Por Sandra Rodríguez
Ha sido dos semanas de permanencia en el boulevard Juan Pablo II, en las cercanías de Casa de Gobierno, cuyo acceso ha estado cerrado por unas vallas metálicas y cercos militares y policiales, que con son sus toletes, armas y químicos tóxicos, han mantenido una continua represión y hostigamiento a los y las huelguistas, acompañantes y defensores de derechos humanos que permanecen atentos en la zona.
Sin embargo, hoy fue diferente, los mismos cuerpos represores que trancaron el paso el lunes 22 de junio, impidiendo que los indignados colocaran sus tiendas frente a Casa Presidencial, y encerrando a cuatro jóvenes en huelga, en una zona militarizada, “sintiéndose rehenes”, como denunciaban ellos mismos, y no permitiendo que más huelguistas se les unieran, estando en plena calle y a la intemperie, esta mañana policías y militares quitaron las vallas metálicas, sin previo aviso, dañando algunas carpas, y reubicando a unos 11 huelguistas a la orilla de la carretera, para dejar una vía de acceso, y para que se restablezca el comercio local, según sus explicaciones.
La lucha de la ciudadanía “indignada” inició hace más de dos meses, auto convocándose a manifestar en las calles, con antorchas encenizadas en horas de la noche, para que se instale la CICIH y que investigue el caso de corrupción más grande de la historia de Honduras, el latrocinio del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, que asciende a 7 mil 300 millones de lempiras (unos 330 millones de dólares), y por lo que el Ministerio Público ha señalado a empresarios, políticos, médicos y sus familiares como responsables.
Entre las personas que se han ido sumando a la huelga de hambre, hay siete de la etnia Tolupan, específicamente de la Tribu San Francisco de Locomapa, Yoro, quienes gozan de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, debido al peligro que corren por defender su territorio. Y parte de la indignación del pueblo indígena, es que en 2013, asesinaron a tres de sus líderes después de 12 días de manifestación en defensa del bosque, y aun no se ha castigado a los responsables.
Ellos son Ramón Matute, José María Pineda, Alejandra Cabrera, Sergio Ávila, Darlin Soto, Juan Matute, Santos Antonio Córdova, y ya tienen una semana integrados en la huelga de hambre.
German Ayala, que hoy cumple dos semanas en huelga de hambre, manifiesta su preocupación después del reubicación están a expensas de cualquier accidente vial, además de la permanente intimación y hostigamiento uniformados y civiles.
Agregó que ellos accedieron a la reubicación por motivos de seguridad, pues corrían el riesgo de ser desalojados a la fuerza, tal como se los dio un policía a cargo, y así como están de débiles por la dieta a base de líquidos, el riesgo para su salud es mayor.
Cada día que pasa, se suman más personas a la huelga de hambre. Hoy han estado en la zona, miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, apoyando a los indignados, pues esta lucha es de todos y todas, aseguró uno de los manifestantes.
En estas dos semanas algunos huelguistas obligados por su condición médica, fueron llevados a hospitales capitalinos, y han retronado a la zona, en calidad se acompañantes. Otros por razones personales suspendieron la dieta a base de líquidos, pero continúan otros con ayunos solidarios, como lo han hecho jóvenes con capacidades especiales y líderes políticos, a nivel nacional.
Se registran cientos de miles de hondureños y hondureñas que con sus antorchas en mano, mantienen el lema “fuera JOH” exigiendo la renuncia del mandatario Juan Orlando Hernández, quien inicio su gobierno en enero del 2014, y que es por un periodo de cuatro años.
Así mismo, en el occidente del país, la semana pasada hubo una toma de carretera, de manera pacífica, para exigir la instalación de la CICIH.
Mientras que los compatriotas en el extranjero, se han sumado con pancartas antorchas, velas y consignas ante las embajadas y consulados hondureños, con misma indignación que mantiene el pueblo, pues el saqueo al Seguro Social ha afectado a más de medio millón de beneficiarios y ha cobrado la vida de unas 3000 personas, por no recibir la atención médica debida.
Además, el “Movimiento de los Indignados de Honduras” que es la mayoría de la población, ha logrado captar la atención de la prensa internacional, organizaciones y defensores de derechos humanos en el extranjero, quienes les manifiestan su apoyo y labor de observación y denuncia, como lo hace La Voz de los de Abajo, cuya sede es en Chicago, Illinois, EE.UU., que extiende estas denuncias en los medios de comunicación.
Mientras la población hondureña, exige una CICIH, el gobernante, desatendiendo sus exigencias, propuso hace unos días un Sistema Integral Hondureño de Combate contra la Corrupción y la Impunidad (SIHCIC), para lo que se ha reunido con diferentes sectores afines a sus intereses.
Este diálogo, no es aceptado entre la población, por lo que las medidas de presión continúan hasta que la CICIH, que es parte de la ONU, investigue los casos de corrupción y los responsables sean juzgados debidamente, han manifestado miembros de los Indignados.
Hasta el momento, la misión de la ONU, es solo exploratoria, quienes tienen la tarea de escuchar a los diferentes sectores sociales, pero no emitirán respuesta alguna. Y estará en Honduras hasta el próximo viernes 10 de julio.
Se ha solicitado a la ONU, que intermedie entre los manifestantes y el gobierno, pero hasta el momento no se ha pronunciado a favor o en contra.
El Movimiento de los Indignados, exige una CICIH con independencia administrativa, técnica, funcional y presupuestaria que funcione con independencia de los tres poderes del Estado de Honduras, y que cuente con una Agencia Técnica Policial responsable de investigación científica del delito.
Además, la CICIH debe hacer una persecución penal pública de manera independiente, presentando denuncias ante la autoridad competente y como querellante adhesivo en los procesos penales, según un documento entregado a la misión de ONU, esta mañana ne Tegucigalpa.
La petición manifiesta que, la Comisión se debe instalar por un período mínimo de cinco años, por dos períodos presidenciales consecutivos para terminar con la impunidad y permitir que la CICIH tome ventaja de toda la información que va a estar disponible cuando se dé el cambio de gobierno.
Defensores y defensoras de Derechos Humanos, realizan un acompañamiento y labor de observación permanente a los y las huelguistas en el entorno de Casa de Gobierno, en cuanto a que se les respete su integridad humana.
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