha mama, la madre tierra. Estos países deben resolver el dilema entre la protección y el cuidado de la naturaleza frente la explotación de sus recursos como medio para alcanzar el desarrollo en una de las regiones que presenta las mayores brechas sociales del planeta.
Si bien la protección de la naturaleza de acuerdo a la cosmovisión indígena es uno de los retos para algunos de los países del bloque, también lo es la defensa frente a las amenazas exteriores y la disputa por los recursos estratégicos que posee la región y que son esenciales para el mantenimiento del nivel de consumo de algunas potencias extranjeras.
La amenaza no puede ser ignorada si se observa la estratégica presencia militar de Estados Unidos en América Latina. Investigadores de la geopolítica en la región, como los argentinos Telma Luzzani y Atilio Boron, han documentado hasta 77 bases estadounidenses en Centroamérica y América del Sur que tendría diversas funciones (algunas de ellas no tienen asignado personal militar), pero siempre con una misma finalidad: proteger los intereses de la potencia.
La capacidad militar estadounidense supera con creces a la de cualquier otro país del continente americano. La estrategia de la Unasur para construir, al menos, un contrapeso regional al poder militar del vecino del norte es recurrir de nuevo a la política de integración con la creación del Consejo de Defensa Sudamericana (CDS), conformado por los ministros de Defensa de los doce países que componen Unasur. El consejo se constituyó pocos meses después de la aprobación del Tratado Constitutivo del bloque, lo que demuestra las prioridades del grupo.
La reciente declaración de “emergencia nacional” de Estados Unidos fue interpretada como la amenaza de una intervención sobre Venezuela. En el caso de que finalmente se produzca una agresión, se deberá poner a prueba la capacidad del CDS como alianza militar de defensa y, en definitiva, de protección de los recursos estratégicos de la región.
Notas:
Boron, Atilio: “Preparando la agresión militar a Venezuela”, artículo de Atilio Borón en Alai, 09/03/2015. Ver en www.atilioboron.com.ar.
CEPAL (2013): “Recursos naturales en UNASUR, situación y tendencia para una agenda de desarrollo regional”, Naciones Unidas, Santiago de Chile.
Boron, Atilio (2013): América Latina en la geopolítica del imperio, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, República Bolivariana de Venezuela.
Bruckmann, Mónica (2012): Recursos naturales y la geopolítica de la integración sudamericana, Perúmundo, Lima.
Bargaza, Mayra; y Regueiro, Lourdes (2012): Unasur, proceso y propuesta, FEDAEPS, Quito.
* Mª Cruz Tornay forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.
Artículo publicado en el Nº 65 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo trimestre de 2015.
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