La Misión Internacional de Verificación organizada por la Consejería en Proyectos-Project Counselling Service-PCS, con el apoyo de la Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México-CAMMINA, llegó a Honduras para comenzar trabajos de incidencia, recolección de testimonios e investigaciones sobre la situación de derechos humanos de la población migrante hondureña, sus defensores y sus derechos a la protección internacional.
Del 13 al 17 de julio esta misión Internacional de Verificación pretende comprender las causas actuales de la migración hondureña y contribuir a demandar ante gobiernos y organismos internacionales el reconocimiento de su debida protección internacional así como identificar responsabilidades en violaciones de derechos humanos que se dan durante la salida, tránsito y retorno de los migrantes.
Esta misión está conformada por una delegación muy diversa, desde miembros de organizaciones, iglesias, partidos políticos, etc. Lisa Haugaard, directora Ejecutiva del Latin American Working Group- LAWG, Amalia Dolores García, diputada federal y Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados de México, Marcela Ceballos, Miembro del Consejo Directivo de Consejería en Proyectos–PCS, Monseñor Álvaro Ramazzini, Presidente de la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, Hermana Leticia Gutiérrez, Religiosa, Misionera Scalabriniana, Padre Juan Luis Carvajal, Sacerdote, Misionero de San Carlos Scalabriniano y Patricia Montes Directora Ejecutiva del Centro Presente, organización defensora de los derechos de los inmigrantes en Massachusetts, EEUU.
Esta misión comienza a constatar con testimonios directos, las violaciones a los derechos humanos de la población migrante hondureña retornada cometidas en diversos países, y reportar ante organismos internacionales y los respectivos gobiernos la comisión de tales violaciones.
Además pretende incidir ante el gobierno de Honduras, otros gobiernos de la región, así como organismos internacionales y regionales, para introducir cambios en los mecanismos de protección internacional, de acuerdo a la realidad constatada y las necesidades que requieren las actuales tendencias del desplazamiento y la movilidad humana detectadas.
“Desde PCS impulsamos esta Misión Internacional como una oportunidad para hacer un llamado a la articulación política de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, que contribuyan a dar relevancia en la agenda de los derechos humanos en la región al derecho a la protección internacional de las y los migrantes, como un tema político que es efecto de profundas desigualdades e inequidades estructurales”, reza el comunicado oficial de la misión.
La Misión tiene varios referentes que constituyen su marco conceptual, político y su contexto de actuación: el proceso Cartagena+30 y su resolución final contenida en el Plan de Acción de Brasil; la Visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras y su informe; la investigación de WOLA sobre la frontera sur de México; el Informe de la CIDH sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Migrantes en México; la publicación del documento: Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte de Centroamérica; entre otros documentos y hechos relevantes que serán tenidos en cuenta.
En el Plan de Acción de Brasil, los gobiernos de América Latina y del Caribe reconocieron "… la importancia de velar por el respeto irrestricto, protección y promoción de los derechos humanos de los refugiados, desplazados y apátridas, con especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad”. En este sentido, el Plan también se hace eco de la alarmante y emergente situación de crisis en la región, especialmente en Honduras, donde se ha constatado el desplazamiento forzado debido al crimen organizado transnacional o por la expansión de megaproyectos agroindustriales sin la consulta previa e informada y violaciones a los derechos humanos.
La ausencia de un enfoque de seguridad ciudadana y derechos humanos en el tratamiento de las políticas de seguridad nacional ha sido un llamado recurrente de la CIDH como una de las medidas a tomar para superar la situación de crisis humanitaria en la región, caracterizada ésta por los crímenes y delitos contra la población migrante. Pero las actuales políticas no están tomando en cuenta esta recomendación.
“Es patente que mientras se ha aumentado la “seguridad fronteriza”, ha incrementado el flujo migratorio con una alta presencia de población hondureña, que no sólo migra por causas económicas, sino buscando refugio por razones de la violencia socio política, agudizada en el país tras el golpe de Estado del 2009, aunado a la salida forzada de territorios en disputa con el capital trasnacional de empresas agroindustriales y extractivas de recursos. Debido al significativo aumento del flujo migratorio hondureño, es necesaria no sólo la pregunta sobre las causas, sino constatar si la migración forzada del país centroamericano corresponde a la consecuencia de una crisis humanitaria generada por violaciones a los derechos humanos y la violencia generalizada que se vive en Honduras” establece la misión.
Para leer los demás documentos visite: www.pcslatin.org
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